Escrito por Armando Chaguaceda Noriega
Este texto es fruto de una colaboración entre Expediente Abierto y Gobierno y Análisis Político AC. Tomado de Expediente Abierto con permiso de su autor.
En Cuba se ha autorizado la creación de pequeñas y medianas empresas privadas, llamadas Mipymes. Aparecidas en la coyuntura de una grave crisis económica y política, el suceso genera hoy un debate sobre en qué medida los nuevos actores socioeconómicos refuerzan el régimen autoritario o empoderan a la ciudadanía. Además de ciertos análisis fundamentados desarrollado recientemente por expertos cómo Dimas Castellanos, Mauricio de Miranda, Elías Amor y Rafaela Cruz, el debate se polariza entre sus defensores y detractores. Para quienes hemos defendido alguna vez el lugar de las formas no estatales —el trabajo por cuenta propia, las cooperativas, la autogestión— en las reformas económicas del socialismo de Estado, las Mipymes son un tópico de interés. De ahí la razón de este texto.
Si bien la Constitución de 2019 reconoce la propiedad privada, aún siguen limitadas las oportunidades para obtener propiedades y operar negocios. En junio de 2021, el Gobierno anunció que permitiría la formación de pequeñas y medianas empresas, y que limitaría sus actividades a sectores no estratégicos2. Entre los déficits para el desarrollo de las mipymes hay que mencionar el trato discriminatorio que existe entre las posibilidades del sector privado en Cuba y aquellas que disfruta la empresa extranjera, beneficiada por la posibilidad a invertir y obtener exenciones impositivas. Aun así, el crónico desabasto de la oferta estatal de bienes y servicios, unido al espíritu emprendedor de un sector de la población y el criterio extendido —con abundante evidencia empírica—de la incapacidad de la empresa estatal socialista para proporcionar prosperidad personal y colectiva, conceden atractivo a la irrupción de los nuevos negocios. No obstante, el reciente impulso al sector en Cuba contrasta con otras experiencias latinoamericanas de fomento del emprendimiento; entre las que destaca el entorno y calidad institucionales, el marco legal, así como el apoyo al financiamiento y la innovación sectoriales.
En ese contexto, la creación de las mipymes parece favorecer el surgimiento de una clase empresarial, cuyos principales integrantes y mecanismos de desarrollo —a través del acceso al crédito, los insumos y los permisos para invertir y operar— poseen lazos políticos con el Gobierno cubano3 conexiones con capitales cubano-americanos e interlocución con segmentos de la actual Administración estadounidense. Rafael Rojas, un académico reconocido y nada sospechoso de radicalismo, definió el fenómeno de modo exacto: “El Gobierno de Estados Unidos y el Partido Demócrata, que actualmente lo conduce, son, en la prensa oficial cubana, rostros habituales del demonio imperialista. Pero probablemente no haya otro Gobierno en el mundo, con su embajada en La Habana, que defienda más abiertamente las ‘mipymes’ como fórmula para desarrollar el sector no estatal de la economía y la sociedad civil en la isla”. La forma del capitalismo político o autoritario asoma en el horizonte de la Cuba actual, cuya élite y asociados parecen impulsar una variante local de la piñata sin acompañarla con alguna apertura al pluralismo4.
Promotores y detractores
Los defensores de las mipymes —tecnócratas gubernamentales, empresarios cubano-americanos, intelectuales, medios de prensa y organizaciones de llamada zona gris de la sociedad civil— las presentan como respuesta relevante a la crisis nacional. En realidad, no parecen tener potencial para serlo, ni siquiera en su dimensión estrictamente económica, al operar en un entorno de restricciones (legales, crediticias, materiales, monetarias, etc.) derivadas de la persistente vocación de control estatal5. En lo político, el esquema y reglas de juego en que operan las mipymes favorecen su desconexión con cualquier agenda de promoción integral de la ciudadanía. A lo sumo, se permiten acciones puntuales de responsabilidad social, vinculadas a sectores vulnerables de los barrios, siempre que no se traduzcan en formas de organización e incidencia política de los empresarios6.
