Crecí con el sello distintivo de la lucha por la justicia y la libertad.
Las almas de los poetas no pueden revolotear con alas de mentira.
María Cristina Garrido, escritora prisionera política,
Carta desde la cárcel, La Habana, Cuba.
escrito por Ivette García González
El pasado 10 de diciembre —Día Internacional de los Derechos Humanos— se cumplieron setenta y cuatro años de la Declaración Universal aprobada por Naciones Unidas. Junto al sistema de instrumentos y tratados que conforman hoy el derecho internacional de los derechos humanos, constituye una de las principales conquistas de la humanidad. Sin embargo, en Cuba es un aniversario signado por violaciones y retrocesos. Constituye una de las razones principales de la crisis sistémica y del conflicto entre diversos sectores sociales y la diáspora, con el Estado.
La Declaración fue y sigue siendo trascendente por los valores que consagra, y porque se ha ido complementando e influyendo en el desarrollo jurídico, social y político, a nivel nacional e internacional. De ahí la defensa de la integralidad, el carácter progresivo e inalienable de ese conjunto de derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales y los de tercera generación, en busca de un mundo mejor. Los Estados deben respetar dicho sistema normativo e institucional y contemplarlos asimismo en su política doméstica y exterior.
No es un sistema perfecto, como evidencian los retrocesos en ese ámbito a nivel mundial. Un libro publicado recientemente por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) examina sus limitaciones y desafíos actuales. Entre ellos la diferencia entre lo declarativo de los gobiernos y la realidad, el liderazgo de la sociedad civil y la solidaridad democrática internacional en la promoción y defensa de los derechos humanos, su relación con la soberanía, esgrimida muchas veces para evadir responsabilidades gubernamentales.
Como hicieron ahora y para esta fecha del año pasado, el gobierno y los medios oficiales cubanos celebran una Mesa Redonda dedicada al tema hacía lo habitual: criticar a EE.UU. y al bloqueo, denunciar violaciones de derechos humanos en otros países, resaltar la supuesta ejemplaridad de Cuba y rechazar injustas campañas de descrédito desde el exterior.
En el texto que escribí para la ocasión, enfaticé en varios tópicos historiográficos y del contexto. Habían pasado solo cinco meses del estallido social del 11-12J. Se evidenciaba una escalada represiva contra activistas, periodistas independientes, artistas, intelectuales, estudiantes, trabajadores y ciudadanos en general. Por ello insistí en violaciones y agravantes propias del momento y presenté algunas recomendaciones para subsanar agravios y evitar el empeoramiento de la situación.
-I-
Un año después, el listado de violaciones de derechos, e incluso de retrocesos en cualquiera de los ámbitos, sería extenso para este espacio. Referiré apenas algunos ejemplos, relacionados con preocupaciones que consideré entonces.
- Tras casi cuarenta y cuatro meses de puesta en vigor la Constitución de 2019 —y aunque ella estipulaba la obligatoriedad de aprobar las leyes habilitantes en los dieciocho meses posteriores—, se siguen desconociendo derechos de asociación, reunión, expresión, circulación, manifestación y manteniendo una relación conflictiva con el amplio espectro de la sociedad civil cubana que no se le subordina. Tema álgido y reiterado por organismos de derechos humanos al gobierno cubano.
- Únicamente ha sido aprobada, tras larga demora, la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, una plataforma jurídica para la defensa de los derechos frente a violaciones de los mismos; no obstante, ya se percibe que existen factores normativos y extra normativos que afectan su eficacia. Lo confirma, por ejemplo, el caso del profesor René Fidel González García, que presentó una demanda amparada en dicha ley contra el presidente Miguel Díaz Canel y la fiscal general Yamila Peña Ojeda y tampoco recibe respuesta.
- Por el contrario, el gobierno se ha blindado y llega a este aniversario con un nuevo Código Penal, que a pesar de ciertos avances en materia de familia y protección a minorías sexuales, criminaliza el disenso, incrementa la pena de muerte y garantiza la impunidad para las fuerzas represivas y quienes actúan a su servicio,un verdadero retroceso en materia de derechos humanos.
- Continúa siendo una realidad negativa el empleo de organizaciones sociales y de masas articuladas al Partido/Gobierno/Estado, como los CDR y la FMC, para reprimir a la ciudadanía. Algunas del ámbito intelectual, como la UNEAC, cumplieron el rol de negar la represión y respaldar al gobierno procurando apoyo de sus homólogos en otros países.
- A la tradicional violación de derechos cívicos y políticos, se ha sumado de manera notoria la de derechos económicos, sociales y culturales. Es consecuencia de las políticas de choque implementadas por el gobierno, la expansión de la desigualdad y la pobreza y las enormes brechas territoriales con sus efectos concatenantes.
- Incremento sustancial de la represión en diversas variantes. Es meticulosa, personalizada e incluye redes de familiares, amigos y colegas de activistas y presos políticos. Han sido notorias, por ejemplo, detenciones arbitrarias, secuestros express, golpizas a personas indefensas, convertidas luego para la víctima en delito de atentado, cárcel, acoso, compulsión del exilio, destierro de activistas y persecución al periodismo independiente.
