Por: Domingo Amuchástegui.                                Fuente: Cuba Posible.

La votación en respaldo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como instrumento para encaminar (según el propósito declarado del Gobierno de Nicolás Maduro) al país por un rumbo más ajustado a las nuevas realidades que se enfrentan y que asegure niveles de diálogo, concertación y estabilización, tuvo lugar el pasado 30 de julio. Asistieron, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), poco más de ocho de los casi 20 millones de electores registrados en el padrón electoral. Un amplio sector de la oposición, encabezado por los que han ido agotando todas las modalidades golpistas desde el 2002 y que nunca aceptaron las repetidas victorias electorales del chavismo, desafió mediante el uso de la violencia extrema dicha convocatoria y cuestiona hoy, con idénticas tácticas y medios, los resultados anunciados por el CNE. Examinemos los hechos.

Las vísperas

Figuras dirigentes de la oposición belicosa aseguraban que habría un 90 por ciento de abstención y un 25 por ciento de votos anulados (Delsa Solórzano) y que los votantes no llegarían a 2 millones (Julio Borges, actual presidente de la próxima a desaparecer Asamblea Nacional).

Tales cálculos -súper optimistas- no se basaban en ninguna aproximación responsable y seria en cuanto a enfrentar, de manera pacífica y pactada, la convocatoria. El rechazo confrontacional prevaleció como patrón de conducta desde el primer día. Jugaron la carta de la violencia callejera sostenida con miras a dos grandes objetivos: a) provocar una fractura significativa en las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FFAA), con vista a precipitar una salida golpista exitosa, y b) crear un efecto mediático intimidatorio sobre los sectores dispuestos a salir a votar (susceptible de traducirse en un mayor reforzamiento del tradicional abstencionismo). Este último, el abstencionismo, resulta un fenómeno bien visible ya desde las últimas elecciones presidenciales (los partidos de oposición ganaron 3/5 de los escaños en la Asamblea Nacional, en tanto que Maduro ganó por una escasa fracción y hubo un 25 por ciento de abstención). Sobre esa realidad impactó el colapso económico (resultado del desplome de los precios del petróleo) y las diversas incongruencias (repetidos casos de corrupción  y errores dentro del PSUV/Gobierno de Maduro, que se conjugaron entonces para semejantes resultados adversos).

Balance preliminar: en cuanto a los pronósticos de la oposición, el 90 por ciento de abstención no se produjo y en cuanto a los votos anulados todavía no se disponen de las cifras. También es conveniente recordar que en el plebiscito efectuado por la oposición el 16 de julio -más allá de las irregularidades detectadas- se reconoció una votación de 7,1 millones -según corresponsales británicos- y otros se anotan un 7,8 millones. Cualquiera de estas dos últimas, dista muchísimo del repetido anuncio de la oposición de que disponían del 85 por ciento del respaldo popular. En cuanto a provocar una fractura en las FFAA, devino un fiasco total y el Gobierno de Maduro continúa teniendo en “la unión cívica-militar” uno de sus pilares.

Los ángulos legales

Una y otra vez se han levantado voces en diferentes latitudes de nuestro hemisferio (empezando por Washington y pasando luego por Madrid), negándole cualquier legitimidad a la convocatoria de la ANC. En consonancia, no reconocerían los resultados de dicha constituyente. La Unión Europea (siguiendo la pauta madrileña en materia de política hacia América Latina) se pronunció unánimemente en igual sentido. Preguntémonos: ¿cuánta razón o derecho les asiste en esta posición?

La constitución venezolana -aquella que define al Estado, al gobierno, sus instituciones, derechos y deberes- adoptada en 1999, y que no fue objetada en su momento por ninguno de los países antes mencionados, incluye diáfanamente en sus artículos 347 y 348, el derecho a convocar una asamblea constituyente por parte del Presidente. ¿Dónde está lo ilegal o inconstitucional de parte del gobierno PSUV/Maduro al utilizar este recurso para reformar y reajustar la Constitución de 1999 con los objetivos políticos que intente promover? ¿No es, acaso, lo que hacen todos los países del mundo cuando se proponen una constituyente?

¿Qué nos dice la Carta de la ONU -el máximo foro del concierto internacional posterior a la IIGM- en este terreno? Consagra el derecho de los pueblos a darse la forma de gobierno que mejor estimen, con pleno respeto a su derecho a la autodeterminación y al ejercicio de su soberanía plena, la igualdad entre las naciones y la no injerencia extranjera en sus asuntos internos. Casi nada, comparado con lo que estamos viendo en contra del actual gobierno desde hace buen rato.

Y cuando unos pocos años más tarde se fundó la Organización de Estados Americanos (OEA), ésta no hizo otra que incorporar entre sus principios rectores -olvidados hasta el día de hoy-, los mismos que figuraban en la Carta de la ONU. Cualquiera que compruebe el Artículo 19 podrá comprobar lo que digo. Entonces, la gran interrogante es: ¿está o no el gobierno PSUV/Maduro en su soberano derecho de acometer la iniciativa de la ACN?