Cuando de ejercer incidencia se trata, el ejemplo de la carta enviada por un grupo de emprendedores cubanos a la Administración de Joe Biden revela una aparente paradoja: se le pide a un Gobierno extranjero lo que no se le exige, con similar grado de articulación y contundencia, al propio7. Sea tal proceder el producto de elección de los peticionarios, de coacción ejercida por agentes gubernamentales —lo que han atestiguado al autor dos fuentes implicadas en la iniciativa— o una mezcla de ambas, la imagen que aparece es de empresarios convertidos, por un momento y hacia un solo lado, en agentes políticos. En contextos autoritarios, la vocación de incidencia del sector privilegiado de los empresarios suele concentrarse —a falta de oportunidades de modificar la política oficial— en obtener ventajas puntuales y maximizar sus ganancias, desentendiéndose de reclamos más amplios, en clave de derechos, para sí y para el resto de la población. Ese esquema se sustenta en la precariedad legal y la subordinación política del sector, unido a la desigualdad, pobreza y exclusión para quienes no participan del arreglo cupular. Así ha sucedido en países como la Venezuela chavista y su actual etapa madurista; Nicaragua —hasta su deriva autoritaria reciente—; y la Rusia de Putin, por ejemplo8.
La inhibición de cualquier acción que moleste al Gobierno cubano se extiende más allá de las fronteras de la isla; los promotores externos de las mipymes también parecen asimilar pautas de conductas aceptables para el autoritarismo. Lo demuestran las narrativas que equiparan liberalización económica y democratización política o que alegan que lo posible es mejorar la vida material de la gente. A ello se une, en el plano práctico, el debilitamiento de la comunicación entre quienes privilegian el fomento a los emprendedores y quienes promueven la realización integral de las dimensiones y agendas ciudadanas. Debilitamiento que antecede los cuestionamientos de los “radicales del exilio”. Por ejemplo, la participación de representantes de Cuba Study Group, promotores del emprendimiento privado en la isla, en las reuniones anuales del Centro de Estudios Convivencia (comprometido con el desarrollo de la sociedad civil cubana), se ha interrumpido desde hace varios años. Semejante distanciamiento sugiere un cambio de agenda de la organización estadounidense; si antes se promovía en simultáneo el apoyo a los emprendedores y el fomento del activismo civil, hoy parecen haberse decantado, en exclusiva, por lo primero.
Los detractores de las mipymes, por su parte, cuestionan el uso que hace el Gobierno y sus socios internos y extranjeros de aquellas. La crítica, acertada en cuanto al marco, instrumentalización y objetivos políticos de las mipymes, parece a veces ignorar que, pese al esquema oficial, el fenómeno es diverso: conviven en este conjunto el selecto grupo de empresarios pertenecientes a la élite gobernante o aliados de esta, con una masa de gente que intenta emprender sin conexiones. Lo anterior complica el cuestionamiento, en bloque, de la totalidad del sector. Sucede con las mipymes lo que antes sucedió con la despenalización de la divisa, el acceso a celulares e Internet, la reforma migratoria o la autorización para importar alimentos y medicinas en medio de la pandemia: son medidas necesarias y reclamadas durante mucho tiempo que se implementan en el momento y modo en que el Estado necesita aliviar la escasez o presión sociales.
Como decía el escritor Scott Fitzgerald, “la prueba de una inteligencia de primer orden es la habilidad de sostener ideas opuestas en la mente al mismo tiempo y aun así mantener la habilidad de funcionar”. Es posible, entonces, cuestionar el uso oficial oportunista de las mipymes —orientadas a maximizar el control y el dinero en manos del Gobierno— al tiempo que se reconoce la necesidad ciudadana de operar dentro de esas circunstancias. Buscando transformarlas o sortearlas, en lo que tienen de mecanismo de acumulación de poder y riqueza. Empoderando auténticamente a la masa no privilegiada de sus titulares y empleados, no solo como empresarios, sino también como ciudadanos.
El problema
Piketty recuerda en Capital e ideología (2019) que las nociones con las que se lee y transforma el mundo —los mercados, los salarios, el capital y la competencia— son construcciones sociales e históricas; que refieren a representaciones que cada sociedad tiene de la justicia social, de la economía y de las relaciones de fuerza entre los diferentes grupos y discursos implicados. En el caso cubano, con un funcionariado e instituciones de calidad tendencialmente decrecientes, se concede a los gobernantes el tiempo, la capacidad y la voluntad para rectificar el rumbo y acometer las reformas sugeridas. No importa que se haya demostrado la falta de calidad de una élite y un diseño institucional incapaces de promover el bienestar general de la nación. Mientras tanto, las urgencias y reclamos de los sectores populares son solo interpretados como presiones para la reforma desde arriba.
