Por: Domingo Amuchástegui. Fuente: Cuba Posible.
Un manifestante anti-gobierno se encuentra junto a una bandera nacional durante una protesta de la oposición que bloquea la carretera Francisco Fajardo en Caracas el 27 de mayo de 2017. Las manifestaciones que se iniciaron a finales de marzo han cobrado la vida de 58 personas, Aumentan la presión sobre el presidente izquierdista de Venezuela, cuya ya baja popularidad ha crecido en medio de la continua escasez de alimentos y medicinas, entre otros problemas económicos. / AFP / LUIS ROBAYOmong other economic woes. / AFP / LUIS ROBAYO
La votación en respaldo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como instrumento para encaminar (según el propósito declarado del Gobierno de Nicolás Maduro) al país por un rumbo más ajustado a las nuevas realidades que se enfrentan y que asegure niveles de diálogo, concertación y estabilización, tuvo lugar el pasado 30 de julio. Asistieron, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), poco más de ocho de los casi 20 millones de electores registrados en el padrón electoral. Un amplio sector de la oposición, encabezado por los que han ido agotando todas las modalidades golpistas desde el 2002 y que nunca aceptaron las repetidas victorias electorales del chavismo, desafió mediante el uso de la violencia extrema dicha convocatoria y cuestiona hoy, con idénticas tácticas y medios, los resultados anunciados por el CNE. Examinemos los hechos.
Las vísperas
Figuras dirigentes de la oposición belicosa aseguraban que habría un 90 por ciento de abstención y un 25 por ciento de votos anulados (Delsa Solórzano) y que los votantes no llegarían a 2 millones (Julio Borges, actual presidente de la próxima a desaparecer Asamblea Nacional).
Tales cálculos -súper optimistas- no se basaban en ninguna aproximación responsable y seria en cuanto a enfrentar, de manera pacífica y pactada, la convocatoria. El rechazo confrontacional prevaleció como patrón de conducta desde el primer día. Jugaron la carta de la violencia callejera sostenida con miras a dos grandes objetivos: a) provocar una fractura significativa en las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FFAA), con vista a precipitar una salida golpista exitosa, y b) crear un efecto mediático intimidatorio sobre los sectores dispuestos a salir a votar (susceptible de traducirse en un mayor reforzamiento del tradicional abstencionismo). Este último, el abstencionismo, resulta un fenómeno bien visible ya desde las últimas elecciones presidenciales (los partidos de oposición ganaron 3/5 de los escaños en la Asamblea Nacional, en tanto que Maduro ganó por una escasa fracción y hubo un 25 por ciento de abstención). Sobre esa realidad impactó el colapso económico (resultado del desplome de los precios del petróleo) y las diversas incongruencias (repetidos casos de corrupción y errores dentro del PSUV/Gobierno de Maduro, que se conjugaron entonces para semejantes resultados adversos).
Balance preliminar: en cuanto a los pronósticos de la oposición, el 90 por ciento de abstención no se produjo y en cuanto a los votos anulados todavía no se disponen de las cifras. También es conveniente recordar que en el plebiscito efectuado por la oposición el 16 de julio -más allá de las irregularidades detectadas- se reconoció una votación de 7,1 millones -según corresponsales británicos- y otros se anotan un 7,8 millones. Cualquiera de estas dos últimas, dista muchísimo del repetido anuncio de la oposición de que disponían del 85 por ciento del respaldo popular. En cuanto a provocar una fractura en las FFAA, devino un fiasco total y el Gobierno de Maduro continúa teniendo en “la unión cívica-militar” uno de sus pilares.
Los ángulos legales
Una y otra vez se han levantado voces en diferentes latitudes de nuestro hemisferio (empezando por Washington y pasando luego por Madrid), negándole cualquier legitimidad a la convocatoria de la ANC. En consonancia, no reconocerían los resultados de dicha constituyente. La Unión Europea (siguiendo la pauta madrileña en materia de política hacia América Latina) se pronunció unánimemente en igual sentido. Preguntémonos: ¿cuánta razón o derecho les asiste en esta posición?
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La constitución venezolana -aquella que define al Estado, al gobierno, sus instituciones, derechos y deberes- adoptada en 1999, y que no fue objetada en su momento por ninguno de los países antes mencionados, incluye diáfanamente en sus artículos 347 y 348, el derecho a convocar una asamblea constituyente por parte del Presidente. ¿Dónde está lo ilegal o inconstitucional de parte del gobierno PSUV/Maduro al utilizar este recurso para reformar y reajustar la Constitución de 1999 con los objetivos políticos que intente promover? ¿No es, acaso, lo que hacen todos los países del mundo cuando se proponen una constituyente?
¿Qué nos dice la Carta de la ONU -el máximo foro del concierto internacional posterior a la IIGM- en este terreno? Consagra el derecho de los pueblos a darse la forma de gobierno que mejor estimen, con pleno respeto a su derecho a la autodeterminación y al ejercicio de su soberanía plena, la igualdad entre las naciones y la no injerencia extranjera en sus asuntos internos. Casi nada, comparado con lo que estamos viendo en contra del actual gobierno desde hace buen rato.
