Por Javier Mª Ruiz Arévalo* — Fuente: Global Strategy – Universidad de Granada
Resumen: A día de hoy, resulta difícil aventurar si el gobierno afgano y los talibán podrán alcanzar un acuerdo de paz, pero el gobierno afgano presenta debilidades críticas que hacen difícil que pueda sentar las bases para un compromiso serio. A los problemas tradicionales de incapacidad política, insuficiencia económica y debilidad militar, se suman las dudas que en EEUU surgen sobre la conveniencia de seguir invirtiendo en un país que no parece ser capaz de dar pasos en la dirección necesaria para solucionar sus problemas. No está claro que Estados Unidos vaya a continuar apoyando al gobierno afgano si no se llega a un acuerdo de paz en un plazo razonable; pero tampoco es posible anticipar el grado de apoyo que estaría dispuesto a prestar tras un hipotético acuerdo de paz. Es posible que Estados Unidos tenga que elegir entre abandonar Afganistán sin haber alcanzado una paz real o quedarse indefinidamente en un país sin un gobierno efectivo, que está perdiendo lentamente la guerra y que se enfrenta a una crisis económica descomunal. El «factor Trump» ayuda; también el COVID-19. Pero es la irresponsabilidad e incapacidad de los propios líderes afganos y la irracionalidad de la insurgencia los que han ido confirmando la inutilidad de cualquier ayuda que pueda prestarse a Afganistán. Con ayuda de EEUU la paz sería difícil, sin ella, posiblemente imposible.
A día de hoy, resulta difícil aventurar si el gobierno afgano y los talibán podrán alcanzar un acuerdo de paz inclusivo. El gobierno presenta debilidades críticas, tanto militares como civiles, que hacen difícil que pueda sentar las bases para un compromiso serio. O simplemente sobrevivir por sí mismo. Tampoco está claro que Estados Unidos vaya a continuar apoyando al gobierno afgano si no se llega a un acuerdo de paz en un plazo razonable; realmente, ni siquiera podemos anticipar el grado de apoyo que está dispuesto a prestar tras un hipotético acuerdo de paz. Las presiones que ya sufría EEUU para reducir el gasto militar se ven incrementadas ahora por la crisis del Coronavirus que podría afectar tanto el proceso de paz como a la voluntad de Estados Unidos de continuar apoyando económica y miliarmente a Afganistán, especialmente si el proceso de paz no da los frutos deseados.
El pasado 29 de febrero Estados Unidos firmó en Doha un acuerdo de paz con los talibán y otro con el gobierno afgano, en los que se compromete a poner fin a su presencia militar en Afganistán en un plazo de 14 meses. Además de esta reducción militar, Washington planea recortar los fondos dedicados a Afganistán a corto plazo. El compromiso firmado en Doha condiciona la retirada a que los talibán garanticen que Afganistán no se convertirá en refugio de terroristas y se inicien negociaciones intra-afganas para fijar un alto el fuego permanente e integral y para alcanzar un acuerdo sobre la futura hoja de ruta política de Afganistán. La declaración conjunta de los Estados Unidos y el gobierno afgano reafirma el apoyo de los Estados Unidos a las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional Afganas (ANDSF) y la cooperación en la lucha contra los grupos terroristas internacionales.
En la situación actual, no resulta claro que la retirada estadounidense esté vinculada a una paz que suponga la supervivencia del actual gobierno afgano o si, por el contrario, planea retirarse en el plazo acordado, sea el que sea el resultado de las negociaciones en curso, sin plantearse en ningún caso el retorno. Los compromisos a largo plazo que haya podido adquirir la administración estadounidense no son públicos, o no existen. Pero lo que se conoce de los acuerdos no compromete a Estados Unidos a hacer cumplir la paz o a proporcionar la ayuda necesaria para que sea viable
Según algunas fuentes, existen planes de paz más detallados en dos anexos clasificados de estos acuerdos. Pero EEUU ha hecho poco hasta la fecha para dar a entender que permanecerá en Afganistán, a menos que los talibán se vuelvan tan agresivos que incluso desaparezca la apariencia de un proceso de paz. Hasta el momento, no hay indicios de ningún progreso real en las negociaciones, lo cual no parece afectar al proceso de retirada estadounidense. Cada vez resulta más evidente, tanto por los plazos marcados por los acuerdos, como por las acciones en curso, que Estados Unidos se retirará sin dejar atrás a un Afganistán estable.