El problema en Cuba hoy no es, per se,la figura y existencia de las mipymes o la identidad de quienes conforman la mayoría de estas.El problema reside en el contexto, coyuntura y beneficiarios que las condicionan políticamente; enfatizando de manera espuria la singularidad, la selectividad y la secuencialidad en el desarrollo del sector. Se trata de una narrativa afín a la cosmovisión de políticos, empresarios y académicos cobijados bajo un orden político autoritario.
La singularidad está dada por el hecho de que solo ciertos actores pueden tener actividades, recursos, voz e incidencia en el universo emprendedor, al estar discrecionalmente avalados o habilitados por el Gobierno. Una circunstancia que es opuesta a la pluralidad que debería primar en un esfuerzo real de empoderar múltiples actores. Como establece el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, opuesto a singularidades como la antes mencionada, todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. En ese sentido, el apoyo —que respaldo— a las mipymes debería partir de un esfuerzo en el que la pluralidad de voces (empresarios, académicos, activistas, trabajadores, etc.) sean reconocidos como protagonistas del desarrollo del sector privado y cooperativo.
La selectividad tiene su máxima expresión en el hecho de que en la práctica oficial, en la propaganda y en el discurso de los defensores a ultranza de las mipymesse privilegian unos derechos (a emprender económicamente) por encima de otros (a participar, al trabajo digno, a la libre expresión y asociación) bajo un modelo que fomenta consumidores y emprendedores, pero no ciudadanos. La ausencia de un Estado de Derecho y la dependencia de la buena voluntad y las conexiones con el poder ni siquiera garantizan al personal de las mipymes su posición como emprendedores y titulares de los derechos que defienden y ponderan9. La aproximación y abordaje del fenómeno del emprendimiento y, en especial, de las mipymes, no debería ser selectiva, sino integral. Integral en tanto la visión pública y privada de los impulsores de esa agenda debería contemplar el carácter indivisible de los derechos humanos y considerar como meta la materialización de todos los derechos para todas las personas10.
Por último, la secuencialidad con la que algunos miran el fenómeno del emprendimiento en Cuba, es heredera de una lectura mecanicista y teleológica de la modernización y el desarrollo institucional. Una lectura según la cual habría que fomentar primero el crecimiento económico del capitalismo para detonar la producción de riquezas11 generar un cambio social —con clases medias— y desembocar en una democratización. En realidad, la historia muestra que, si bien no han existido democracias sin capitalismo, ha habido bastante capitalismo sin democracia. Hoy la contraposición fundamental a escala global entre sistemas económicos y políticos —a diferencia de la Guerra Fría— no es entre comunismo y capitalismo, sino entre un capitalismo político autoritario12—al que apuntaría el actual modelo cubano, siguiendo los ejemplos chino o ruso—vs. un capitalismo liberal democrático vigente, con altibajos, en la mayor parte de nuestro continente.
En contraposición con el enfoque mecanicista de etapas, hay que reivindicar la simultaneidad de demandas —en pro de la mayor cantidad y tipos de libertades— en el proceso de desarrollo político. Es problemático apostar en exclusiva para conseguir algunos progresos (económicos) para algunas personas (propietarias) y pensar que luego, en plazos de tiempo que no controlamos, se extenderán todas las libertades a la generalidad de la población. Hacer eso nos obliga, en el aquí y el ahora, a negociar y poner en pausa los reclamos y suerte de la mayoría —económicamente explotada, políticamente oprimida— de la población.
Lo que creo sucede hoy en (torno a) Cuba, inmersa en su entrada en la modernidad neocapitalista (de Estado) de la mano de la élite del viejo Estado comunista, es la conformación, coexistencia y creciente confrontación de dos coaliciones sociopolíticas. Portadora, cada una, de diversidad de sujetos, demandas y proyectos colectivos. Dos constelaciones en cuyo seno lo ideológico tiene presencia difusa, pues cada una cobija a izquierdistas, derechistas y otra mucha gente sin ismo alguno. Dos coaliciones difusas y dinámicas, que están ahora articulándose y redefiniéndose, globalización mediante, en las fronteras de la nación cubana y de su diáspora.
