Israel teme que la Corte Penal Internacional (CPI) emita una orden de arresto contra Netanyahu y otros altos cargos israelíes. Aunque Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte, esta puede juzgar crímenes cometidos en territorio palestino. Netanyahu probablemente no sería detenido pero su imagen pública sufriría un duro golpe / Fuente: Jack Sanders/Secretaría de Defensa de Estados Unidos (Wikimedia Commons)
por Blas Moreno
Israel teme que la Corte Penal Internacional (CPI) emita una orden de arresto contra Netanyahu y otros altos cargos israelíes. Aunque Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte, esta puede juzgar crímenes cometidos en territorio palestino. Netanyahu probablemente no sería detenido pero su imagen pública sufriría un duro golpe.
La Corte Penal Internacional se prepara para emitir una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y otros altos cargos israelíes por la guerra en Gaza. Al menos es lo que teme el propio Netanyahu, que ha pedido al presidente estadounidense Joe Biden que presione para que la CPI, también conocida como Tribunal de la Haya, no tome esa decisión.
La Corte todavía no ha comunicado nada al respecto. Pero Israel sospecha que la orden es inminente y afectará al menos a Netanyahu, al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Herzi Halevi. Se les acusaría de crímenes de guerra o contra la humanidad, en concreto de “matar de hambre a los palestinos en Gaza”.
La orden de arresto podría llegar justo cuando el Ejército israelí se prepara para invadir Rafah, el último enclave de la Franja de Gaza que todavía no ha ocupado. En paralelo, Israel y Hamás negocian un alto el fuego y la liberación de los rehenes. En este contexto, una orden de la CPI sería un duro golpe para la imagen del Gobierno de Netanyahu. Otros aliados de Israel presionan a la Corte para que no dé el paso.
Esta orden se sumaría, además, a otras acciones judiciales contra Israel por la guerra en Gaza. A raíz de una acusación de Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —tribunal de la ONU no relacionado con la CPI— reconoció el pasado enero indicios de que se está cometiendo genocidio en la Franja e impuso a Israel medidas cautelares mientras prosigue la investigación. En un caso distinto, la CIJ estudia si Alemania viola la Convención contra el Genocidio por suministrar armas a Israel.
Si Israel no reconoce a la CPI, ¿puede la Corte actuar contra Netanyahu?
Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y nunca ha ratificado su tratado fundacional, el Estatuto de Roma. Además, ante el temor de la inminente orden de arresto contra él, Netanyahu ha rechazado toda cooperación: “Bajo mi liderazgo, Israel no aceptará ningún intento de la CPI de limitar nuestro derecho a la legítima defensa”, ha dicho.
Sin embargo, eso no impedirá que la Corte ordene la detención de Netanyahu y otros altos cargos israelíes. La CPI puede juzgar crímenes cometidos en el territorio de un Estado firmante del Estatuto, aunque los acusados sean ciudadanos de países no firmantes. Israel no ha ratificado el Estatuto. Pero Palestina sí. Lo hizo en enero de 2015, a pesar de las protestas del Gobierno israelí y Estados Unidos. Por tanto la Corte puede investigar casos en los territorios palestinos: Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este.
Ya lo está haciendo, de hecho. En 2019, la Corte anunció que estaba investigando crímenes cometidos en Palestina desde la guerra de 2014. Estas pesquisas se han ido ampliando con los sucesivos conflictos en Gaza hasta incluir el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la respuesta israelí contra la Franja. Por tanto, la investigación incluye tanto a israelíes como a miembros de Hamás u otras facciones palestinas, que también podrían ser objeto de órdenes de arresto próximamente.
¿Será Netanyahu detenido? ¿Qué otras implicaciones tendría la orden?
Aunque la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra Netanyahu, nada parece indicar que él u otros israelíes vayan a ser detenidos. La CPI no tiene una fuerza policial propia: depende de los Estados firmantes para hacer cumplir sus órdenes. Israel, por supuesto, no va a entregar a su primer ministro al Tribunal de la Haya. Con todo, la orden tendría otras implicaciones graves para el Gobierno de Israel.
La primera, por supuesto, sería la mancha a su imagen pública: Netanyahu y el resto de implicados quedarían al nivel de los dictadores y criminales de guerra juzgados por la CPI. Pero una orden de arresto también contribuiría a aislar a Israel de la comunidad internacional por otra razón: los acusados tendrían problemas para viajar al extranjero.
Los 124 países firmantes del Estatuto tienen la obligación de cooperar para capturar a los acusados por la CPI. Entre los firmantes están importantes aliados de Israel como la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Australia o Canadá, además de casi toda América Latina y buena parte de África. Si Netanyahu u otro de los altos cargos señalados pisara territorio de uno de estos países, debería ser detenido y entregado a la Corte.
Para frustración de la Corte, los países firmantes no siempre se adhieren a esta regla. El entonces dictador de Sudán, Omar al Bashir, estaba perseguido por la CPI desde 2009 por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio en el conflicto de Darfur. Sin embargo, viajó a países firmantes como Kenia, Chad o la República Democrática del Congo sin ser detenido.
No obstante, los acusados se cuidan mucho de no arriesgarse con viajes innecesarios. En marzo de 2023 la Corte emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin por supuestos crímenes cometidos en la guerra de Ucrania. Meses después, Sudáfrica, país parte de la CPI, acogió la reunión anual de los BRICS, organización de la que Rusia es miembro. El líder ruso canceló su asistencia a la cumbre para no poner a Sudáfrica ante el dilema de tener que detenerle.
AUTOR
Blas Moreno
@Blas_More, Madrid, 1994. Codirector y editor jefe de El Orden Mundial. Relaciones Internacionales (inglés) en la URJC.