Amenazas para el proceso de paz
En Afganistán concurren varios problemas que suponen amenazas críticas a la capacidad de alcanzar una paz real, que haga posible un Afganistán estable y seguro. En primer lugar, Estados Unidos parece estar decidido a hacer grandes recortes en su apoyo, tanto económico como militar, a Afganistán, independientemente del resultado de las negociaciones de paz. En segundo lugar, el gobierno afgano ya ha demostrado que sus divisiones internas le impiden funcionar correctamente; de hecho, en el momento actual, Kabul afronta las negociaciones con dos autoproclamados presidentes. En esas condiciones, resulta difícil imaginar que pueda acometer una negociación efectiva con los talibán o aplicar un posible acuerdo de paz. Por último, las fuerzas de seguridad afganas son demasiado débiles para afrontar adecuadamente un ataque unificado de los talibán, sin contar con el apoyo militar de EEUU. En conclusión, incluso el mejor acuerdo de paz se vería amenazado por la irresponsabilidad, la incompetencia y la corrupción de la administración afgana y los desafíos económicos que debe afrontar el país. Todo ello sin contar con que cualquier acuerdo de paz puede degenerar fácilmente en una lucha de poder o en un nuevo estallido de violencia, cuyo resultado final podría ser un país dividido en un estado de guerra civil más o menos limitada. Incluso podría plantearse la posibilidad de que este escenario acabara conduciendo a una victoria talibán.
Reducir el coste con o sin paz real
Estados Unidos parece cada vez más dispuesto a abandonar Afganistán, incluso si las negociaciones de paz fracasan. Y a reducir la ayuda económica aunque prosperen. El gobierno afgano le ha dado buenas razones para ello: resulta cada vez más difícil justificar el coste de continuar apoyando a un gobierno que ha fallado de forma generalizada. Y la necesidad de realizar recortes en el gasto militar contribuye a reforzar esa opción. De forma que todo parece indicar que la ayuda estadounidense se va a reducir en todo caso, si bien es verdad que una falta de avances en las negociaciones puede acelerar o profundizar la reducción. El temor que va extendiéndose es que EEUU no proporcionará la ayuda que sería necesaria para que un hipotético acuerdo de paz exitoso pudiera funcionar.
Hace tiempo que EEUU ha ido rebajando el volumen de su ayuda a Afganistán. Según datos oficiales el coste para EEUU de la intervención militar entre los años 2001 y 2019 ha sido de 780.000 millones de USD. El coste anual se ha ido reduciendo significativamente desde un máximo de 115.000 mil millones en el año fiscal 2011 a 40.000 mil millones en el año fiscal 2019. Los presupuestos previstos para el año 2021, calculados antes de que se firmara el acuerdo de paz, son aun menores. La crisis del COVID 19 obligará a un ajuste a la baja aún mayor. Es imposible conocer el importe de la ayuda que destinará a apoyar al gobierno que pueda surgir del proceso de paz, pero es difícil imaginar que esta tendencia a la baja vaya a revertirse en el actual contexto político y económico. Y debe tenerse en cuenta que parte de esa ayuda irá destinada a los talibán, que también tendrán que recibir incentivos económicos para dejar la lucha armada.
Estados Unidos busca algo más que el mero ahorro económico, necesita reasignar fuerzas militares porque está reduciendo drásticamente su personal militar, tanto en EEUU como fuera de sus fronteras, y necesita priorizar su presencia internacional. Por eso, puede que no haya avances en las negociaciones, pero EEUU ya está reduciendo sus fuerzas para cumplir con el plazo de 14 meses, y lo está haciendo antes de que haya un acuerdo de paz real y un plan para implementarlo.
La paz como la continuación de la guerra por otros medios
Incluso una negociación aparentemente exitosa puede terminar en una «paz» que sea de hecho una nueva forma de conflicto. Bien porque se intente utilizar el acuerdo de paz para alcanzar los objetivos perseguidos durante el conflicto armado; bien porque se intente explotar el proceso de negociación para socavar o vencer al adversario.