La coalición autocrática, formada por una élite ligada al actual régimen, una capa media de empresarios, intelectuales y funcionarios beneficiados por sus conexiones con el poder y una base popular —residuo del antiguo pacto social, clientelar y envejecida— de partidarios ideológicos del sistema, sostienen el actual statu quo y su liberalización económica controlada13. La coalición democrática está compuesta mayormente por capas medias y populares, mayormente empobrecidas, desconectadas y críticas del poder, con un potencial difuso de cambio de régimen. Se encuentra reunida en la conciencia y el reclamo de que, de seguir con lo mismo y los mismos, solo se perpetuarán —ampliándose— las formas de exclusión vigentes. Si bien puede haber personas y grupos que invoquen modelos alternativos —incluidas los libertarios de izquierda y derecha— el capitalismo autoritario y el capitalismo democrático, aparecen como horizontes potenciales de cambio, como resultado del accionar de dichas coaliciones.
Quienes abogamos desde hace tiempo por la creación de un sector de pequeña y media propiedad no estatal para dinamizar la economía cubana en el marco de un proyecto democratizador, no deberíamos ahora canonizar o satanizar, tout court, al sector. De lo primero se encargan los lobbistas del capitalismo autoritario; lo segundo puede enajenar más al emprendedor de a pie de la cultura y lucha cívicas. En el siglo XXI, el desarrollo sustentable de Cuba no provendrá con la acumulación originaria de algunos capitalistas si no se fomentan, en paralelo, los derechos de sus ciudadanos. De esos millones de personas que hoy forman la masa, empobrecida y envejecida, de trabajadores, jubilados y desempleados de la población cubana.
El desarrollo integral de un país se sustenta en instituciones inclusivas, en las cuales la modernización socioeconómica, el Estado de derecho y la participación política autónoma de la ciudadanía vayan de la mano14. Como han señalado diversos especialistas, los modelos autoritarios —en la inmensa mayoría de experiencias verificables— dificultan la capacidad de corrección de las políticas decididas desde arriba por sus élites, con especial impacto para los sectores más desfavorecidos15. El actual enfoque oficial sobre las mipymes en Cuba ignora la experiencia de países pequeños de nuestro continente, como Costa Rica, Panamá o Uruguay, desprovistos de grandes reservas de metales preciosos o hidrocarburos, donde el desarrollo socioeconómico y la calidad democrática han tenido sana retroalimentación durante el último medio siglo.
Avales a la aprobación y crecimiento de las mipymes definidos a partir de la lealtad política y la pertenencia a familias de funcionarios; con administradores de antiguas empresas estatales y oficiales de la policía política reconvertidos en entusiastas capitalistas16. Amenazas a emprendedores que intentan autoorganizarse, de modo autónomo, en beneficio del gremio; como sucedió con la Red de Emprendedores entre mayo y junio de 2021. Desabastecimiento de los mercados estatales -incluida la canasta de productos entregados a precios subsidiados por la libreta de racionamiento- de la mano con la “misteriosa” abundancia de los nuevos bodegones privados abiertos en la Habana y otras ciudades17. Empresarios de la isla y del exterior que importan a gran escala bienes de consumo y duraderos, para venderlos en condiciones ventajosas al cautivo y desabastecido mercado de la isla18. Todo ello apunta a la convergencia de procesos opacos y no auditables de privatización de activos, acumulación de capital y reestratificación social en un nuevo modelo en construcción.
Sortear la trampa
La condición humana, en el pasado y en el futuro, está atravesada por dimensiones y deseos variados, tanto materiales como espirituales. Las personas no somos solo animales con apetitos que anhelan consumir o acumular; tampoco únicamente seres con valores posmateriales, enfocados en opinar y participar. Frente a la singularidad de algunos privilegios, una pluralidad de reclamos. Ante la selectividad de concesiones, la integralidad de derechos. En lugar de una secuencia incierta de progresos, la simultaneidad de demandas.
Escapemos de la trampa del binarismo estrecho. Puede reconocerse la legitimidad de querer emprender, explorando alternativas (de apoyo material, capacitación, comercialización, etc.) que rompan la dependencia con el Gobierno y trabajar diferenciando a la inmensa mayoría de emprendedores huérfanos de privilegios que no forman parte de la élite de protooligarcas. Buscar rutas para apoyar a esa masa de emprendedores sin padrinos, y facilitar vías no estatales y autónomas para el acceso (online y offline) a microcréditos para la capacitación profesional, la compra de maquinarias19 y para el apoyo a la organización e incidencia gremiales efectivas.