Y cuando unos pocos años más tarde se fundó la Organización de Estados Americanos (OEA), ésta no hizo otra que incorporar entre sus principios rectores -olvidados hasta el día de hoy-, los mismos que figuraban en la Carta de la ONU. Cualquiera que compruebe el Artículo 19 podrá comprobar lo que digo. Entonces, la gran interrogante es: ¿está o no el gobierno PSUV/Maduro en su soberano derecho de acometer la iniciativa de la ACN?
Balance preliminar: Comencemos por la interrogante. El gobierno PSUV/Maduro está en su perfecto derecho de acometer una ANC, por lo que aquellos Estados y gobiernos que se lo cuestionan y rehúsan a reconocerlo, incurren en una seria violación del derecho internacional. Se perfila así la orquestación de un asedio internacional (como lo describe el sociólogo venezolano, empresario y director de la encuestadora Hinterlaces, Oscar Schémel), en términos de una campaña internacional de “Cerco y Asfixia”.
Esta tiene entre sus consecuencias más previsibles las siguientes: a) volcar un apoyo total (léase grosera injerencia) a las fuerzas opositoras y a sus facciones más violentas; b) contribuir a desarticular el normal desenvolvimiento de la ANC y de su posterior desarrollo; c) añadir una carga de sanciones económicas que tienden a empeorar la actual situación económica y bloquear los esfuerzos gubernamentales en favor de una recuperación económica y social; d) tiende a anular las gestiones de mediación y diálogo que durante meses estuvo encabezando el ex-presidente del gobierno español, el socialista Rodríguez Zapatero; y e) la totalidad de este clima “de cerco y asfixia” busca, por igual, precipitar un desenlace bonapartista que desemboque en una acción golpista con base en sectores de militares que puedan, eventualmente, ceder ante semejantes presiones.
La votación de la ANC (30 de julio)
Con el anuncio de apenas 8 millones de electores de un total próximo a los 20 millones (para poco más de un 41 por ciento), no es como para echar al vuelo las campanas y cantar victoria. En medio de las circunstancias actuales, devenía tarea titánica bien difícil articular una votación superior al 50 por ciento. No olvidemos, ni tratemos de minimizar, la gravitación negativa de un sector de oposición capaz de desplegar sostenidamente acciones violentas de todo tipo, respaldadas y validadas por una importante concertación de fuerzas hemisféricas encabezadas por Estados Unidos (desde la Administración Obama y continuada por Trump; y por el gobierno español de Mariano Rajoy animando al resto de las cancillerías de la UE en una dirección similar), unido todo ello a los factores apuntados más arriba y que desempeñan un papel igualmente importante.
La impugnación de los sectores más violentos de la oposición a los 8 millones alcanzados fue instantánea y se ha visto favorecida por las declaraciones de los ejecutivos de una de las empresas clave del proceso electoral (Smartmatic), que han cuestionado la validez de alrededor de un millón de los votos emitidos que, según ellos, apunta a un cierto nivel de fraude y que se requería de una auditoría. Servida así una excusa ideal en bandeja de plata, los delirantes de la ultraderecha se lanzaron de inmediato a proclamar que el fraude involucra no el millón puesto en duda por la empresa antes mencionada, sino que se está en presencia de un fraude mayúsculo de más de siete millones de votos y que, consecuentemente, habría votado apenas el 12 por ciento de los electores; lo cual, para no pocos observadores, resulta una monumental exageración.
Balance preliminar: Los 8 millones de votantes (o si se quiere admitir algún nivel de fraude que reduzca dicha cifra a 7 millones), sigue siendo una cifra que no puede ser subestimada ni desestimada. Es más, si resulta legítima la cifra, es aún mayor que en otras ocasiones, desde la primera convocatoria a la ANC de 1999. Y hablo de números redondos y no de cifras porcentuales (recordemos que el chavismo obtuvo entonces 72 por ciento de los votos emitidos en esa primera convocatoria). América Latina y la UE están repletas de ejemplos de gobiernos, asambleas legislativas y referendos donde los números redondos de los vencedores se han quedado por debajo del 50 por ciento, incluso bordeando un tercio en no pocas ocasiones. Por otra parte, no existe todavía un desglose de la filiación política exacta de los 545 constituyentistas, factor éste que limita el diagnóstico.
¿Ha echado mano el gobierno PSUV/Maduro al socorrido recurso del fraude electoral tan “popular” en nuestras tierras de América, la conocida “cañona” o “el pucherazo” con la “magia” de los números? Que le pregunten al PRI, de México, decano en estos menesteres, y otros no menos ilustres. Muy por el contrario, Chávez ganó limpiamente su primera elección presidencial, siendo todas las instituciones de entonces las mismas de la constitución de 1961. Bajo el amparo de la nueva constitución (1999), ganó otras dos presidenciales y otros referendos, amén de la mayoría abrumadora de las gobernaciones de los 23 Estados y las municipalidades. Perdió un solo referendo y lo reconoció; no recurrió a ninguna “cañona” o “pucherazo”. Es más, bajo el chavismo los índices tradicionales de elevado abstencionismo comenzaron a descender, de niveles por encima del 50 por ciento, al 30 por ciento y 25 por ciento; esto es, reflejando una mayor confiabilidad y motivación cívica en el ejercicio electoral. Y si ahora se registra un repunte del abstencionismo más allá del 50 por ciento, las causales de ello hay que buscarlas, fundamentalmente, en la crisis económica existente y las tácticas intimidatorias de la violencia opositora.