El gobierno afgano está demasiado dividido para ejercer sus funciones de forma efectiva y no parece que haya un líder que pueda unificarlo a corto plazo. Hamid Karzai logró mantenerse en el poder en gran parte gracias a su habilidad para equilibrar el poder de las facciones enfrentadas entre sí que convivían en su gobierno. Desde 2014 la situación se ha complicado: el gobierno ha ido perdiendo la capacidad de gobernar más allá de los principales centros de población, de demostrar cierta capacidad para controlar el crecimiento de la narcoeconomía, de controlar a los grupos de poder con los que se ha visto obligado a compartir la responsabilidad del gobierno, así como de proporcionar servicios clave como seguridad, educación, sanidad y garantizar los derechos de las mujeres. El Afganistán post-talibán nunca ha tenido un gobierno verdaderamente funcional. Siempre ha sido un gobierno dividido en facciones, además de corrupto e incapaz. Esta división también concurre en el lado talibán, un movimiento dividido y disperso, que continúa atacando a las fuerzas del gobierno afgano y cuyas declaraciones públicas plantean serias dudas sobre su compromiso real de unirse a la lucha contra los movimientos terroristas. Estas divisiones dificultan un acuerdo de paz realmente inclusivo, que satisfaga a todas las facciones.
Una paz duradera requiere la definición de un sistema político aceptado de modo generalizado y que incluya a los talibán tanto en el proceso político como en el gobierno. Hasta ahora, no ha habido indicios de que ninguna de las partes haya manifestado el modo en que quiere conseguir la definición de una hoja de ruta que conduzca a ese resultado. Y no será fácil, porque deberá combinar la visión relativamente modernizadora del gobierno actual, con los valores neo-salafistas de los talibán. Resulta dudoso que sea posible encontrar un punto de equilibrio entre ambas opciones que, para muchos, resultan incompatibles. De hecho, hay quienes, como el General David Petraeus, ex-jefe de ISAF, lo consideran imposible, por la imposibilidad de alcanzar compromisos aceptables con la agenda política de los talibán. Además, ante la previsible imposibilidad de imponer muchas de sus condiciones, para los talibán será mucho más fácil jugar a debilitar y dividir el esfuerzo del gobierno afgano o, en caso de que se llegue a un acuerdo, explotar a su favor su aplicación.
Gobierno fallido y falta de recursos económicos
Afganistán es uno de los países más corruptos e inseguros del mundo. Ocupa el puesto 173 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción más reciente de Transparencia Internacional (2019). Si la reconstrucción post-conflicto es de por sí una tarea difícil, larga y costosa, en un entorno de inseguridad generalizada y corrupción, como es el caso afgano, se convierte en una tarea difícil de ejecutar y casi imposible de supervisar. Y nadie quiere invertir allí donde no puede no puede supervisar los resultados. Este es uno de los problemas a los que se enfrentan quienes contribuyen a la estabilización de Afganistán: resulta prácticamente imposible evaluar el rendimiento de su inversión. Pensemos en la inversión realizada por España durante años e la provincia de Badghis ¿Es posible valorar a día de hoy el rendimiento real del enorme esfuerzo humano y económico realizado?
Esa dificultad de supervisión no impide hacer una valoración general. Y el primer dato a considerar es que, a día de hoy, después de casi 20 años de esfuerzo internacional, ni la administración, ni la economía, ni las fuerzas armadas afganas son capaces de funcionar sin ayuda externa; afgana.
En Afganistán, la incapacidad administrativa se suma a una gran brecha entre ingresos y gastos: El Banco Mundial estima que las subvenciones internacionales financian el 75% del gasto público. Las subvenciones equivalen a cerca del 45 por ciento del PIB, siendo el promedio de los países de bajos ingresos del 10 por ciento. Es imposible estimar las necesidades económicas que tendría el país tras un acuerdo de paz, pero todo hace pensar que los hipotéticos “Dividendos de la Paz” no serían suficientes para equilibrar la balanza entre ingresos y gastos, teniendo en cuenta que habría que destinar fondos adicionales para financiar a los combatientes talibán, manteniendo al mismo tiempo movilizado al personal de las ANSF durante el tiempo necesario para hacer una transición a la economía civil.
