Entrevistado por Cuba Próxima
Responde el jurista Michel Fernández Pérez a Cuba Próxima sobre el 11-J
1- ¿Cuál ha sido el significado de las protestas del 11-J para Cuba y el gobierno?
El 11-J es un hito en la historia de Cuba. Después de 62 años del triunfo de la Revolución cubana, ese día ocurrieron las protestas sociales más grandes en este periodo histórico. Nunca antes miles de personas, en casi todo el país y simultáneamente habían expresado su desacuerdo y frustración contra el estado de cosas en el que los que ejercen el poder político en Cuba han colocado a la nación.
Para la parte del pueblo cubano que decidió participar en estas protestas esto significó un despertar y mostró que es posible, incluso en un país como Cuba, con un férreo control del Estado y de los aparatos de represión, expresar su inconformidad con la situación en que se vive.
Para el gobierno/estado/partido significó la pérdida de un importante capital simbólico y político, al evidenciarse que un número importante de los grupos sociales más desfavorecidos estructuralmente y de jóvenes, no comparten la forma en que se hace la política en Cuba. Además, mostró que el gobierno/estado/partido cuenta con los mecanismos y recursos institucionales y humanos para sofocar específicamente este estallido social.
2- ¿Cuáles son las motivaciones y las causas del 11-J?
El 11-J tiene sus raíces más profundas en la crisis estructural del modelo de socialismo estado céntrico de partido único. Esta crisis es de larga data, desde la desaparición de la Unión Soviética y de los países del llamado “ socialismo real” hasta la actualidad, el sistema cubano ha sido incapaz de generar las condiciones de satisfacción de las necesidades de su población, desde todos los ángulos posibles, tales como de crecimiento económico, distribución de la riqueza, mantenimiento y mejora de acceso a los servicios sociales, participación en la toma de decisiones, rendición de cuentas de los que ejercen el poder y también tiene una marcada relevancia la incapacidad de los que ejercen el poder en Cuba para lidiar con las políticas de sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos, perdiendo las oportunidades en el periodo de acercamiento con la administración Obama y sobre todo estableciendo trabas, prohibiciones y sanciones que impiden el desarrollo de las potencialidades de los cubanos.
No sé cuál sería el plazo de tiempo apropiado para evaluar la gestión de un gobierno o administración, generalmente esto se hace cada 5 o 4 años, en los países que adoptan modelos de representación política. En el caso de Cuba las elecciones son cada 5 años, pero al no ser estas competitivas entre diferentes opciones de gobierno, esto imposibilita que por esta vía se cambie la administración. Han pasado más de 10 años desde que el Sexto Congreso del PCC aprobó los Lineamientos de la Política Económica y Social y según los mismos reportes oficiales han sido incapaces de implementar lo que ellos mismos acordaron. Lo menos que merecería el pueblo cubano es un gobierno que sea capaz de hacer lo que prometió. Pero esto es imposible si se mantiene el sistema de socialismo cuartelario imperante en Cuba.
En mi opinión existen cuatro aspectos desencadenadores de estas protestas en este momento concreto. En primer lugar, la pandemia de la Covid-19, que ha afectado seriamente la ya maltrecha economía cubana, privándola de una de sus principales fuentes de ingresos (el turismo), y obligada a dedicar sus escasos recursos al enfrentamiento de esta crisis sanitaria. En segundo lugar, las medidas impuestas por la administración Trump, aun cuando no han sido más fuertes que las restricciones de la administración de George W. Busch. En tercer lugar, la emergencia o destape de nuevos actores sociales opuestos al gobierno cubano, visibles a partir de la represión al Movimiento San Isidro, hecho que de alguna forma alentó la protesta frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020 y más tarde la del 27 de enero del siguiente año. En cuarto lugar, el papel de las redes sociales y la ampliación del acceso a internet, lo cual facilitó las vías de comunicación e hizo más horizontal la protesta, sin la necesidad de contar con líderes individuales u organizaciones que actúen como guías en las protestas.
3- ¿Cómo avalúa la respuesta del gobierno cubano y su interpretación de estos sucesos?
La respuesta del gobierno cubano no es una sorpresa, de hecho, ha implementado los mismos mecanismos de respuesta que hasta ahora le han dado resultado, con la diferencia que en esta ocasión tuvo que hacer un uso más abierto y público de la represión a una mayor escala, sin llegar todavía a los niveles de países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, Nicaragua o Chile, por mencionar solo los más recientes donde han ocurrido protestas de gran magnitud, si bien demostró que cuenta con las fuerzas y los recursos para enfrentar estos sucesos.
