Cortesía de Cartasdesdecuba – Fuente EFE,
La Habana. El Parlamento cubano aprobó hoy la última versión de las reformas “raulistas” que reconocen la existencia de la empresa privada dentro del nuevo modelo socialista de la isla, en el que prevalecerán las formas de gestión estatal y no se permitirá la acumulación de riqueza y propiedad.
“Estos fundamentos (…) reafirman el carácter socialista de la Revolución cubana y el papel del Partido Comunista como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, dijo el presidente cubano, Raúl Castro, en un breve discurso de clausura de la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional.
Con el respaldo unánime de los más de 500 diputados a la última versión de las reformas para “actualizar” el modelo cubano, se consolida el legado económico de Raúl Castro, con la apertura del sector privado y la inversión extranjera como pilares fundamentales, a nueve meses de que entregue la Presidencia, a los 86 años.
Según Castro, esas directrices económicas permiten “cambiar todo lo que debe ser cambiado”, palabras recogidas en el célebre “Concepto de Revolución” acuñado por el fallecido Fidel Castro en un discurso en el año 2000, en el que dijo: “Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas”.
“Lo haremos a la velocidad que nos permitan el consenso que forjemos al interior de nuestra sociedad y la capacidad que demostremos de hacer bien las cosas, para evitar graves errores que puedan comprometer el cumplimiento exitoso de esta gigantesca y honrosa tarea”, indicó hoy Castro.
La Asamblea Nacional dio el visto bueno a los documentos rectores aprobados en el VII Congreso del Partido Comunista (PCC), en abril del año pasado: el plan de desarrollo económico hasta 2030; los nuevos lineamientos de la política económica para 2016-2021; y la “conceptualización” del nuevo modelo económico y social.
Después de varios años de debates y demoras, finalmente se ha dado forma definitiva a la conceptualización del nuevo modelo socialista, que reconoce personalidad jurídica a pequeñas empresas privadas pero matiza su “papel complementario” en la economía, donde debe prevalecer la gestión estatal.
Al abrir espacios al sector privado, las reformas económicas emprendidas en 2010 por Raúl Castro -revisadas en el VII Congreso del Partido Comunista en abril de 2016- autorizaron el trabajo autónomo a personas naturales y la creación de cooperativas no agropecuarias.
Las nuevas leyes, aprobadas en 2011, permitieron a los “cuentapropistas” o trabajadores autónomos -que sobrepasan el medio millón-, contratar mano de obra, lo que en la práctica derivó en la proliferación de medianas, pequeñas y microempresas privadas, que funcionaron durante años sin la debida personalidad jurídica.
El vicepresidente Marino Murillo destacó el miércoles, en las comisiones previas a la sesión plenaria, que aunque se legalicen las “formas de gestión privadas” no se permitirá la concentración de riqueza y propiedad, un mensaje que el presidente Castro ha reiterado.
Murillo, conocido como “el zar de las reformas”, fue ministro de Economía entre 2014 y 2016, cuando Castro lo designó al frente de la Comisión Permanente para la implementación y desarrollo de la política económica, con el objetivo de acelerar esos cambios que se han producido a un ritmo demasiado lento según critican muchos analistas.
Las reformas “raulistas” han dinamizado la rígida economía centralizada de la isla, donde en los últimos años han proliferado pequeños negocios particulares como restaurantes, salones de belleza o casas de arrendamientos, y se han abierto algunos sectores al capital extranjero.
Esos cambios no han evitado que la isla entrara en recesión por primera vez en 23 años en 2016 al decrecer un 0,9 %, lastrada principalmente por la situación en Venezuela, que ha reducido en más de un 40 % sus envíos de crudo subsidiado a Cuba, una ayuda vital que mantenía a flote la economía cubana.
Castro también aludió en su discurso a la convulsa situación que atraviesa ese país aliado, que atribuyó a intereses económicos, y abogó por el “diálogo constructivo y respetuoso como única vía para encauzar las diferencias”.
El mandatario insistió en la necesidad de denunciar y detener las “agresiones, sanciones e injerencias” de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y varios países que, a su juicio, buscan derrocar el Gobierno constitucional de Venezuela.
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