Por Jesús Arboleya – Cortesía de Progreso Semanal/ Weekly
LA HABANA. Hace exactamente un año, el 17 de diciembre de 2014, reconocidos especialistas norteamericanos y cubanos discutían en La Habana sobre el futuro de las relaciones entre sus dos países. Justo antes finalizar el evento, se llevaron la sorpresa de estar todos equivocados, ni los más optimistas habían calculado la posibilidad de un inmediato restablecimiento de los vínculos oficiales entre ambas naciones.
Aunque ha sido un proceso no exento de cautela, desde el punto de vista político y diplomático se ha avanzado de manera significativa en el transcurso del año.
Se restablecieron las relaciones diplomáticas y abrieron embajadas en ambas capitales. Los presidentes Castro y Obama se han reunido un par de ocasiones y han hablado por teléfono otras tantas. Cuba recibió al secretario de Estado John Kerry y Estados Unidos al canciller cubano Bruno Rodríguez. Varios funcionarios del más alto nivel también han intercambiado visitas y realizado conversaciones sobre asuntos puntuales del proceso.
Fue creada una comisión conjunta encargada de orientar las negociaciones y se trabaja en más de veinte temas de interés común, alcanzándose acuerdos en algunos de ellos.
En ambos países la noticia fue bien recibida y cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. A escala internacional ambos gobiernos han salido fortalecidos con esta decisión.
Sin embargo, en el área económica los avances aún son escasos y ello importa, porque los intereses económicos resultan decisivos para garantizar la irreversibilidad de lo avanzado, de cara a las elecciones de 2016.
Aunque el principal problema es la existencia del bloqueo y Obama no tiene autoridad para eliminarlo totalmente, muchos analistas coinciden en afirmar que hubiera podido hacer mayor uso de su poder ejecutivo para flexibilizar aspectos importantes en su aplicación.
Tal parece que varias razones explican esta conducta. Por un lado, lo complejo que realmente resulta el entramado legal que rodea este asunto y el temor por parte del gobierno de tomar alguna decisión que pudiera ser cuestionada en cortes, con posibles consecuencias para el proceso en su conjunto.
No obstante, tampoco es descartable la intencionalidad política que pudiera esconderse detrás de esta táctica. A diferencia de los asuntos políticos, donde se ha negociado en condiciones de igualdad y con mucho cuidado entre las partes, en el área de la economía –dígase las medidas encaminadas a flexibilizar el bloqueo– ha tomado decisiones que realmente dificultan su implementación. Ante estas señales, en la parte cubana se recrudece la desconfianza, lo que complica aún más la toma de decisiones.
El resultado es que, a pesar de la gran cobertura mediática que ha acompañado estas decisiones y el interés demostrado por las empresas norteamericanas en el mercado cubano, han sido muy escasos los negocios que han podido concretarse y persisten muchas dudas en cuanto a la forma en que pudieran implementarse de cara al futuro, lo que implica un desestímulo para los avances en esta esfera.
Algunas variables determinarán el desarrollo de este proceso en el próximo año. En primer lugar, las condicionantes que imponga el proceso electoral norteamericano. Si los demócratas se sienten satisfechos con los beneficios que le ha reportado la política hacia Cuba, difícilmente estén dispuestos a correr riesgos durante el proceso electoral. Tampoco el tema de Cuba es conveniente para los republicanos, debido a las divisiones al respecto que existen entre sus filas. Observado de esta manera, pudiera afirmarse que la tendencia será el mantenimiento del status quo, disminuyendo la importancia del tema de Cuba en las elecciones.
Algunas variables determinarán el desarrollo de este proceso en el próximo año. En primer lugar, las condicionantes que imponga el proceso electoral norteamericano.
La segunda variable a tener en cuenta serán los procesos políticos en América Latina, especialmente en los casos de Venezuela y Brasil. No solo porque transforman el clima integracionista que sirvió de sustento a las exigencias latinoamericanas a favor de un cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba, sino porque pueden tener consecuencias muy negativas para la economía cubana y alentar a los sectores que en Estados Unidos abogan por el mantenimiento de las presiones y la imposición de sus condiciones.
Estos procesos políticos también pueden devenir puntos de confrontación de Cuba con Estados Unidos en el marco de las relaciones regionales, dificultando las negociaciones bilaterales y, en términos de la situación doméstica norteamericana, fortalecer al lobby de la extrema derecha cubanoamericana.
En resumen, nada indica que en el próximo año el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos avanzará mucho más allá de lo alcanzado este año y habrá que esperar el resultado de las elecciones de noviembre de 2016 para pronosticar con más elementos su futuro.
Lo único seguro es que, cualquiera sea el que resulte victorioso en los comicios, las relaciones entre los dos países se desarrollarán en un contexto cualitativamente distinto al actual.
