Carlos Giménez
Desde que ocupé mi cargo el pasado julio, una de mis principales preocupaciones como alcalde ha sido poner orden en la casa fiscal del condado y ajustar nuestros gastos para responder a las exigencias de esta economía en dificultades. Las familias trabajadoras de nuestra comunidad han tenido que apretarse el cinturón, y el gobierno debe hacer lo mismo. A las dos semanas de haber ocupado el cargo, presenté un presupuesto del condado que mantenía vitales servicios públicos a la vez que rebajaba las tasas de impuestos a la propiedad y aliviaba la carga financiera sobre los residentes con escaso efectivo. En ese momento, aclaré que mi propuesta no sería posible sin sacrificios compartidos de nuestros dedicados funcionarios públicos.
Una semana después, el 19 de julio, la Junta de Comisionados del Condado consideró mi propuesta reducción de impuestos a la propiedad. Expliqué en términos muy directos que mi plan requeriría ajustes considerables a la paga y los beneficios de los aproximadamente 26,000 empleados del Condado, la gran mayoría de los cuales están representados por sindicatos. También advertí que probablemente tendrían que tomar decisiones personales difíciles en los meses siguientes, debido a la adopción del plan que había recomendado. Reconocieron esos hechos y la propuesta se aprobó por votación de 9 a 1.
En septiembre, la Comisión adoptó el presupuesto que presenté basado en esa propuesta y desde entonces, mi administración ha negociado de buena fe con los sindicatos del Condado para llegar a contratos justos, mutuamente aceptables, que contemplan los ahorros requeridos por el presupuesto reducido. Hemos avanzado bastante hacia ese fin, al lograr acuerdos sustanciales con la mayoría de las unidades negociadoras. El único asunto que sigue sin solución fue una contribución adicional de los empleados del 5% para los costos de atención médica. Esa contribución es necesaria para balancear el presupuesto, y se propuso sólo después que los sindicatos rechazaron varias alternativas ofrecidas por mi administración.
Es importante señalar que los 3,000 empleados no sindicalizados del Condado –los que caen bajo mi supervisión– han estado pagando la contribución adicional del 5% para la atención médica desde el pasado julio. Impuse esa medida menos de dos semanas después de ocupar el cargo, entendiendo que eran necesarios unos oportunos ajustes a los gastos para cumplir con nuestra obligación de balancear el presupuesto.
El 5 de enero, el asunto de la contribución adicional del 5% para la atención médica para varios sindicatos –entre ellos los que representan a los agentes de policía y de prisiones– pasó a consideración de la Comisión del Condado. La decisión que tenían que tomar era clara: aprobar la contribución adicional del 5% para todos los empleados en las unidades negociadoras afectadas o seguir adelante con el despido de cientos de empleados del Condado, así como las resultantes reducciones en los servicios, para compensar el déficit presupuestario.
En vez de elegir lo que al parecer era una opción clara, evitar los despidos y preservar los servicios imponiendo la contribución adicional del 5%, una mayoría de los comisionados decidió implementar los despidos. Siete comisionados cedieron ante la presión de sindicatos políticamente influyentes, sacrificando el bien mayor de la organización del Condado y de los 2.7 millones de residentes a los que servimos.
En un momento en que la fe en el gobierno está muy erosionada, este asunto crea una oportunidad para los líderes electos de empezar a reconstruir la dañada confianza del público. Las personas que nos elevaron al cargo –el público al que representamos y servimos– confiaron en nosotros para tomar decisiones prudentes y en el mejor interés de la comunidad en su conjunto. Es una responsabilidad seria y las decisiones que tomamos no siempre son fáciles.
El miércoles, veté la miope decisión de la Comisión. Este veto no sólo es sobre los $35 millones en ahorros que se habrían conseguido si los cuatro puntos estancados se hubieran aprobado la semana pasada. Quedan cuatro sindicatos con problemas contractuales pendientes. En este momento, el valor combinado de la contribución por atención médica del 5% de esos cuatro sindicatos suma aproximadamente $30 millones. Teniendo en cuenta el precedente fijado por la Junta el 5 de enero, mi administración debe prepararse para atender posibles ahorros sin realizar por un total de $65 millones sólo por este año fiscal. Como estos son contratos por tres años, esa cifra subiría a más de $180 millones si se deja sin resolver.
El 24 de enero, esos comisionados que votaron en la mayoría tendrán una oportunidad de reconsiderar su acción, basándose en la totalidad de los hechos ante ellos: despidos, reducciones de los servicios y un posible impacto de $65 millones. Los exhorto a decidir a favor de lo que es mejor para los residentes del condado de Miami-Dade a quienes servimos. Es hora de que estos líderes electos estén a la altura de sus responsabilidades.
Alcalde del Condado Miami Dade.