Este desequilibrio se va a ver acentuado por la más que probable disminución de la ayuda internacional derivada de la irrupción del COVID 19. Una disminución drástica de estos ingresos puede producir una intensificación del conflicto, por la debilidad sobrevenida de una de las partes, un debilitamiento de la gobernanza y las instituciones y la paralización de los proyectos de reforma y modernización en marcha. Obligaría al gobierno afgano a tomar decisiones muy difíciles, priorizando el gasto entre objetivos políticos importantes: mantenimiento de la seguridad, de las funciones básicas del gobierno, inversiones públicas para apoyar un crecimiento económico más rápido, beneficios a corto plazo a los afganos tras el acuerdo político… Estos beneficios a corto plazo serán necesarios para garantizar la aceptación generalizada del acuerdo de paz, en el que todos habrán tenido que sacrificar algo, pero pueden generar problemas a medio plazo si se financian a costa de las funciones básicas del gobierno y la prestación de servicios básicos. En cualquier caso, los beneficios más significativos de un acuerdo político podrían proceder de las mejoras en la seguridad, la estabilidad política y la libertad de movimientos.
En cuanto a los ingresos propios, el gobierno afgano depende en gran medida de los derechos de aduanas, que representan aproximadamente una quinta parte de todos los ingresos. Las limitaciones a la movilidad derivadas del COVID 19 pueden afectar negativamente a la situación fiscal de Afganistán ahondando en el problema.
La mayoría de los informes sobre la economía afgana preceden al impacto de la crisis del COVID-19 y a la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales. Además, dada la inconsistencia de la información disponible, se basan más en estimaciones que en datos concretos. En general, puede hablarse de un progreso real, aunque parcial, que comenzó a desacelerarse hacia 2008-2011, a medida que los talibán ganaron fuerza y la situación política agudizó su eterioro, dificultando la puesta en práctica de los planes de reforma. A esta desaceleración habrá que añadir los efectos de la crisis política y del COVID-19, incluido el retorno de residentes en Irán y Paquistán a causa de la pandemia. De forma que la ya frágil situación económica tenderá a deteriorase a corto plazo, sin perspectivas de mejoría a medio y largo. Incluso si se ignora la corrupción y un patrón de distribución del ingreso que favorece a una élite relativamente pequeña, el problema es que Afganistán tiene uno de los ingresos per cápita más bajos del mundo, algo que no parece vaya a remediarse en el futuro inmediato.
Los afganos están acostumbrados a convivir con estos problemas. Sin embargo, es probable que esperen que un hipotético acuerdo de paz produzca efectos positivos en estos campos. También los combatientes talibán y quienes viven bajo su dominio deben esperar que la paz mejore su situación. Esta exigencia de una mejor gobernanza se verá incrementada por factores como el creciente índice de urbanización (la CIA estima que el nivel de urbanización alcanzó el 26% en 2020), la presión de una población en fuerte aumento (22,46 millones en 2000 a 32,56 millones en 2015) y muy joven, que hará necesario crear más de 300,000 nuevos empleos masculinos al año en un país que necesitará crear al mismo tiempo cada vez más empleos para las mujeres. El desempleo juvenil, difícil de calcular, supera con creces el 17% y sería significativamente mayor si disminuye el volumen del ejército o se incorporaran al mercado de trabajo los excombatientes talibán.
Dicho sin rodeos, Afganistán necesita alcanzar un acuerdo entre dos enfoques ideológicos radicalmente opuestos, que requerirá una reestructuración importante de la gobernanza, programas efectivos para el desarrollo y una implementación casi inmediata de un plan integral de desarrollo y reforma que incentive tanto a las facciones del propio gobierno como a los talibán. Todo ello en un contexto dependencia de la ayuda externa en un momento en que los países donantes enfrentan grandes tensiones en sus gastos.
El balance militar del enfrentamiento gobierno-insurgencia
Otro de los desafíos para al futuro de Afganistán procede de la dudosa capacidad de sus Fuerzas de Seguridad para imponerse a la insurgencia sin apoyo estadounidense. Es difícil disponer de datos oficiales para hacer una evaluación completa de su situación ya que, desde 2011, los Estados Unidos, la OTAN y el gobierno afgano han reducido la difusión de datos que muestran tendencias negativas o puedan resultar engorrosos. Sin embargo, los informes no clasificados al Congreso de EEUU destacan carencias importantes en cuanto al nivel de cobertura de personal, nivel de adiestramiento y capacidades técnicas.
