Por José Antonio Alonso y Pavel Vidal – Cortesía de Espacio Laical (Centro Cultural Padre Félix Varela, La Habana).
Cuba.
Los objetivos de la reforma
Han transcurrido cinco años desde que Raúl Castro asumiera la presidencia en sustitución de su hermano Fidel. En este período se ha puesto en marcha un proceso de reforma estructural del modelo económico cubano que conlleva transformaciones en la esfera política e innumerables retos desde el punto de vista institucional.
Han transcurrido cinco años desde que Raúl Castro asumiera la presidencia en sustitución de su hermano Fidel. En este período se ha puesto en marcha un proceso de reforma estructural del modelo económico cubano que conlleva transformaciones en la esfera política e innumerables retos desde el punto de vista institucional. A la par, la política fiscal ha tenido que ocuparse de los desequilibrios heredados y agudizados por la crisis internacional, al mismo tiempo que se libra una batalla contra la corrupción. Muchas son las expectativas que se han formado dentro y fuera de Cuba con las nuevas acciones y propuestas del gobierno cubano. Aún quedan muchas incertidumbres sobre el futuro de la reforma pero parece quedar clara una tendencia de graduales pero continuas trasformaciones que están moviendo el sistema hacia lugares desconocidos para la mayoría de los cubanos nacidos después del triunfo de la revolución.
El más renovador de los cambios ha sido la expansión de la empresa privada y las cooperativas. La proyección oficial es que para el año 2016 el 40% del empleo se genere fuera de las empresas estatales. Para ello, desde 2010 se comenzaron a emitir nuevas licencias para los trabajadores por cuenta propia que ahora pueden también ser microempresarios e incluso llegar a convertirse en pequeñas empresas privadas pues por primera vez desde los años 60 tiene autorización para contratar fuerza de trabajo. También se les ha permitido comercializar bienes y servicios a entidades estatales y tener acceso al crédito bancario, entre otras flexibilizaciones.
Al cierre de 2011 se contabilizó que el 22,7% del empleo ya no se generaba en las empresas y organizaciones estatales. Los cuentapropistas y microempresarios generaron ese año 244100 puestos de trabajo, destacándose las actividades de restaurantes y cafeterías, servicios de taxi, el comercio minorista y el arrendamiento de casas y apartamentos; esta última actividad representa ya el 15% de la oferta habitacional disponible para el turismo internacional. La intención expresa del gobierno es continuar liberalizando el trabajo por cuenta propia y la microempresa. En 2012 se anunció la decisión de arrendar a los privados todos los establecimientos estatales gastronómicos que actualmente operan con menos de cinco trabajadores. También se hizo público el propósito de incrementar la lista de 182 actividades autorizadas y permitir que la comercialización mayorista pueda realizarse desde el sector privado. La limitación que todavía persiste, y sobre lo cual no se han anunciado modificaciones, es la exclusión de la lista de actividades permitidas de aquellos servicios de mayor valor agregado, vinculados a actividades profesionales, de manera que siguen excluidos de esta posibilidad los graduados universitarios.
Para llegar a un 40% del empleo en la empresa privada y cooperativa, tal como las autoridades han sugerido, el gobierno ha impulsado la desestatización de la agricultura. Desde 2008 comenzó la entrega de tierras ociosas a productores agrícolas individuales y cooperativas en la forma de usufructo por 10 y 25 años respectivamente, con la opción de renovación del contrato finalizado el período. En 2012 se instrumentaron nuevas flexibilizaciones, como la elevación del máximo de tierra por productor de 40 a 67 hectáreas, facilidades para la obtención de insumos y la posibilidad de construir viviendas e infraestructura en las tierras entregadas, entre otras. Asimismo se anunció una transformación radical en el funcionamiento de las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UBPC), que es el tipo de cooperativa que cuenta con lasmayores extensiones de tierra para actividades agropecuarias. Previamente, se había abierto por primera vez un canal para que las cooperativas agrícolas pudieran venderle directamente a los hoteles. Al igual que en el caso del trabajo por cuenta propia y la microempresa, se están dando pasos significativos, pero ello ocurre de manera muy gradual y manteniéndose restricciones que, a su vez, impiden que las medidas tomadas ofrezcan todos los resultados esperados. Ello es más patente en la agricultura, rama por donde comenzó el proceso de reforma, pero que ha dado lugar a resultados más bien magros.
