Por Mamela Fiallo Flor*
Solo falta la firma del gobernador Ron DeSantis para que sea ley. Las multas para las empresas de redes sociales podrían sumar hasta 250.000 dólares al día para los políticos estatales y 25.000 dólares al día para otros funcionarios electos
Tanto la Cámara como el Senado de Florida votaron esta semana para aprobar una legislación que castigaría a las empresas de redes sociales por prohibir a los políticos en sus plataformas. Este estado sería el primero de la nación en tomar una medida de fuerza respecto al proceder de las denominadas Big Tech.
Y es que la censura y posterior expulsión de todas las redes sociales del entonces presidente Donald Trump dejó un precedente histórico respecto al poder de estas plataformas para no solo callar voces, sino también marcar la opinión pública.
Después, los servidores de internet empezaron a negar acceso a las plataformas alternativas. Con lo cual se diluye el clásico argumento de la legitimidad del propietario a negar acceso, pues ya no queda salida.
Además, al ser espacios de dominio público en teoría de libre acceso, abre una nueva disyuntiva en el ámbito público-privado.
El legislador republicano de Florida John Snyder aclara que este proyecto de ley no se trata del presidente Trump, aunque él fue afectado por estas medas. Exclama Snyder que «este proyecto de ley trata sobre los 22 millones de floridanos y sus derechos de la Primera Enmienda».
Frente a esto, la Cámara y el Senado del estado de Florida votó a favor de prohibir la censura contra políticos en redes sociales
.Las multas para las empresas de redes sociales que intentan prohibir a los políticos en sus plataformas podrían sumar hasta 250.000 dólares al día para los políticos estatales y 25.000 dólares al día para otros funcionarios electos, informó el medio floridano Sun-Sentinel.
Las empresas de redes sociales serían multadas por sacar a los candidatos políticos de Florida de sus plataformas durante las elecciones y tendrían que permitir que los usuarios optaran por no utilizar algoritmos que controlan cómo se ve el contenido.
Si bien el proyecto de ley sí permite la suspensión de políticos durante dos semanas y la eliminación de sus perfiles si violan las políticas de la empresa, lo que busca es que no haya persecución ideológica; en este caso contra conservadores.
Demócratas y proveedores de Internet objetan el proyecto de ley
Quienes objetan a la ley alegan que la medida es inconstitucional y que los republicanos solo la están promoviendo porque el expresidente Trump fue prohibido en múltiples plataformas de redes sociales.
Para censurar al presidente, las principales redes sociales anunciaron que él incitó a la violencia en el Capitolio el 6 de enero.
No obstante, en su última publicación en Twitter Trump llamó a la paz y sobre todo a respetar la ley y el orden, recordando que eso representan él y su partido.
Sin embargo, los objetores de esta medida sostienen que fue suspendido por difundir teorías de conspiración falsas.
«Dejen de incitar a la insurrección contra nuestra república. Estamos escuchando este proyecto de ley porque Twitter finalmente destituyó al expresidente Trump después de que cinco personas murieran en una insurrección que él incitó en el Capitolio de los Estados Unidos», dijo el representante estatal Carlos Guillermo Smith (D) durante el debate sobre la ley inscrita como SB 7072, informó NBC News.
No obstante, los demócratas no han exigido justicia ni reclamado violencia policial contra la mujer blanca y desarmada que murió de un disparo a quemarropa, al ingresar al Capitolio.
Pese a que los demócratas han sido partidarios del discurso de Black Lives Matter contra la policía y a favor de reducir el presupuesto y personal policial, solo reclaman cuando la víctima es negra y paradójicamente no ven el racismo en ignorar a unas víctimas y exaltar a otras.
En cuanto a la primera enmienda de la Constitución, las empresas proveedoras de Internet aseguran que la suya no está siendo respetada.
Por ejemplo, Net Choice, dijo durante una audiencia que el proyecto de ley viola los derechos de libertad de expresión de las empresas.
«La Primera Enmienda deja en claro que el gobierno no puede regular el discurso de los particulares o empresas. Esto incluye la acción del gobierno que obliga al discurso al obligar a una plataforma privada de redes sociales a llevar contenido que esté en contra de sus políticas o preferencias», dijo el presidente de NetChoice, Steve DelBianco.
Lo más probable es que finalmente se vuelva ley, pues el siguiente paso es la aprobación del gobernador, quien anecdóticamente en medio de miles de seguidores solo sigue a una persona: su esposa.
El proyecto de ley ya está en el despacho del gobernador, solo espera su firma.
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