Estudios recientes, ubicando la realidad de Cuba dentro de un marco teórico y global, reivindican la posibilidad de un sector de pequeños propietarios y productores cuya labor fomente, en paralelo, la generación de riqueza y autonomía personales junto a la provisión de bienes y derechos colectivos20. Las entidades que desarrollen, desde la diáspora o en la isla, labores de fomento y educación empresariales, deben reforzar en simultáneo el apoyo a emprendedores —incluido su currículo de formación cívica— y el apoyo a los activismos varios. Sacrificar esto último en el plano discursivo o real, como hacen algunos promotores de las mipymes, es apoyar la implementación de un capitalismo autoritario; lo que amplifica las exclusiones, las manipulaciones y los privilegios.
En un texto publicado en 2015 (Entre el deshielo y la normalización, Letras Libres) alerté que “Si la anunciada normalización no se ve acompañada de procesos de empoderamiento ciudadano y cambio democrático, proseguirá la marcha triunfante del capitalismo autoritario (conjugando la retórica comunista y la explotación voraz de los trabajadores) mientras sus élites (y asociados globales) podrán lucrar, reprimir y perpetuarse, con la venia hemisférica“. Frente a ello, entonces, invitaba a los demócratas de dentro y fuera de la isla a ”imaginar y construir –con fórmulas de justicia social, pluralismo político y prosperidad económica– futuros alternativos para el pueblo cubano”. Ocho años después sigo convencido de que esa es la ruta para la auténtica normalización nacional.
NOTAS
[1] Este texto, aproximación personal y exploratoria al fenómeno, debe mucho a las conversaciones con colegas —académicos, emprendedores y ciudadanos— involucrados con el tema, residentes en Cuba y emigrados. No puedo mencionar todos sus nombres sin el riesgo de cometer omisiones e indiscreciones. Especial agradecimiento a los doce emprendedores —seis de ellos activos— que testimoniaron sus experiencias dentro del sector, desde la era Obama y hasta el presente. Sus comentarios mejoraron mi comprensión del fenómeno. Los errores son de mi total responsabilidad
[2] Un empresaria consultada sobre el origen del fenómeno indica “La conversión de los trabajadores por cuenta propia a mypime se produjo por obligación, el marco jurídico fuerza el proceso de migración a mypime para hacer al sector mas auditable por la Contraloría al tiempo que vende la imagen de apertura con sector privado”
[3] Varios (6) de las fuentes consultadas reconocieron que poseer nexos con el gobierno -por vinculos familiares o participacion en el funcionariado- ayudaba al crecimiento de la Mipyme. En contraste, una empresaria del sector de comercialización de alimentos, dijo que más que la selectividad política, lo que limita “la entrada al sector en general lo define la burocracia, el tipo de negocios aceptado o no rechazado en la legislación actual, la obligación legal para cumplir requisitos básicos de contratación, etc”
[4] El uso precursor del concepto lo debemos a Max Weber, identificando sistemas políticos y económicos anteriores y alternativos al capitalismo liberal, basados en la explotación de las oportunidades de lucro derivadas del acceso, control y ejercicio del poder político
[5] Sobre la presion tributaria excesiva que lastra el desarrollo del sector un empresario habanero se quejó “Más del 50% de ingreso de mypimes se van en impuestos, es más ganancia para el gobierno”
[6] Una fuente residente en la isla cuestiona “el régimen cubano no trasciende la visión del empresario privado como un resolvedor coyuntural de necesidades que él está incapacitado de proveer, pero no como un actor esencial de la gestión económica de la nación.”
[7] Dentro del propio sector parece haber conciencia de los usos de la agenda para objetivos del gobierno. Una empresaria lo dice claramente “Sobre cartas a Biden sobre el bloqueo, esa es sólo una preocupación de una parte favorecida de las mypimes. La lucha de las pequeñas mypimes es para que les bajen los impuestos”
[8] Ver B. Rosenfeld: The Autocratic Middle Class: How State Dependency Reduces the Demand for Democracy, Princenton University Press, 2021; B. Magyar y B. Madlovics: The Anatomy of Post-Communist Regimes: A Conceptual Framework, CEU Press, Budapest-New York, 2020.
[9] Como hace notar una fuente consultada en Cuba “la falta de Estado de Derecho se reproduce en las empresas privadas, dificultando los derechos laborales y consagrando formas prohibidas de explotación. Escucho que hay mucha explotación de los trabajadores en bares y restaurantes, desde jornadas laborales despiadadas, falta de salario y vacaciones, hasta extorsión sexual. Del mismo modo prácticas racistas y misóginas: muchos restaurantes buscan para atender al cliente a mujeres jovenes, blancas y buena apariencia”.