Dentro de los cambios relacionados con la propiedad de las empresas, se encuentra la pretensión de extender las cooperativas hacia actividades no agropecuarias. Se espera que una parte de las pequeñas y medianas empresas estatales en la esfera de los servicios y la pequeña industria, cambien su sistema de propiedad y dirección al formato de cooperativa. A principio de 2013 se notificó la aprobación del primer grupo de 126 cooperativas no agropecuarias que comenzarán a operar próximamente en la organización de los mercados agropecuarios, en los servicios de transporte de pasajeros, en el reciclaje de desechos y en determinadas actividades de la construcción. Estos cambios se han promovido a través de un proceso que empieza a ser habitual en Cuba: se hace primero un experimento, se comprueban los resultados, se ajusta la propuesta y después se generaliza mediante la conformación y aprobación del marco legal. La secuencia de prueba y generalización otorga al proceso una especial lentitud, que contrasta con la demanda de rápidas y visibles transformaciones que emana de partes de la sociedad cubana.
Al interior de la empresa estatal y en su entorno más directo han ocurrido bastante menos transformaciones. Algunas empresas exportadoras han ganado autonomía en el manejo de sus presupuestos mediante los llamados Esquema Cerrados de Financiamiento en Divisas. Con el mismo objetivo, en 2013 empezarán a funcionar 11 Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) que son una especie de corporaciones que agrupan a las empresas estatales de cada sector y se supone que cuenten con más grados de libertad en relación a los ministerios; dos de las OSDE corresponden a la industria azucarera y a la biotecnología. En cualquier caso, no queda claro qué papel tendrá el mercado en el entorno empresarial estatal, además de que no se hace referencia a la eliminación de monopolios y el aumento de la competencia, ni se hace énfasis en el nuevo marco de incentivos que debería regir a una empresa estatal más autónoma. Ésta en muchos casos necesitará para su desarrollo asociarse con el inversionista foráneo como vía para incrementar su capital, revertir el atraso tecnológico e insertarse en los mercados internacionales, sin embargo, la reforma tampoco ha definido una mayor apertura al capital extranjero más allá de los límites vigentes desde los años noventa.
En contraposición a la liberalización que ocurre en el sector privado y cooperativo, la asignación y control de los recursos en la empresa estatal se sigue apoyando en la planificación centralizada. De hecho, parece incluso existir un regreso a las concepciones sobre la planificación que regían en los años setenta y ochenta, no solo en cuanto al carácter centralizado de la misma, sino en cuanto al nivel de detalle que se exige y a los pocos espacios libres que el plan deja a las empresas para poder ajustar su dinámica a las exigencias del mercado nacional e internacional. En esencia, el modelo económico de asignación de recursos típico de un país socialista se conserva y se refuerza en muchos aspectos, a pesar de la acumulada evidencia que existe cuestionando su eficiencia.
El control de los recursos estatales se ha convertido en una obsesión para el gobierno. En 2009 fue creada la Controlaría General de la República para supervisar y auditar la actividad de ministerios, empresas y funcionarios. Un año después, empezaron a ser sancionados o sentenciados directivos nacionales de alto rango, y en algunos casos empresarios extranjeros, en los sectores de las telecomunicaciones, la aviación civil, la industria alimentaria, el azúcar, el níquel y el comercio. La lucha contra la corrupción, sin embargo, no ha sido suficientemente acompañada por políticas que incrementen la transparencia y la rendición pública de cuentas en las organizaciones y empresas estatales, tampoco en las empresas mixtas o cien por ciento de capital extranjero; siguen siendo opacos al conocimiento y control ciudadano los contratos, las licitaciones y las condiciones de adjudicación de los proyectos inversionistas.