- Aumento de los presos políticos y de conciencia. En diciembre de 2021 eran 805, al cierre de noviembre pasado la cifra alcanzaba 1.034, de acuerdo con registros de Prissoner Defenders, entre ellos 34 menores y 122 mujeres.Ha sido un año destacado en protestas pacíficas y juicios amañados, sin transparencia ni supervisión independiente, sin garantías para los ciudadanos que intentan ejercer derechos.
- Más de diez patrones de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes se han documentado a partir de denuncias realizadas por presos, familiares, activistas dentro y fuera de Cuba, y actores de la sociedad civil internacional; tanto en redes sociales como por organismos internacionales, incluidos casos relativos a menores de edad. Estos se han incrementado en centros de detención, especialmente en las prisiones.
Esos y otros pormenores fueron registrados en las evaluaciones sobre Cuba que tuvieron lugar ante el Comité Contra la Tortura (CAT) y el de los Derechos del Niño. Entre otros incidentes se destacan —particularmente dentro de los centros penitenciarios— violaciones de derechos a la alimentación; no acceso, o dilación de este, a servicios médicos; no atención a enfermedades contagiosas por las deplorables condiciones sanitarias, falta de acceso al agua potable, reclusión en celdas de castigo en solitario por tiempo prolongado, maltratos físicos y psicológicos, muertes sin suficiente esclarecimiento y otras prácticas lesivas a la condición humana.
- El gobierno ignora tanto las denuncias como las recomendaciones que recibe de diversas instancias. Mantiene una visión restringida y manipuladora del tema en lo interno y lo internacional, así como una postura negacionista cuando se le interpela. En las instancias mencionadas, sus respuestas carecieron de argumentaciones y evidencias, y a veces acudieron a la falsedad, al afirmar por ejemplo el carácter voluntario del Servicio Militar Obligatorio. También fueron dejados sin respuesta señalamientos y recomendaciones añejas que se reiteran y otras nuevas.
- En política internacional se suman dos actuaciones lamentables del gobierno cubano en la etapa: frente a Rusia y su guerra de agresión contra Ucrania, y en reciente sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por graves violaciones en Irán.
-II-
El discurso oficial ignora estas realidades y mantiene desinformada a la ciudadanía. El artículo publicado esta vez en Granma a propósito de la fecha es lamentable. Sigue la misma lógica, enfocado en la crítica a los EE.UU., la victimización del gobierno y argüir su ejemplaridad en el tema.
Ejemplaridad que no es posible constatar porque —aun cuando durante décadas se le ha solicitado y recomendado en organismos internacionales—, no permite mecanismos de verificación, u observadores independientes nacionales ni internacionales relacionados con estos temas. Solo que actualmente es su palabra contra incontables testimonios e investigaciones independientes. Menciono apenas dos ejemplos:
- Varias organizaciones de la sociedad civil independiente en la Isla, y ONG internacionales están dando seguimiento a las violaciones de derechos humanos en Cuba, reclamando la liberación de presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Entre ellas, Justicia 11J, Archipiélago, MSI, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cubalex, Amnistía Internacional, Prissoner Defenders, PEN Internacional, e instancias multilaterales como la Unión Europea.
- La joven Federación Hispano Cubana de Exiliados por la Libertad (FEXCU) desarrolló, entre el 9 y el 11, las primeras Jornadas Cívicas Conjuntas«Por la libertad de los presos políticos cubanos», con exponentes radicados en varios países y en Cuba, que incluye testimonios mayoritariamente de residentes en la Isla, tanto en calidad de familiares de presos como de activistas, encargados de presentar los casos, junto a otras iniciativas diversas que están en las redes sociales.
En poco menos de un año, Cuba deberá someterse nuevamente al Examen Periódico Universal (EPU) para evaluar el estado de los derechos humanos en el país. El repertorio para esta etapa que se evaluará (2018-2022), ya se está documentando en informes independientes al gobierno.
En lo referente a los últimos doce meses, el balance es negativo e indica un retroceso, lo cual impacta todas las esferas de la sociedad y la vida de los ciudadanos. Pero no hay señales de mejoría por voluntad del gobierno, que ha mostrado más de una vez que sus prioridades no son las de la ciudadanía. Así lo confirman el triunfalismo y el tratamiento de estos temas en el V Pleno del Comité Central del PCC y la cobertura del Granma.
La defensa de los derechos humanos es y será objetivo supremo de la sociedad civil. Ellos son el horizonte, parte de la lucha por la democracia y un recurso invaluable para la transición cubana. Las violaciones de hoy son la causa de conflictos actuales y futuros. Que este aniversario, cuando menos triste para Cuba, compulse nuevos esfuerzos que nos permitan resarcir injusticias, transformar y legar un mejor país a las futuras generaciones.
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AUTORA
Ivette García González, La Habana, 1965. Doctora en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana (2006), Profesora Titular por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) “Raúl Roa García” e Investigadora Titular del Instituto de Historia de Cuba. Actualmente docente e investigadora de la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz de la Universidad de La Habana. Autora de varios libros. Fungió como diplomática en la Embajada de Cuba en Lisboa (2007-2011). Preside la Sección de Literatura Histórica y Social de la Asociación de Escritores de la UNEAC y es miembro de la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU), de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC), la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y Caribeños (ADHILAC) y la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP). Para contactar con la autora: [email protected]
Para contactar con la autora: [email protected]