[10] En ese sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recuerda que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. Estando tal derecho sólo sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, ademas de respetar lo estipulado en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la protección del derecho de sindicación.
[11] Se trata de una interpretación de cierto modo similar —en cuanto a privilegiar un apoyo al orden y la acumulación— a la agenda que sostuvieron las dictaduras del Cono Sur con la promesa de la ulterior prosperidad general detrás de la privatizacion y ajuste neoliberales. Lo que, en el actual escenario de descapitalización, reducción del gasto social y deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población cubana, la condenaría a seguir esperando, de manera disciplinada, a que se generase la supuesta derrama detrás del crecimiento prometido.
[12] Como han explicado recientemente M. Wolf (The crisis of democratic capitalism, New York: Penguin Press, 2023), B. Milanovic (Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules the World, Harvard University Press, 2019), T. Piketty (Capital et idéologíe, Seuil, 2019) y R. Holcombe, Political Capitalism: How Economic and Political Power Is Made and Maintained, Cambridge University Press, 2018.
[13] Como alerta un investigador social consultado “el empoderamiento de nuevas élites, sin libertad política, lleva a un acomodo en un modelo de explotación despiadada que, de resultar exitoso en cambiar la cara del régimen comunista y abrirle mercados y relaciones internacionales, será imposible después cambiar”
[14] Ver Acemoglu, D. y Robinson, J. A. (2019). The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty, Londres, Penguin Press.
[15] J. Stiglitz, al revisar las agendas de reformas promovidas bajo el Consenso de Washington, expuso: “El desarrollo no consiste en ayudar a unos pocos individuos a enriquecerse o en crear un puñado de absurdas industrias protegidas que solo benefician a la elite del país (…). El desarrollo consiste en transformar las sociedades, mejorar las vidas de los pobres, permitir que todos tengan la oportunidad de salir adelante y acceder a la salud y a la educación. Este tipo de desarrollo no tendrá lugar si solo unos pocos dictan las políticas que deberá seguir un país. Conseguir que se tomen decisiones democráticas quiere decir garantizar que un abanico de economistas, funcionarios y expertos de los países en desarrollo estén activamente involucrados en el debate. También implica una amplia participación que va bastante más allá de los expertos y los políticos”. Ver “Hacia una globalización con un rostro más humano», en El malestar de la globalizacion,Taurus, Madrid, 2002.
[16] Ver al respecto los varios reportajes y noticias de la prensa independiente (YucaByte, ADN Cuba, Cubanet, Cibercuba) y las denuncias de activistas cubanos.
[17] Basta revisar las redes sociales de residentes en la isla y sitios de comercio informal (tolerado) como Revolico
[18] Empresas como Katapult, SuperMarket23, Alamesa –entre otras- captan hoy un flujo constante de divisas de los emigrados en la compra de alimentos y otros bienes de consumo para sus familias en la isla. En ese tema, una microempresaria riposta “Los precios de las mypimes (aunque caros) son muchas veces más económicos que en las tiendas MLC o en negocios online como Katapult, etc”
[19] Interrogados sobre el particular, todos los entrevistados (menos una) indicaron el deseo de que en el sector se transite de una presencia importante de comercializadores a un mayor peso de productores. Una de las fuente, dedicada al comercio, fue enfática “hay que hablar sobre la dificultad para producir “Es uno de los problemas fundamentales de las mypimes. Se encarecen demasiado los procesos, por eso más fácil solo importar”
[20] Ver Louis Thiemann: The Third Class. Artisans of the World, Unite? International Institute of Social Studies, Rotterdam, 2022.
Este texto es fruto de una colaboración entre Expediente Abierto y Gobierno y Análisis Político AC. Tomado de Expediente Abierto con permiso de su autor.
AUTOR
Armando Chaguaceda Noriega, La Habana, Cuba 1975, un politólogo e historiador cubano graduado de la Universidad de La Habana es especializado en el estudio de la sociedad civil y el régimen político en Cuba y en varios de sus aliados del ALBA. Chaguaceda ha sido parte, en su país natal y en Latinoamérica, de diversas organizaciones y redes de activismo, alrededor de una perspectiva progresista pero antiautoritaria. Es miembro de Amnistía Internacional y profesor de la Universidad de Guanajuato (México).
Fte: CUBA X CUBA