En cuanto a EEUU, el general Miller, jefe de ISAF y de las fuerzas de EEUU en Afganistán, ha declarado que los 8,600 hombres que permanecerán en Afganistán hasta primeros de julio del 2021 son suficientes para asumir las misiones encomendadas, pero aún no se han analizado los efectos que tendrá la reducción por debajo de ese nivel. Lo que parece evidentes es que, sin apoyo de EEUU, las ANDSF tendrán dificultades para mantener y operar ciertos tipos de equipos, vehículos y aeronaves atender al sostenimiento de la fuerza. Tampoco parece claro que vayan a ser capaces de operar adecuadamente sus unidades de élite, lo que tendrá consecuencias en el ya precario equilibrio militar con la insurgencia.
Uno de los procedimientos seguidos para valorar el éxito relativo del gobierno y la insurgencia en su enfrentamiento armado ha sido el de hacer un seguimiento del número de distritos bajo control o disputados por la insurgencia. A partir de 2010, los datos disponibles comenzaron a poner de manifiesto un número creciente de distritos bajo control o disputados por los talibán. Sin embarfo, este tipo de informes, como los mapas de la ONU que muestran qué partes del país son seguras para los trabajadores humanitarios, ya no están disponibles. Teóricamente por «seguridad», ya que constituían una información muy valiosa para los insurgentes.
Según informes oficiales recientes, el Gobierno afgano mantiene el control de Kabul, las capitales de provincia, los principales centros de población, la mayoría de los centros de distrito y la casi totalidad de las principales líneas de comunicación terrestres. Otros informes proporcionan una imagen menos tranquilizadora. Indican que los talibán continúan ganando el control del territorio frente a un gobierno cuyas fuerzas se concentran cada vez más en controlar los principales centros de población. Un indicador muy valioso es el trabajo realizado a este respecto por el Long War Journal (LWJ). Aunque no está actualizado, dada la imposibilidad de acceder a fuentes oficiales, parece proporcionar una imagen muy aproximada de la situación actual. Según sus datos, el gobierno controla a unos 15,2 millones de personas, principalmente en áreas urbanas, mientras que los talibán controlan a 4,6 millones de afganos y disputan el control de 13,3 millones. El gobierno controla 133 distritos, mientras que los talibán controlan 75 distritos y disputan el control de 189.
Tanto los informes oficiales, como el LWJ coinciden en que la tendencia ha favorecido a los talibán desde la retirada de la mayoría de las tropas estadounidenses y de la OTAN a finales de 2014. Además, el término «control gubernamental» es demasiado relativo. Hay muchas áreas que, sin estar bajo control talibán, tampoco están controladas por el gobierno, sino por otros actores, como narcotraficantes, líderes étnicos o señores de la guerra. En estos casos, es difícil predecir cuál puede ser su actitud ante un eventual acuerdo de paz, pero no se puede pasar por alto que, en muchos casos, la situación de inestabilidad les beneficia más que cualquier acuerdo posible.
Mientras EEUU retira sus fuerzas y gobierno y talibán tratan de iniciar el proceso de negociaciones, el conflicto armado continúa. Es difícil valorar con precisión la evolución de la violencia, entre otras cosas porque este trimestre, por primera vez, la misión de la OTAN ha restringido la divulgación pública de sus datos sobre ataques iniciados por el enemigo, una métrica importante para controlar los niveles y focos de violencia. Pero todos los datos disponibles apuntan que, a pesar de la incidencia creciente del coronavirus y de los esfuerzos para llegar a un acuerdo para reducir la violencia, los ataques de los talibán se incrementaron en abril. En parte puede ser una reacción al fracaso del programa de intercambio de prisioneros previsto en los acuerdos, achacado por los talibán a las reticencias del gobierno, pero también puede reflejar el intento de preservar las opciones militares y mantener la presión sobre las fuerzas afganas. De hecho, los ataques se dirigen en mayor medida contra las ANDSF, habiendo disminuida tanto el número de bajas civiles, como los ataques a las fuerzas de EEUU. Para tratar de poner fin a esta tendencia, los días 10 y 13 de abril, el general Miller se reunió con los líderes talibán en Doha «como parte del canal militar establecido en el acuerdo… sobre la necesidad de reducir la violencia”. Está por ver si este tipo de iniciativas tendrán algún efecto en la reducción de la violencia.