El control igualmente se ha reflejado en las cuentas fiscales. En 2008 los gastos del presupuesto estatal llegaron al 78% del PIB, desde entonces el gobierno de Raúl Castro ha venido aplicando una política de ajuste fiscal. Para 2013 se presupuestan gastos que representan el 68% del PIB, es decir, se han contraído 10 punto porcentuales en relación con el PIB. Ello ha servido para reducir el déficit fiscal desde 6,9% en 2008 hasta 3,8% en 2012. Como parte de este esfuerzo, se han venido revisando los subsidios y los gastos asociados a la política social. Todo el aparato ministerial y de dirección empresarial se pretende reorganizar, teniendo como meta reducir significativamente su plantilla; para 2016 se planifica que más de un millón de trabajadores abandonen el Estado y se reubiquen en el emergente sector privado y cooperativo. El ajuste fiscal ha contribuido a la salida paulatina de una crisis de impagos que en 2008 y 2009 perjudicó a inversionistas, proveedores y acreedores externos del país. Los bancos, que en esos años, se vieron obligados a congelar cuentas de clientes internacionales y de empresas nacionales debido a la escasez de divisas, han logrado reintegrar progresivamente los compromisos pendientes. En suma, el gobierno de Raúl Castro ha mostrado resolución y racionalidad en el manejo de los gastos, lo que se refleja en avances sustantivos en el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos y la credibilidad financiera del país. Obviamente, ese proceso no se ha hecho sin costes, que han afectado a la provisión y calidad de diversos servicios sociales, incluidos aquellos más identificativos de los logros de la revolución (educación y salud).
Por el lado de los ingresos fiscales también se ha realizado cambios. En 2013 entró en vigor una nueva ley tributaria que persigue promover mediante incentivos fiscales el desarrollo local, la agricultura, la creación de cooperativas y la protección del medio ambiente. La nueva ley añade exenciones impositivas a los trabajadores por cuenta propia y microempresarios en los primeros tres años de creación de los negocios. El presupuesto estatal igualmente se está planteando avanzar en un proceso de descentralización fiscal, a la par que se les otorga una mayor autonomía a los gobiernos locales. En las nuevas provincias de Mayabeque y Artemisa se están realizando experimentos en este sentido con el fin de tomar lecciones para su generalización.
La reforma ha llevado a la eliminación de un grupo de absurdas prohibiciones a la cuales estaban sujeto los ciudadanos cubanos, la mayoría contaba con varias décadas de instrumentación sin adaptarse a los mutaciones del entorno, y en gran medida provenían del fervor de los primeros años de la revolución, de las instituciones de la era soviética y del enfrentamiento político con el gobierno de los Estados Unidos. Así, por ejemplo, en estos cinco años se le comenzó a permitir a los cubanos la compra-venta de casas y autos usados, el hospedaje en los hoteles anteriormente destinados únicamente al turismo internacional, el uso de líneas de telefonía celular, la libre compra de equipos electrónicos y computadoras en la red de tiendas, así como, los viajes al exterior sin la necesidad de solicitar un “permiso de salida del país” como parte de un cambio en la política migratoria.
Entre los objetivos más difíciles que tiene la reforma por delante se encuentra la eliminación de la dualidad de monedas y de tipos de cambio, distorsión monetaria que igualmente se ha dilatado en el tiempo, posponiéndose una y otra vez su solución. El documento que ofrece las pautas generales y principales objetivos de la reforma (Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución), aprobado en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en abril de 2011, define la erradicación de la dualidad monetaria como uno de los propósitos que tienen en la mira las autoridades económicas y políticas, pero sin ofrecer detalles sobre la estrategia financiera que se seguirá para acometer dicho empeño. Para eliminar la doble moneda el Banco Central requiere propiciar una convergencia de los tipos de cambio. La manera y velocidad en que se realice el ajuste cambiario definirá los efectos en la inflación, en las cuentas fiscales y en los balances de empresas y bancos. La reforma monetaria conecta con el resto de las transformaciones puesto que la situación actual distorsiona toda la medición de eficiencia, costos y competitividad que se requiere para tomar las decisiones guiadas por criterios de eficiencia. La convergencia de los tipos de cambio aportará claridad a las cuentas públicas y empresariales y permitirá que afloren los verdaderos focos de ineficiencia del modelo, hoy ocultos tras la circulación paralela de dos monedas.
Economía política de las reformas
Es difícil exagerar la dimensión de los desafíos a los que se enfrenta la reforma económica en Cuba. Se conoce bien el punto de partida, se sabe que la lógica que gobernó la economía cubana a lo largo de las últimas cuatro décadas está llamada a extinguirse, que, de hecho, esa lógica se demostraba ya agotada antes incluso del desmoronamiento del bloque de la Europa socialista, que las episódicas y reversibles reformas acometidas desde entonces no han proporcionado bases suficientes para un proceso continuado de crecimiento económico y de mejora del bienestar de la población y, en fin, que confiar en las generosas aportaciones de un socio redentor o en el impacto de un proyecto salvífico de quimérica plausibilidad no hace sino retrasar la auténtica búsqueda de soluciones. Todo eso se conoce hoy mejor que nunca. La reforma se convierte, por tanto, para muchos –cada vez más- cubanos en inevitable y, también, en inaplazable.
