Por Bernadette Pardo – Cortesía de el Nuevo Herald
La corrupción de funcionarios gubernamentales nos cuesta a cada uno de nosotros los contribuyentes más de $1,000 al año. Aquí en la Florida probablemente nos cuesta más ya que nuestro estado ha sido clasificado por expertos como uno de los 10 más corruptos de la nación.
En estos momentos en que se libran batallas campales sobre cómo balancear el presupuesto sin aumentar los impuestos, alguien en el ayuntamiento condal de Miami Dade debería tomar en cuenta que lo que más contribuye a que nos suban los impuestos es la corrupción pública.
Mientras hacemos todo tipo de malabarismos para aumentar en $25 al año el impuesto para mantener las bibliotecas, nadie menciona que la corrupción de funcionarios gubernamentales nos cuesta a cada uno de nosotros los contribuyentes más de $1,000 al año. Aquí en la Florida probablemente nos cuesta más ya que nuestro estado ha sido clasificado por expertos como uno de los 10 más corruptos de la nación.
El costo exacto de este impuesto de la corrupción es de $1,308 y fue determinado por John Mikesell, profesor de Economía en la Universidad de Indiana, con la colaboración de colegas en la Universidad de Hong Kong. Ellos analizaron información del Departamento de Justicia sobre los casos de 25,000 funcionarios públicos convictos de delitos como soborno, extorsión y compra de votos en los últimos años.
El sur de la Florida debe haber sido una fuente inagotable de datos para estos investigadores. Según los cálculos de estos economistas, el monto total del impuesto de la corrupción en la Florida es de unos $20,000 millones al año.
Por eso, es inconcebible que el Departamento de Policía de Miami Dade haya desmantelado su unidad especializada en combatir la corrupción pública (PCB) y la unidad que investiga fraudes médicos.
El alcalde Carlos Giménez nos dice que esas decisiones no las toma él sino el jefe del Departamento. Pero el jefe se ve forzado a tomar estas decisiones cuando le cortan el presupuesto y amenazan con despedir a 400 policías. Lo barato sale caro.
Justo a tiempo, la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle ha decidido reactivar en su oficina la unidad especializada y enfocada en investigar los malos manejos en nuestros gobiernos locales. Hasta ahora los únicos que han destapado escándalos de corrupción pública tan sonados como los de Sweetwater y Hialeah han sido los federales.
Los contratos multimillonarios recientemente aprobados para reparar tuberías y escuelas, construir túneles, carreteras y centros de convenciones son la sazón perfecta para el caldo de cultivo de la corrupción pública.
La inminente danza de más de $3,000 millones en contratos de obras públicas es lo que motivó a la fiscal Fernández Rundle a reactivar su unidad anticorrupción. Teme que la proliferación de contratos multimillonarios estimule “la avaricia y la arrogancia del poder “en nuestros centros de gobierno”.
Los economistas de Indiana y de Hong Kong le dan toda la razón. Según ellos, el incremento en gastos gubernamentales en áreas como construcción y otros proyectos públicos crea mayores oportunidades para que los funcionarios y políticos corruptos metan la mano donde no deben.
La Fiscalía estatal les paga a sus más de 300 abogados ahogados en un tsunami de casos criminales con un monto de $18 millones al año. El condado Miami Dade se gasta lo mismo, $18 millones al año, en su equipo de 136 abogados que nadie sabe a ciencia cierta lo que hacen. El salario más alto en la fiscalía estatal es de $152,000 al año; en la oficina de abogados del Condado el jefe gana $352,000.
La fiscal ha tenido que pedir como limosna la cooperación del Condado, ciudades, y la Junta Escolar para reforzar su nueva unidad de corrupción pública con unos 10 policías prestados.
No basta con repetir incesantemente la frase “no más impuestos”. Para evitar un alza en el impuesto de la corrupción que pagamos todos, hay que hacer más para combatirla de forma inteligente y coordinada.