¿Apoyar la paz o descartar a un socio fallido?
En EEUU, cada vez son más los que dudan de la rentabilidad de seguir apoyando al gobierno afgano. Y de Estados Unidos depende la mayor parte de la ayuda que llega a Afganistán. Y serían muchos los socios que seguirían su ejemplo en este caso. No es fácil «dejar en la estacada» a una nación por la magnitud de sus problemas o por las carencias de sus líderes. Pero, si Afganistán no es capaz de demostrar cierto grado de voluntad y capacidad, puede ser que la ayuda internacional deje de fluir. Una cosa es ayudar a un país empeñado en superar sus problemas y otra muy distinta es desperdiciar recursos tratando de proteger a un Estado sin voluntad política para avanzar hacia la estabilidad e incapaz de utilizar la ayuda de manera efectiva. La decisión de dejar de prestar ayuda en estas circunstancias es difícil y podrá alegarse que el pueblo afgano merece mucho más de lo que sus líderes le proporcionan, pero quien decide ayudar a terceros está obligado a tomar decisiones difíciles, teniendo en cuenta que hay otros países que harían mejor uso de esa ayuda.
Para algunos analistas, es posible que Estados Unidos tenga que elegir entre abandonar Afganistán sin haber alcanzado una paz real o quedarse indefinidamente en un país sin un gobierno efectivo, que está perdiendo lentamente la guerra y que se enfrenta a una crisis económica descomunal.
Si Estados Unidos permanece en Afganistán bajo las condiciones actuales, respaldará a un gobierno que dependerá indefinidamente de la ayuda externa y cuyo valor estratégico ha disminuido porque ha dejado de ser el centro de la actividad terrorista internacional de Al Qaeda para pasar a ser sólo un centro más en una amplia lista. Apoyando a Afganistán, Estados Unidos gastaría recursos que tendrían más valor humanitario en otros países, capaces de ayudarse a sí mismos, con niveles más bajos de corrupción y despilfarro, y empeñados en satisfacer las necesidades de su población. La cruda realidad es que la acción humanitaria implica aplicar recursos que benefician a unos a expensas de otros. Y esta realidad se acentuará como consecuencia de la crisis del COVID-19.
Afganistán no es ya un socio estratégico de EEUU. Su clase política no ha demostrado ni voluntad, ni capacidad para solucionar sus propios problemas. Económicamente, ha cronificado su dependencia de la ayuda exterior, sin mostrar signos efectivos de poder, e incluso querer, cambiar esta situación. Militarmente, parece más que dudoso que puede contener a la insurgencia con sus propios medios. Por último, no parece probable que el gobierno y los talibán vayan a ser capaces de alcanzar un acuerdo inclusivo, que ponga fin a la violencia y permita concentrar todos los esfuerzos en reconstruir el país. Ante estas circunstancias, no debe extrañar que EEUU haya evitado condicionar su retirada a la consecución de unos objetivos políticos y militares que no se vislumbran como posibles. Un compromiso así lo forzaría a continuar empeñado sine die en un conflicto que parece haber colmado su paciencia.
El «factor Trump» ayuda; también el COVID-19. Pero es la irresponsabilidad e incapacidad de los propios líderes afganos y la irracionalidad de la insurgencia los que han ido confirmando la inutilidad de cualquier ayuda que pueda prestarse a Afganistán, aparentemente condenado a vivir en un conflicto interminable, alimentado por una clase política irresponsable. Si finalmente EEUU decide abandonar Afganistán a su suerte, suponiendo que no lo haya decidido ya, Trump y el COVID-19 sólo habrán sido dos factores coyunturales que habrán sellado un desenlace inevitable. Y los líderes afganos, insurgentes y gubernamentales, no podrán culpar a nadie de haber dilapidado unos volúmenes de ayuda internacional que, bien gestionados, podían haber impulsado el desarrollo de Afganistán en todos los ámbitos y mejorado las condiciones de vida de millones de afganos.
Con ayuda de EEUU la paz sería difícil, sin ella, posiblemente imposible.
*Javier Mª Ruiz Arévalo, Coronel del Ejército de Tierra español y Licenciado en Derecho. Ha desplegado en dos ocasiones en Kabul, desempeñando cometidos en el área de la cooperación cívico militar.