Lo formuló de una manera muy clara Raúl Castro cuando para describir la situación de la economía cubana empleó la metáfora del arriesgado caminante que pasea por el borde del precipicio. Si se quiere salvar algo de lo que la revolución construyó, necesariamente la economía cubana debe dar un giro radical, alterando sus bases de funcionamiento. El problema es que si bien se conocen sobradamente las insuficiencias del escenario de partida, se tiene mucho menos claro cuál debe ser el escenario de llegada. La meta final no está clara para el ciudadano de a pié, pero tampoco parece que lo esté para las autoridades cubanas. Éstas parecen haber asumido como propio el lema machadiano de “hacer camino al andar”. Inmediatamente se advertirá que si siempre es difícil una reforma económica, incluso cuando se tiene clara la meta, más difícil resulta si ese escenario de llegada aparece cargado de incertidumbres.
Vistas las incógnitas que rodean al proceso, una primera cuestión a dilucidar es si, en esta ocasión, la reforma descansa en una voluntad firme de las autoridades cubanas, dispuesta a ser renovada y mantenida de una forma consistente en el tiempo. La trayectoria reciente de Cuba está sembrada de experiencias de reforma, urgidas por las exigencias del momento, que al poco tiempo se revertieron en cuanto que la economía cubana lograba superar los episodios más críticos que las motivaron o cuando se advertían las consecuencias de su aplicación. ¿Se estará ante un nuevo episodio de reformas reversibles?
Aunque todo pronóstico respecto a Cuba debe hacerse con cautela, todo sugiere que, en esta ocasión, parece existir una voluntad firme de reforma, al menos en el sector de las autoridades cubanas que rodean a Raúl Castro. No parece, por tanto, que el proceso pueda revertirse, aun cuando pueda dar lugar algunas correcciones en su senda. Existen dos factores que justifican este.
En primer lugar, nunca como hasta ahora se ha sometido el pasado reciente del modelo económico cubano a una crítica tan franca y descarnada por parte de las autoridades. En el pasado, se anunciaban las reformas, pero se evitaba poner en cuestión las limitaciones del modelo que las hacía necesarias. Eran mucho más fruto de las exigencias de un entorno cambiante que de la incapacidad del propio sistema. En la actualidad, sin embargo, se acompañó el anuncio de las reformas con unos juicios severos acerca de las ineficiencias y excesos del modelo previo, que se presentó como manifiestamente insostenible. De esta manera, las autoridades aproximaron su opinión a la que los propios cubanos tenían acerca del funcionamiento efectivo de su economía.
En segundo lugar, el cambio en el liderazgo del país ha tenido consecuencias no sólo sobre el estilo de trabajo del gobierno, sino también sobre sus prioridades. Raúl Castro carece del carisma de su hermano Fidel, por lo que es consciente de que su liderazgo necesariamente tiene que asentarse sobre otras bases, adoptando una visión más pragmática y un estilo de trabajo menos personalista, más proclive a la formación de equipos y a la creación de normas. No es una novedad, porque ese fue su forma de actuar cuando estuvo al frente de las Fuerzas Armadas. Y es, de hecho, de este cuerpo –las Fuerzas Armadas- de donde Raúl ha extraído una buena parte de sus principales colaboradores. Al tiempo, Raúl parece más consciente de la necesidad de introducir cambios en las formas de gestión de la economía cubana, si se quiere preservar algo de lo conseguido por la revolución.
Ahora bien, si parece firme la voluntad de reforma, existen muchas más dudas acerca de su alcance y de su secuencia temporal. Por empezar por este último aspecto, las autoridades han optado por asumir una secuencia continua, pero notablemente pausada de cambios. En el extremo opuesto a la terapia de choque, se tratan de dosificar los cambios y de graduar las novedades. En ocasiones, estas vienen precedidas de pruebas piloto en entornos acotados, en los que se analizan los efectos de las nuevas medidas, antes de que estas sean generalizadas al conjunto de la economía.