El “manual” de respuestas del gobierno cubano parte de culpar al gobierno de Estados Unidos de todo o casi todo lo malo que pasa en Cuba, fomentar teorías de la conspiración y criminalizar a todos los que de alguna manera mostraron algún tipo de liderazgo o sobresalieron durante las protestas, ya sea por acciones concretas o por publicar lo que sucedía en las redes sociales. Unido a esto minimiza la magnitud de estas y trata de hacer olvidar que algo así sucedió. A la misma vez llama “al combate” a los cubanos que apoyan a la “Revolución” y despliega las fuerzas de orden público para reprimir a los manifestantes, no solo en el momento mismo de la manifestación, sino también a posteriori siguiendo lo publicado en las redes o las informaciones obtenidas sobre los que se manifestaron.
Dentro del arsenal de respuestas se llega a convocar oficialmente a marchas y eventos, cuando por otra parte acusan a los manifestantes del 11 de julio de propagación de epidemias. El Estado cubano prioriza su propia existencia y seguridad, sobre la salud de las personas, sin contar con ningún mecanismo que los responsabilizarse o rendir cuentas sobre esta actuación.
El uso de la violencia es uno de los atributos del Estado, la pregunta importante es si el uso de esa violencia se hace legítimamente o no. La evaluación de la legitimidad del uso de la violencia no solo responde a paradigmas éticos, sino principalmente a lo que el Derecho, no solo la ley, considera justo y equitativo. En este sentido un primer punto de análisis sería si se actuó conforme a las leyes vigentes y en segundo lugar si esas leyes responden a los estándares más avanzados, ya sea en el derecho internacional o en la doctrina jurídica.
El Estado cubano en violación de sus propias leyes y de los estándares internacionales realiza detenciones arbitrarias, ya sea no dejando salir de sus casas a las personas o deteniéndolas sin una causa debida. Viola el derecho al debido proceso al no garantizar la representación letrada a los acusados, al no brindar información a los familiares sobre los detenidos, al perpetrar desapariciones forzadas. No ha realizado ninguna acción contra los que hicieron un uso excesivo de la fuerza, como se ve en múltiples videos y testimonios de los participantes, actos que clasifican como tortura y violación del principio de la dignidad e integridad de la persona. Viola el derecho a la información al cortar el acceso a internet a todo el país y a casi un mes de las protestas no da cifras oficiales de los detenidos, de los procesos judiciales realizados o las medidas administrativas aplicadas.
4- ¿Qué criterios predominan sobre el 11-J en la opinión pública nacional e internacional?
Los medios de prensa oficiales cubanos, subordinados al PCC, son un mecanismo de resonancia de la opinión gubernamental, minimizando el alcance de las protestas, criminalizando a los que protestaron, acusando de mercenarios a muchos. La excepción a esta regla fue la Revista Alma Mater que publicó un artículo dando diferentes visiones sobre las causas y la forma en que se desarrollaron esos sucesos, haciendo gala de un periodismo más imparcial y objetivo.
A nivel internacional más allá de la cobertura inicial del hecho histórico de las protestas más grandes en Cuba en los últimos 62 años, el interés por lo que sucede en Cuba ha disminuido. Uno de los aspectos más interesantes es como estos sucesos han despertado el debate en la “izquierda” internacional sobre cuáles son los limites hasta donde apoyar o justificar al gobierno cubano o condenarlo por las violaciones de los derechos y por no hacer lo necesario para evitar que esto sucediera, abriendo vías para el dialogo y la participación de los que no coinciden con la política oficial.
5- El 11-J estremece la nación, devasta los frágiles soportes del inmovilismo oficial, desatada odios y coloca a Cuba al borde de una guerra civil; condición en la cual no debe permanecer el país. ¿Cómo deben actuar el gobierno, la oposición democrática y la sociedad civil para un cambio sociopolítico que además implique una reconciliación nacional?
Del gobierno cubano no creo se deba esperar ninguna reacción en el sentido de reconocer públicamente que atraviesa una crisis que necesita reformular los mecanismos de ejercicio del poder, haciéndolo más transparente y permitiendo otras opciones políticas, aunque estas sean socialistas. Por otro lado, los más fieros oponentes al “régimen” cubano que piden intervención militar, aumento de las sanciones, son paradójicamente los mejores aliados de la burocracia partidista militar cubana, al brindarle las justificaciones para mantener Cuba bajo la lógica de una fortaleza sitiada.
En este escenario hay un grupo cada vez más considerable de cubanos que defienden la independencia nacional, no quieren la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos interno de su patria y a la misma vez condenan la naturaleza no democrática, autoritaria del sistema cubano, que no reconoce el pluralismo político y condena y reprime a los que se oponen.
Ningún cambio político, revolución, transición, se puede hacer sin sacrificios. El pueblo cubano ha pagado el sacrificio mayor y es él quien decide si mantiene el actual sistema o suelta las amarras a un cambio donde la incertidumbre del futuro será el mayor temor.
