escrito por Ivette García González
La manipulación política es práctica de gobierno en Cuba y ha generado un ambiente tóxico y opresivo. Este primer cuatrimestre del año sirve como laboratorio. Se han hecho coincidir varias normativas jurídicas de gran impacto para la ciudadanía, entre ellas el Código de las Familias («de los afectos» en la propaganda) y el Penal (que podría apellidarse «de, o para, los desafectos»).
Como «ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder», la manipulación política es antiquísima. Supone falta de transparencia y relación asimétrica de la distribución y manejo del poder. De acuerdo con el sociólogo Vega Carballo, la mayoría de las personas no suele percatarse, así pierden capacidad para racionalizar las cosas, decidir lo que más le conviene, «negociar, evadir, resistir o liberarse de la relación de poder».
El ámbito mediático es vital. Siete de las diez estrategias identificadas por Noam Chomsky, reinan en Cuba: distraer, que mantiene a los ciudadanos ocupados todo el tiempo sin espacio para pensar; dirigirse a ellos como criaturas de poca edad; reforzarles la auto-culpabilidad; mantenerlos en la ignorancia y la mediocridad; estimularlos a ser complacientes con ellas; utilizar la emoción más que la reflexión y conocer a los individuos mejor de lo que ellos se conocen.
De acuerdo con el académico Alfredo Paredes, en política la manipulación presenta regularidades. Todas se manifiestan en Cuba: una sociedad vulnerable; empleo del altruismo, el sacrificio y destino compartido; victimización y uso permanente del «enemigo superior» para «mantener el rechazo del pueblo a otras opciones» y exigir «lealtad sin cuestionamientos», de modo que la gente prefiera «rendirse antes de arriesgarse» a «enemigos más perversos»; la presencia permanente del líder; la verdad incuestionable y la trascendencia abrogándose legados de figuras históricas y populares, al mismo tiempo que usando «verdades a medias» y justificando «medidas extremas».
-I-
El contexto cubano está signado por una profunda crisis, la lucha de las mayorías por la sobrevivencia, la salida en estampida de miles de cubanos hacia cualquier parte, y la represión. Esta incluye centenares de presos, juicios y arbitrarias condenas contra los participantes en las protestas del 11-J, que involucran a cientos de familias.
En medio de todo eso concurre la fase más intensa de la actual Legislatura, en la que se han hecho coincidir casi todos los temas de interés ciudadano y solo uno de ellos —el de las Familias—, a través de consulta popular y referendo. Así, las alarmas que debieron activar el nuevo Código Penal, la nueva Ley del Proceso penal y otras normas con implicaciones para los derechos humanos, son casi inexistentes.
Algunas evidencias:
1.- Manejo del calendario legislativo aprobado en 2019 en beneficio del gobierno y contra la ciudadanía. Fueron priorizadas las leyes y normativas encaminadas a la represión, criminalización del disenso y blindaje jurídico del Partido/Gobierno/Estado. Desde 2020 ese calendario se ha variado y aderezado; según el jurista Eloy Viera, en alrededor del 65%.
De las 39 leyes y 31 Decretos Leyes (DL) previstos, a fines de 2021 se habían aprobado 19 y 74 respectivamente. De las diez leyes planificadas para 2021 solo se aprobaron cinco y se agregaron otras dos. En lo que faltó por legislar y lo que se fue adicionando, está lo indicado arriba y, como puede verse, el país funciona más en base a DL, que competen al gobierno y le evitan ser discutidos por el Parlamento.
Durante este año se deben aprobar veintiséis nuevas leyes, entre ellas cinco pendientes y seis nuevas, como la de «expropiación forzosa»; y catorce DL, incluidos tres nuevos y dos pendientes. Varias normas importantes para la ciudadanía confluyen en el primer semestre y una desapareció. Algunas son: reclamación de derechos constitucionales, viviendas, regulación del derecho de manifestación y reunión, nuevo Código Penal, ejecución penal y migración interna, además de identidad, migración, ciudadanía y otras.
Fotografía de archivo divulgada por la Guardia Costera de EEUU que muestra el momento en que varios balseros cubanos son interceptados por los guardias estadounidenses al suroeste de Cayo Hueso, Florida. (Foto: EFE)
Señalo cuatro ejemplos:
– El DL sobre comunicación social que apareció para 2022 no estuvo previsto en el calendario legislativo. Posterior a la Constitución quedó establecida la política de comunicación social, bajo el principio de que el PCC «es rector (…) traza la política general para su desarrollo y ejerce su control». Su primer objetivo: contribuir a garantizar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución Socialista y el Partido.
– El DL sobre el derecho de manifestación y reunión, programado para septiembre de 2020, se aplazó y luego se elevó a rango de Ley, pero no ha aparecido más.