En principio, esta opción por la gradualidad y la experimentación pareciera responder a un sano criterio de prudencia. La experiencia revela que, en general, los procesos graduales de reforma suelen ser más exitosos y generar menos costes sociales, al facilitar a los agentes un proceso más secuencial de adaptación a los cambios. En el caso de Cuba esta opción por la excesiva gradualidad puede tener también sus riesgos.
El primero se refiere al horizonte vital de la dirigencia cubana. Para llevar adelante la reforma se requiere de una autoridad asentada que lidere el proceso, haga creíble los cambios y venza las resistencias a que aquellos puedan dar lugar. Hasta ahora ha sido Raúl Castro quien asumió, de una manera muy personal y protagonista, esa dirección de la reforma. Aporta al proceso la autoridad de una de las figuras clave de la revolución, con peso indiscutible en el partido y en la estructura del Estado. A su lado, el silencio confirmatorio de Fidel Castro constituye una fuente adicional de legitimidad. Ningún otro dirigente cubano tiene similar autoridad para liderar un proceso como el hasta ahora seguido, que comporta una revisión implícita de la senda previa. Así pues, la presencia de Raúl Castro a la cabeza del proceso constituye un elemento de seguridad y viabilidad de las reformas. Ahora bien, el horizonte vital de estos líderes históricos de la revolución es demasiado limitado como para permitir una secuencia excesivamente parsimoniosa de la reforma. Y, aunque se han establecido los mecanismos de sucesión, no cabe esperar que el elegido herede la autoritas (es decir, la ascendencia) que se les supone a los Castro. Máxime si se tiene en cuenta que semejante relevo constituye un hecho insólito en la experiencia cubana, por lo que aparece cargado de todo de tipo de incertidumbres.
El segundo problema tiene que ver con la eficacia de la reforma. En muchos casos, los cambios en un aspecto requieren, para hacerse operativos, de modificaciones en otros ámbitos complementarios. Es decir, es necesario simultanear cambios en diversos órdenes para lograr que las reformas sean efectivas. De poco vale admitir la autonomía de las cooperativas agrícolas si no se modifica el sistema de abastecimiento de insumos a esas unidades, será frágil el desarrollo de la microempresa si no se realizan modificaciones en el sistema financiero para permitirles el acceso al crédito o, en fin, es difícil que se promueva la inversión extranjera si no se modifica el sistema de contratación de empleo. El vínculo existente entre estos aspectos obliga a que las reformas se emprendan de forma simultánea, tratando de crear las condiciones para que las nuevas formas de organización económica operen. Y esto conspira contra una excesiva gradualidad de los cambios.
Por último, el tercer problema tiene que ver con la economía política de las reformas. Todo cambio suscita resistencias, especialmente entre aquellos sectores que piensan que pueden perder posiciones relativas en el seno de la sociedad. En el caso cubano, esta situación afecta a sectores importantes de la burocracia del Estado y del partido comunista. Frente a estas resistencias, los reformadores deben ir concitando el respaldo de aquellos sectores sociales que son favorables a la reforma; es decir, aquellos que consideran que mejoran sus condiciones de vida como consecuencia de los cambios decididos. La excesiva gradualidad de los cambios hace que éstos apenas afecten a las condiciones de vida de la población, particularmente las que se refieren a la alimentación y el transporte que son dos problemas básicos de vida cotidiana en Cuba. Hay, por tanto, el riesgo de que las resistencias a la reforma se acrecienten, a medida en que son más los sectores afectados, sin que se hayan construido las alianzas sociales a favor de los cambios. Ese riesgo se vería acrecentado si, además, se produce un relevo obligado, por razones biológicas, en la generación de los decisores o si se agravan las condiciones internacionales en las que opera la economía cubana.
Si existen dudas acerca de la secuencia temporal de la reforma, mayores son las que se refieren a su alcance. Los Lineamientos marcan algunas directrices de cambio, pero están lejos de ser un programa completo y consistente de reformas. Hay reformas que están expresadas de forma meramente enunciativa, otras ni siquiera se mencionan, aun cuando es obvio que se tendrán que adoptar. Es esa falta de precisión lo que hace que la reforma en Cuba sea hoy un proceso abierto, en encierra enormes potencialidades, pero deja también sembrados infinitos interrogantes.
