Cuba enfrenta una severa crisis económica que está teniendo repercusiones políticas y sociales. Los efectos nocivos de la pandemia del Covid-19 y el recrudecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos, adoptadas por el gobierno de Trump y no desmontadas por Biden, se unen a los factores estructurales que han profundizado la deformación de la economía y a errores en la política económica que, en conjunto, definen una crisis del modelo del «socialismo burocrático» que confirma la inviabilidad de los sistemas de administración centralizada de la economía.
Los cambios en los mecanismos económicos han sido parciales, no sistémicos y no han respondido a una concepción de reforma estratégica sino a la urgencia de las circunstancias. La adopción de necesarias reformas económicas orientadas a mejorar el bienestar de la población, se dilataron en el tiempo, han sufrido retrocesos y, en los casos más recientes, graves errores de concepción, diseño e implementación.
Las protestas sociales del 11 de julio pasado mostraron evidencia de una mayor ruptura del consenso político, a pesar de su carácter desorganizado y de la durísima represión que también se manifiesta en los procesos judiciales, lo que pone en tela de juicio la validez de la Constitución de 2019.
La población cubana ha debido enfrentar durante las últimas tres décadas un persistente deterioro del nivel de vida, se ha profundizado su incapacidad para asegurar necesidades materiales con el fruto de su trabajo y, en consecuencia, se ha incrementado su dependencia respecto a la ayuda externa a partir de remesas, que llegan al país tanto por canales formales como informales. Esta situación es aún más grave en el caso de personas de la tercera edad.
La población cubana ha debido enfrentar durante las últimas tres décadas un persistente deterioro del nivel de vida. (Foto: cuba.eseuro.com)
La población cubana ha debido enfrentar durante las últimas tres décadas un persistente deterioro del nivel de vida. (Foto: cuba.eseuro.com)
Frente a este panorama, las autoridades persisten en mantener el «modelo» de economía centralmente administrada como fundamento del mecanismo económico, basado en el predominio de empresas estatales a las que, además, se les denomina «socialistas» en el discurso oficial, como si la combinación de ambos elementos fuera garantía de la existencia del socialismo en tanto sistema socio-económico.
En consecuencia, a las formas «no estatales» de propiedad se les ha otorgado —incluso constitucionalmente—, un carácter complementario en la economía. Con ese fin, los decretos aprobados para regular el funcionamiento de micros, pequeñas y medianas empresas; cooperativas y trabajadores por cuenta propia, se han encargado de marcar los límites que mantienen prohibiciones al desempeño de 212 actividades de producción y servicios.
El debate sobre la propiedad social, la planificación y el socialismo
Las camisas de fuerza que se siguen imponiendo al emprendimiento privado y cooperativo, parecieran tener fundamento teórico en el supuesto de que la preservación del predominio de las empresas estatales asegura, junto a la «planificación» centralizada, el carácter socialista de la economía. Sin embargo, ese argumento pasa por alto una realidad inapelable: el socialismo como sistema se basa en el predominio de la propiedad social sobre los medios de producción fundamentales.
Para que la propiedad social sobre los medios de producción pueda realizarse como tal, es necesario que la sociedad, propietaria colectiva de los medios de producción, esté en capacidad de gestionarla o, al menos, de controlar y/o supervisar la gestión de esa propiedad colectiva. Esto solo puede lograrse a través de mecanismos democráticos que incluyan la elección de esos gestores, así como la transparencia y rendición de cuentas de los mismos ante la sociedad.
Si los propietarios colectivos, es decir, la sociedad, carecen de la capacidad para gestionar la propiedad o para controlar su gestión, no puede decirse que la propiedad estatal sea realmente social.
Este no es un debate nuevo. Involucra de manera particular a la academia, con las restricciones que el sistema político impuso tradicionalmente a las ciencias sociales, pero ha tenido siempre una connotación esencialmente política. Desde la época de la NEP en la Unión Soviética, pasando por los diversos intentos de transformaciones en varios de los llamados países socialistas, hasta las profundas reformas adoptadas en China y Vietnam; se ha argüido que el mercado y la existencia de empresas privadas conducen indefectible al capitalismo. No obstante, en ninguno de los casos se atendió con suficiente profundidad que la realidad económica y política de estos países distaba mucho del socialismo.
Para Marx y Engels, la transición entre el capitalismo y el socialismo se produciría en un tipo de Estado particular: la «dictadura del proletariado». Sin embargo, desde la revolución bolchevique, en lugar de la dictadura del proletariado y del poder de los soviets, se impuso la dictadura del Partido y, en especial, de su cúpula dirigente. Lejos de construir Estados «de todo el pueblo», se consolidaron gobiernos autoritarios que, para mantenerse en el poder, han apelado históricamente a la censura y la represión hacia cualquier tipo de disidencia. Rosa Luxemburgo alertó con clarividencia, desde una posición crítica pero militante, sobre este tipo de deformaciones cuando analizó la Revolución Rusa.
Rosa Luxemburgo
Desde el punto de vista político, el socialismo no puede lograrse en una sociedad sin un Estado de todo el Pueblo. Y para que tenga esta condición debe ser irremediablemente una sociedad democrática. No se trata de imponer una visión uniforme de la vida, porque ello solo puede hacerse a costa de la exclusión y la represión del disenso, sino de construir una sociedad, como dijera Martí «con todos y para el bien de todos», y esto, como ya se dijo, solo puede consumarse en una sociedad plenamente democrática.
Desde el punto de vista económico, el socialismo no puede lograrse si no se realiza plenamente la propiedad social sobre los medios de producción fundamentales, lo cual requiere superar la falsa identidad que se ha pretendido establecer entre la propiedad estatal y la propiedad social, cuando la sociedad carece verdaderamente de las posibilidades de gestionar, o de controlar la gestión de su supuesta propiedad.
