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La Habana: ¿Para qué discutimos?

Rachel D. Rojas         –         Cortesía de Progreso Semanal/ Weekly

CODIGOABIERTO360.COM. “La guerra y la política son asuntos demasiado importantes para ser dejados a los generales”. Sin embargo, el 1 de agosto del 2006, Raúl Castro, primer vicepresidente del Consejo de Estado —por el art. 94 de la Constitución cubana— sucedió a su hermano Fidel. ¿En quién otro habría de confiar? Es innegable que la isla desde hacía ya algún tiempo venía sorteando dos complicados obstáculos, sucesión y economía: la primera relacionada con la legitimidad de la representación política, el segundo, punto aparte, por el deficiente sistema económico cubano. Sin embargo, es justo reconocer que Raúl Castro, más un reformista y pragmático que político con la voluntad de hacerlo ha logrado mantener estabilidad política, controlar los diferentes grupos de poder y sostener un plan de "actualización" del modelo económico —aprobado por el VI Congreso del PCC en abril de 2011— cuyo objetivo fue proponer una nueva relación entre la actividad pública y privada. Pero dos de las principales dificultades, que confronta es que el tiempo conspira en su contra — pues los encargados de rectificar deben ser los mismos que hicieron la revolución, los "históricos", por su alto nivel de autoridad— y el cómo poder rehabilitar el tejido social humano del cubano de "a pie" para conducirlo nuevamente al concepto de ciudadano, después de decenas de años degradándolos a través de una obediencia política piramidal absoluta.

CODIGOABIERTO360.COM. “La guerra y la política son asuntos demasiado importantes para ser dejados a los generales”. Sin embargo, el 1 de agosto del 2006, Raúl Castro, primer vicepresidente del Consejo de Estado —por el art. 94 de la Constitución cubana— sucedió a su hermano Fidel. ¿En quién otro habría de confiar? Es innegable que la isla, desde hacía ya algún tiempo, venía sorteando dos complicados obstáculos, sucesión y economía: la primera relacionada con la legitimidad de la representación política, la segunda, punto aparte, por el deficiente sistema económico cubano. Sin embargo, es justo reconocer que Raúl Castro, más un reformista y pragmático que político, y,  con la voluntad y poder para hacerlo ha logrado mantener estabilidad política, controlar los diferentes grupos de poder y sostener un plan de “actualización” del modelo económico —aprobado por el VI Congreso del PCC en abril de 2011— cuyo objetivo fue proponer una nueva relación entre la actividad pública y privada. Pero dos de las principales dificultades, que confronta es que el tiempo conspira en su contra — pues los encargados de rectificar deben ser los mismos que hicieron la revolución, los “históricos”, por su alto nivel de autoridad— y el otro es cómo poder rehabilitar el tejido social humano del cubano de “a pie” para empoderarlos nuevamente dentro del concepto de una sociedad civil, después de decenas de años degradándolos a través de una obediencia política ciega, piramidal  y absoluta.

Si de algo ha carecido este proceso, liderado por el Comité Central del PCC y que debería convocar a toda la nación, es de información completa, abundante, concreta, oportuna, articuladora… En cambio, como cualquier medio de prensa se propondría, sí se ha generado consenso, pero no en torno a frases como “el debate ha llegado a cada espacio del país” o “los cubanos vuelven a emitir los criterios sobre los destinos de su patria”.

A partir de las informaciones publicadas hemos conocido de casos específicos, como el de un grupo de militantes del PCC del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde inició este proceso. Allí fueron refrendados ambos documentos por la totalidad de los presentes, y supimos también de su preocupación sobre el hecho de que el Estado decida y controle los destinos de las utilidades de las empresas de propiedad socialista, lo cual les resta autonomía y posibilidades de estimular directamente a sus fuerzas productivas, y sobre cómo a los trabajadores no les corresponde designar a sus directivos, porque también es facultad del Estado.

Pero de algunos casos aislados no se obtiene una imagen completa de lo que ocurre. ¿Cómo podemos saber los cubanos y cubanas qué piensa el resto de las personas que ha participado en las discusiones? ¿Por qué unas políticas que nos conciernen a todos no son discutidas con todos?

Debatir esos documentos, que ambicionan definir los caminos por los que todos transitaremos en Cuba, es un derecho, no un honor que algunos merecen por encima de otros. Según los datos más recientes, la población cubana se compone de unas 11 239 004 personas; la militancia del PCC de aproximadamente 670 mil, un brevísimo 5.96 por ciento del país.

Salió entonces a relucir el caso de algunos centros de investigación de La Habana, donde como en otras entidades se debatieron tanto la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta 2030, especialmente por el nivel de los debates (“bien fuertes”, me dicen) y por algunos de los resultados.

Una amiga ejemplificaba con el párrafo 282 de la Conceptualización: “El Estado garantiza la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación superior, en correspondencia con la preparación y la capacidad de los aspirantes”.

Uno de los representantes del PCC allí presentes —acompañan los debates en cada espacio que han tenido lugar— no entendía su desacuerdo, por mucho que ella explicara las diferencias de oportunidades que ya existen entre un joven que creció en el barrio Los Sitios y el joven de clase media que creció en el Vedado. No llegan con la misma preparación y con capacidades igualmente potenciadas, como todos los que han cursado estudios superiores durante los últimos años sabemos.

Existen estudios muy serios y rigurosos que avalan estas diferencias, y desconocerlas en un párrafo o siquiera en una oración contradice al propio Raúl Castro cuando afirmó en el Informe Central del pasado congreso que la construcción de un socialismo próspero y sostenible no implicará jamás el sacrificio de la soberanía, ni las riquezas del país, el bienestar y la seguridad del pueblo.

La propia metodología de las discusiones ha sido cuestionada frente a mí en más de una ocasión. Incluso, según me refieren, ha habido espacios en los que no ha sido aprobada, como fue el caso del Instituto de Filosofía e Historia: “No estuvimos de acuerdo con votar por un documento que se estaba proponiendo como debate. Y dejamos constancia de que votaremos por él cuando exista una versión final, no por una que en definitiva intentábamos construir; votamos por su devolución”, me explica otra amiga.

¿Cómo se va a pedir la aprobación de un documento al que se le han hecho cientos de señalamientos y contrapropuestas? ¿Cómo alguien va a estar de acuerdo con algo a lo que acaba de proponer modificaciones? ¿Por qué debemos poner nuestra fe en la arbitrariedad de una frase como “sus propuestas serán convenientemente analizadas y tenidas en cuenta”?

Si a los detalles vamos, por demás, los documentos tienen partes escritas de una manera que dificulta no solo llegar al final, sino avanzar al nivel de análisis que merecen cuestiones tan relevantes para nuestro país. “Una revisión más rigurosa en materia de estilo y la definición de algunos conceptos” fue una de las propuestas de un grupo de periodistas durante su reunión de consulta.

La decisión de debatir el destino del país solamente con algunos sectores aparece a todas luces desacertada en un escenario repleto de incertidumbres, producidas por la propia falta de información. Solo un pueblo bien enterado será capaz de determinar su futuro de forma responsable.

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