Desafíos
Transcurridos cinco años de reforma –lo que normalmente se considera un mediano plazo- las cifras del crecimiento macroeconómico no parecen responder a las expectativas. Apenas un 2,75% ha crecido el PIB como promedio en este período, lo cual se queda por debajo de las previsiones oficiales y de los resultados que se necesitan para sumar mayores consensos alrededor del proceso de cambio. Por el lado del gasto, el gobierno ha puesto sus esperanzas de reanimación económica en los planes inversionistas anunciados para el puerto del Mariel, en distintas refinerías, en prospecciones petroleras, en proyectos inmobiliarios asociados a campos de golf, en el níquel, en la agricultura y la industria, y en el sector de la construcción. El grado de plausibilidad de estos proyectos es muy variable, no excediendo algunos de ellos el rango de la mera conjetura.
Mientras tanto, en 2009 y 2010, la inversión agregada se vio afectada por el ajuste de los gastos. En particular, en 2009 la formación bruta de capital cayó un 19%. El plan para 2011 y 2012 contemplaba un aumento de las inversiones de alrededor de 25% cada año, pero finalmente estas crecieron un 7,1% en el primer año y 15% en el segundo. Para 2013 el gobierno planifica un incremento de las inversiones de 34%, pero la ineficiencia aún latente en la empresa estatal y una legislación y política desacertada hacia el capital extranjero podrían hacer mella nuevamente en la ejecución de los proyectos previstos.
En este entorno, el crecimiento cubano ha seguido dependiendo en exceso de las relaciones especiales que mantiene con Venezuela. Después del estancamiento que presentara en 2008 y 2009 la exportación de servicios profesionales (integrado principalmente por la comercialización de servicios médicos en Venezuela), el gobierno ha logrado reanimar este rubro que sigue siendo el más relevante ingreso en divisas para la economía. En 2010 se expandieron un 26,1% y en 2011 un 14,9%, para llegar a la cifra de 9 000 millones de dólares anuales, valor que debe haberse superado en 2012. Se ha mantenido el acuerdo con Caracas de indizar el valor de los servicios médicos al precio del petróleo, con lo cual el menor ritmo de envío al exterior de profesionales cubanos se logra suplir por la vía de mayores precios en los servicios prestados. El intercambio comercial con Venezuela representó en 2011 un 18,3% del PIB a precios constantes, lo cual da idea de la vulnerabilidad de la economía a un cambio en las circunstancias de la economía o la política de aquel país latinoamericano. La ajustada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas, tras la muerte de Chávez, le otorga al gobierno cubano un cierto margen para poder llevar adelante con orden y estabilidad las transformaciones internas.
La extrema gradualidad y ausencia de resultados significativos, le añaden más incertidumbre a una reforma que es impulsada por una generación de políticos que no han logrado facilitar una transición del poder a las generaciones más jóvenes, ni han logrado consolidar instituciones que garanticen la continuidad del proceso de cambios. Es cierto que el gobierno ha comenzado a dar algunos pasos para las carencias institucionales y políticas más evidentes. Así, se prevén cambios en la constitución para ponerla a tono con las nuevas características del sistema hacia el que se mueve el país. Se ha anunciado –lo que es una auténtica novedad- que se limitará a un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años el desempeño de los principales cargos del Estado y del gobierno y se establecerán edades máximas para ocupar esas responsabilidades. A tono con esas decisiones, Raúl Castro anunció públicamente que este será su último período como presidente del país. Por otro lado, en 2013 se renovó en un 55% el Consejo de Estado para contar ahora con una edad promedio de 57 años. Se designó un nuevo Vicepresidente Primero del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de 53 años, que se convierte en el “número dos” y sustituto de Raúl Castro en caso de ausencia.
Muchas son las transformaciones económicas, institucionales y políticas que se requerirán para transformar Cuba en una sociedad capaz de aprovechar su potencial de progreso y, al tiempo, preservar aquellos logros adquiridos durante su período histórico precedente. La tarea no es sencilla, porque son muchos los cambios a realizar y poco el tiempo de que se dispone para hacerlo. El proceso requerirá de imaginación y voluntad de cambio para buscar respuestas específicas a una realidad económica y social que es notablemente peculiar. No caben, por tanto, ni el recurso a las fórmulas preconcebidas, ni el trasplante mimético de experiencias. Detrás de esos cambios están las demandas de una sociedad que quiere estar a la altura de su tiempo y que sabe que la peor de las opciones es encerrarse en la complaciente reivindicación de su pasado.