Finalmente, tampoco la experiencia de los sistemas de planificación centralizada ha logrado realizarse como tal. La planificación científicamente fundamentada es imposible en la práctica a ese nivel de agregación, por lo que el debate académico llegó a sugerir como alternativa la descentralización de la actividad planificadora, combinada con el funcionamiento de mercados regulados. Sin embargo, la tendencia dominante, especialmente en Cuba, ha sido sustituir la planificación por la administración centralizada de la economía, con resultados probadamente ineficaces.
Ese tipo de socialismo «realmente existente» ha fracasado de manera rotunda, y prueba de ello fue el derrumbe ocurrido a fines del siglo pasado. Por eso, quienes defendemos el ideal socialista insistimos en la necesidad de comenzar por construir, de manera colectiva y democrática, una sociedad basada en el emprendimiento productivo en pos del bienestar material y en la justicia social. Para Cuba sería un camino largo, que requiere un sistema económico diferente al actual y un sistema político e institucional democrático y plural.
Mientras tanto, tenemos una crisis que solucionar, porque sin presente no hay futuro y ello nos coloca ante los imperativos de la realidad.
La solución de los problemas urgentes
Los errores de política económica, la inexistencia de una democracia real y sobre todo las penurias de la vida cotidiana; unidos al progreso material de buena parte de la emigración, han erosionado en muchos cubanos, especialmente jóvenes, la confianza en el socialismo como alternativa socio-económica. Por eso resulta imprescindible adoptar medidas urgentes para impulsar el crecimiento económico, asegurar la justicia social y democratizar la sociedad.
Con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, es esencial crear condiciones para el emprendimiento privado y cooperativo, no solo limitado a pequeñas y medianas empresas y definitivamente eliminando las prohibiciones que actualmente restringen su desarrollo; incluso con la opción de convertir algunas de las empresas estatales que se encuentren descapitalizadas en mixtas, no exclusivamente con capital extranjero, sino con inversionistas nacionales, considerando como tales a los compatriotas residentes en el exterior. En tal sentido, los cubanos residentes fuera de la Isla deben contar con todos sus derechos ciudadanos en el país, y el conjunto de los inversionistas tendrían que disfrutar de garantías que protejan sus inversiones.
Un nuevo marco legal deberá favorecer un clima adecuado para los negocios. Debería asegurarse una Ley de Empresas que las coloque a todas en pie de igualdad, con independencia de su tipo de propiedad. La misma estaría complementada con un nuevo Código de Comercio, que permita la creación de diversos tipos de sociedades mercantiles, fomente la competencia y asegure las condiciones para evitar la formación de monopolios y oligopolios, sean privados o del Estado. Las susodichas garantías legales requerirán de tribunales independientes que aseguren la confianza en la imparcialidad del sistema jurídico.
La llamada «Tarea Ordenamiento» mantuvo la dualidad monetaria y ha unificado el tipo de cambio en un nivel aún artificial, que no refleja las condiciones competitivas de la economía. En consecuencia, ha florecido un mercado informal de divisas con un tipo de cambio mucho más alto que el normal. En estas condiciones difícilmente podrá progresar la economía. Es necesario devolverle al peso cubano su condición de verdadera moneda nacional con curso legal forzoso y fuerza liberatoria ilimitada en todo el territorio del país, con un tipo de cambio flexible determinado por el mercado.
Temporalmente, esta flexibilidad podría ser regulada con la intervención del Banco Central en una determinada banda, para evitar presiones especulativas. Esto debe significar la eliminación de todo tipo de transacciones en monedas libremente convertibles para adquirir bienes y servicios dentro del país.
Resulta fundamental sanear las finanzas públicas, porque tanto un déficit fiscal excesivo como una deuda pública exagerada, limitan la capacidad del Estado para intervenir en la economía en tiempos de crisis o catástrofes y restringen su capacidad como inversionista en pos del desarrollo económico. La gestión de las finanzas públicas requiere la elevación de los ingresos presupuestales y la eliminación de los gastos improductivos que genera una administración inflada por platillas supernumerarias.
El aumento de los ingresos fiscales debería resultar de un sistema tributario progresivo, en el que los ingresos más altos de la sociedad contribuyan en mayor medida al fisco y, al mismo tiempo, limitar la adopción de impuestos regresivos —como el de las ventas sobre alimentos básicos—, que golpean severamente a los sectores de más bajos ingresos.
Por otra parte, en la medida que florezcan los negocios se incrementarán los ingresos presupuestales por vía de los impuestos. La reducción del gasto público debería concentrarse en la administración, en primera instancia. Existe una opción en el traslado de la responsabilidad con el funcionamiento de organizaciones políticas y sociales del Estado a las propias organizaciones, a partir de la cotización de sus miembros o de contribuciones de fuentes no estatales.
Los recursos del presupuesto deberían concentrarse en preservar el acceso a sólidos sistemas de salud, educación, asistencia y seguridad social. Para ello se necesita un sistema tributario robusto, no expoliador, que estimule el desarrollo de la producción y, en consecuencia, los ingresos fiscales. Sin embargo, a la par de sistemas públicos de educación y salud de acceso universal y alta calidad, considero conveniente la existencia de sistemas privados con la debida supervisión del Estado sobre la idoneidad y calidad en la prestación de esos servicios. Mientras tanto, es imperativo superar el deterioro actual de ambos sistemas en la Isla.
La solución de los problemas económicos y sociales de Cuba debe estar en manos de todo el pueblo, empoderado de esa capacidad en una sociedad democrática, que haga realidad el precepto constitucional de que la soberanía del país reside en el pueblo.
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