CUBA: La Nación Migratoria.

CA360: ¨La Patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie”… José Martí

Por Rafael Rojas* — Fuente: OnCuba

A pesar de las nuevas flexibilidades, los emigrados cubanos no son asumidos, desde la ley y la ideología del Estado, como parte de la nación.

En su forma más depurada (la transculturación de Fernando Ortiz) el concepto de cubanidad superó las fobias contra la inmigración antillana o española que se acumularon a principios del siglo XX. Ramiro Guerra en Azúcar y población en las Antillas (1927) o Alberto Lamar Schweyer en La crisis del patriotismo (1929) dejaron testimonios de un criollismo racista que, como escribiría el segundo, a partir de sociólogos latinoamericanos (Bunge, García Calderón, Gil Fortoul, Vallenilla Lanz, Edwards…), intentaba captar el momento en que “el inmigrante deja de ser un elemento de unión, progreso y socialización” y, como consecuencia de una “mala distribución migratoria”, comienza “a ser perturbador, disociador y peligroso a la integración de la nacionalidad”.

Al subordinar la nacionalidad al control migratorio, la doctrina republicana de la cubanidad produjo una exaltación del mestizaje que invisibilizaba comunidades negras, chinas y de otros componentes de la nación. Con la Revolución de 1959, aquella doctrina se declaró superada junto con el racismo, como rezagos burgueses del antiguo régimen. Pero tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, en los 90, la ideología de Estado y la política cultural y educativa regresaron a la tesis de la cubanidad, como puede leerse en textos de Amando Hart, Abel Prieto, Eduardo Torres Cuevas, Ambrosio Fornet, Miguel Barnet y otros autores.

El concepto de “identidad nacional”, que se recicló en los 90 y se incorporó a la Constitución de 1992, se plasma en documentos que acompañaron la primera conferencia de “La Nación y la Emigración”: el ensayo “Cultura, cubanidad y cubanía” (1994) de Abel Prieto o el libro Cultura e identidad nacional (1995) de Armando Hart. Ambos textos describen un ajuste ideológico, que a la vez que se aparta del marxismo-leninismo y combate el multiculturalismo postmoderno, no suscribe otras versiones del marxismo cubano: Manuel Moreno Fraginals, Walterio Carbonell, Antonio Benítez Rojo, Pensamiento Crítico

Como en el viejo pensamiento evolucionista, del que se burló Jorge Luis Borges en Otras inquisiciones y criticó Michel Foucault en Las palabras y las cosas, a partir de entonces los cubanos empezamos a ser clasificados en miembros de la “cubanidad interior”, miembros de la “cubanidad exterior”, miembros de la “cubanía” y “anticubanos”. Esta última denominación, adoptada por los principales ministerios e instituciones del gobierno, desde los 90, sigue rigiendo la concesión, o no, de pasaportes habilitados o permisos de ingreso a la isla.

El ajuste ideológico tuvo efectos en la legislación y la política migratoria, empezando por la fórmula misma de “Nación y Emigración”, que da por hecho que son dos cosas distintas. En medio del reforzamiento del embargo (Ley Torricelli de 1992, Ley Helms-Burton de 1996, sanciones de la administración Bush en 2003), se promovió una idea de la emigración como base electoral de la clase política cubano-americana. Valiosos estudios académicos sobre los emigrados, dentro de la isla (Jorge Hernández, Milagros Martínez, Ernesto Rodríguez Chávez, Antonio Aja Díaz, Jesús Arboleya…), otorgan un lugar central a las posiciones de la comunidad respecto al embargo.

No menos valiosos estudios producidos fuera de la isla (Lisandro Pérez, Guillermo Grenier, Max Castro, Susan Eckstein, Jorge Duany…) también giran, por lo general, sobre la misma dinámica, aunque con mayor matización sociológica. Se trata de una gravitación comprensible hacia las posibilidades de cambio político en la comunidad emigrada pero que, en buena medida, remite la comprensión de un fenómeno tan complejo y heterogéneo como una diáspora transnacional al diferendo entre Estados Unidos y Cuba.

Tal vez sea hora de desplazar el debate sobre la emigración a donde se encuentra en América Latina y el Caribe: el respeto pleno a los derechos en el país de origen y en el de destino. El derecho a viajar, repatriarse o relacionarse como cada quien decida con la isla es vulnerado por el embargo. Todo el dispositivo jurídico del embargo, que va de la Ley Helms-Burton a las más recientes sanciones de Trump, por su carácter extraterritorial y punitivo, es violatorio de la soberanía cubana, pero también de los derechos de la ciudadanía de la isla y la diáspora.

Dicho esto, no tiene sentido desconocer que la falta de estatuto jurídico de los emigrantes en la Constitución, el rechazo de permisos de entrada por motivos políticos o la estigmatización de miembros de la diáspora en medios e instituciones de la isla, también constituyen violaciones que carecen de equivalente en el constitucionalismo latinoamericano y caribeño, de izquierda, centro o derecha. A inicios de la tercera década del siglo XXI, el derecho migratorio cubano sigue capturado por la legislación antiembargo de fines del siglo XX. Esa captura no es causa sino efecto de una idea excluyente de la nación.

*Rafael Rojas, (Santa Clara, 1965). Licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y Doctor en Historia por El Colegio de México. Profesor e investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la Ciudad de México, y Global Scholar en la Universidad de Princeton. Premio Matías Romero de Historia Diplomática por la tesis doctoral Cuba mexicana. Historia de una anexión imposible (2001), Premio Anagrama de Ensayo por el libro Tumbas sin sosiego. Revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano (2006) y Premio Isabel de Polanco por el ensayo Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la Revolución de Hispanoamérica (2009). Sus últimos libros son: Fighting Over Fidel. The New York Intellectuals and the Cuban Revolution (Princeton University Press, 2016) y Traductores de la utopía. La Revolución Cubana y la Nueva Izquierda de Nueva York (Fondo de Cultura Económica, 2016). Miembro de la Academia Mexicana de la Historia.

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