– La Ley de reclamación de derechos constitucionales —renombrada como Ley de amparo de los derechos constitucionales— se viene aplazando desde octubre 2020. Recientemente Cubadebate informó que aunque el Tribunal Supremo ejercerá la iniciativa legislativa, el anteproyecto circulará a los miembros del Consejo de Ministros por su especial trascendencia. La ciudadanía no existe.
– El Código Penal se actualizó (enero 2020) con la Constitución, tres leyes y siete DL. El nuevo se aplazó desde julio del año pasado y ahora se acompaña de la nueva Ley del Proceso Penal aprobada en diciembre, un año después de lo previsto.
2.- Cobertura informativa intencionada: entre la saturación, las medias verdades y el silencio. Véanse el manejo del calendario legislativo y el tratamiento de los temas, sobre todo en Televisión, Granma y Cubadebate. Ejemplo: los nuevos códigos de Familia y Penal, en abril coinciden la consulta popular del primero y la aprobación del segundo —como el resto de las leyes— en el Parlamento.
Existe una enorme propaganda sobre el primero y casi ninguna cobertura al segundo, disponible solo en el sitio web del Tribunal Supremo. El programa Hacemos Cuba le dedicó únicamente una emisión el pasado 1ro de marzo. Sin muchos malabarismos, bastó con elogiarlo, no hablar de lo que preocuparía a los ciudadanos y relacionarlo todo el tiempo con el Código de Familias.
3.- Empleo de la ambigüedad, torcedura de términos, eufemismos, densidad de los textos, argucias para endurecer, complejizar y disfrazar la opresión. Todo eso deja una amplia brecha para subjetividades y arbitrariedades de las autoridades y la indefensión ciudadana. Están presentes en las leyes y en la comunicación social oficial. Al respecto, sugiero confrontar los códigos penales y sus actualizaciones (1979, 1987, 2020) y el nuevo previsto, así como la evolución de la Ley del Proceso Penal correspondiente.
-III-
Las dilaciones y carencias mencionadas han propiciado conflictos, represión, pérdida de confianza e irrespeto y desprotección para la ciudadanía. El calendario legislativo contempla derivaciones de la Constitución, los Lineamientos y propuestas de los Organismos de la Administración del Estado. La ciudadanía brilla por su ausencia.
No es un peligro futuro, lo están viviendo cientos de familias cubanas. Recientemente Justicia 11-J denunció las irregularidades en los juicios contra manifestantes y la no emisión de sentencias a más de la mitad, incluidos menores de edad. A la sazón, Cubalex advirtió que la nueva Ley de Proceso Penal establece plazos no limitados para la firma de sentencias, lo que viola principios del debido proceso, deja muy vulnerables a los detenidos, violenta la garantía de seguridad jurídica establecida en la Constitución y contraviene las contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La falta de voluntad política para encarar las contradicciones y la manipulación en perjuicio de la ciudadanía, están a la orden del día y no son casuales. Le han permitido al gobierno ganar tiempo, procesar la crisis política, legitimar la impunidad y continuar blindándose. Un escenario lamentable que deriva de:
– La existencia de una sociedad cada vez más vulnerable en todos los sentidos, que la hace blanco fácil de la manipulación y el inmovilismo.
– El agotamiento e inoperancia de los tradicionales canales de participación y la inexistencia de mínimos democráticos.
– La falta de independencia de los poderes en Cuba y en particular del aparato judicial, todos con un poder unificado e ilimitado.
Entre «afectos» y «desafectos» y en medio de tanta manipulación política, conviene reflexionar, advertir y debatir con posturas propositivas. Las formas de participación y reclamos ciudadanos son mínimas y hasta ahora ineficaces. Entre ellas, los recursos de «Queja» (individuales o colectivos) ante el Parlamento parecieran ir al vacío; de inconstitucionalidad de una ley —que requiere de quinientas firmas para ser evaluada por el mismo órgano que la promulgó— y la iniciativa legislativa que exige 10 000 rúbricas de electores.
Sin embargo, sería erróneo creer que este estado de cosas se sostendrá en el tiempo. Todavía permanecen los mencionados recursos legales; desde arriba cada vez son más los desafectos que los afectos, y abajo hay más antídotos contra la manipulación y mayor conciencia cívica.
AUTORA
Ivette García González, *Ivette García González, La Habana, 1965. Doctora en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana (2006), Profesora Titular por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) “Raúl Roa García” e Investigadora Titular del Instituto de Historia de Cuba. Actualmente docente e investigadora de la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz de la Universidad de La Habana. Autora de varios libros. Fungió como diplomática en la Embajada de Cuba en Lisboa (2007-2011). Preside la Sección de Literatura Histórica y Social de la Asociación de Escritores de la UNEAC y es miembro de la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU), de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC), la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y Caribeños (ADHILAC) y la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP). Para contactar con la autora: [email protected]