Balance preliminar: Comencemos por la interrogante. El gobierno PSUV/Maduro está en su perfecto derecho de acometer una ANC, por lo que aquellos Estados y gobiernos que se lo cuestionan y rehúsan a reconocerlo, incurren en una seria violación del derecho internacional. Se perfila así la orquestación de un asedio internacional (como lo describe el sociólogo venezolano, empresario y director de la encuestadora Hinterlaces, Oscar Schémel), en términos de una campaña internacional de “Cerco y Asfixia”.

Esta tiene entre sus consecuencias más previsibles las siguientes: a) volcar un apoyo total (léase grosera injerencia) a las fuerzas opositoras y a sus facciones más violentas; b) contribuir a desarticular el normal desenvolvimiento de la ANC y de su posterior desarrollo; c) añadir una carga de sanciones económicas que tienden a empeorar la actual situación económica y bloquear los esfuerzos gubernamentales en favor de una recuperación económica y social; d) tiende a anular las gestiones de mediación y diálogo que durante meses estuvo encabezando el ex-presidente del gobierno español, el socialista Rodríguez Zapatero; y e) la totalidad de este clima “de cerco y asfixia” busca, por igual, precipitar un desenlace bonapartista que desemboque en una acción golpista con base en sectores de militares que puedan, eventualmente, ceder ante semejantes presiones.

La votación de la ANC (30 de julio)

Con el anuncio de apenas 8 millones de electores de un total próximo a los 20 millones (para poco más de un 41 por ciento), no es como para echar al vuelo las campanas y cantar victoria. En medio de las circunstancias actuales, devenía tarea titánica bien difícil articular una votación superior al 50 por ciento. No olvidemos, ni tratemos de minimizar, la gravitación negativa de un sector de oposición capaz de desplegar sostenidamente acciones violentas de todo tipo, respaldadas y validadas por una importante concertación de fuerzas hemisféricas encabezadas por Estados Unidos (desde la Administración Obama y continuada por Trump; y por el gobierno español de Mariano Rajoy animando al resto de las cancillerías de la UE en una dirección similar), unido todo ello a los factores apuntados más arriba y que desempeñan un papel igualmente importante.

La impugnación de los sectores más violentos de la oposición a los 8 millones alcanzados fue instantánea y se ha visto favorecida por las declaraciones de los ejecutivos de una de las empresas clave del proceso electoral (Smartmatic), que han cuestionado la validez de alrededor de un millón de los votos emitidos que, según ellos, apunta a un cierto nivel de fraude y que se requería de una auditoría. Servida así una excusa ideal en bandeja de plata, los delirantes de la ultraderecha se lanzaron de inmediato a proclamar que el fraude involucra no el millón puesto en duda por la empresa antes mencionada, sino que se está en presencia de un fraude mayúsculo de más de siete millones de votos y que, consecuentemente, habría votado apenas el 12 por ciento de los electores; lo cual, para no pocos observadores, resulta una monumental exageración.

Balance preliminar: Los 8 millones de votantes (o si se quiere admitir algún nivel de fraude que reduzca dicha cifra a 7 millones), sigue siendo una cifra que no puede ser subestimada ni desestimada. Es más, si resulta legítima la cifra, es aún mayor que en otras ocasiones, desde la primera convocatoria a la ANC de 1999. Y hablo de números redondos y no de cifras porcentuales (recordemos que el chavismo obtuvo entonces 72 por ciento de los votos emitidos en esa primera convocatoria). América Latina y la UE están repletas de ejemplos de gobiernos, asambleas legislativas y referendos donde los números redondos de los vencedores se han quedado por debajo del 50 por ciento, incluso bordeando un tercio en no pocas ocasiones. Por otra parte, no existe todavía un desglose de la filiación política exacta de los 545 constituyentistas, factor éste que limita el diagnóstico.

¿Ha echado mano el gobierno PSUV/Maduro al socorrido recurso del fraude electoral tan “popular” en nuestras tierras de América,  la conocida “cañona” o “el pucherazo” con la “magia” de los números? Que le pregunten al PRI, de México, decano en estos menesteres, y otros no menos ilustres. Muy por el contrario, Chávez ganó limpiamente su primera elección presidencial, siendo todas las instituciones de entonces las mismas de la constitución de 1961. Bajo el amparo de la nueva constitución (1999), ganó otras dos presidenciales y otros referendos, amén de la mayoría abrumadora de las gobernaciones de los 23 Estados y las municipalidades. Perdió un solo referendo y lo reconoció; no recurrió a ninguna “cañona” o “pucherazo”. Es más, bajo el chavismo los índices tradicionales de elevado abstencionismo comenzaron a descender, de niveles por encima del 50 por ciento, al 30 por ciento y 25 por ciento; esto es, reflejando una mayor confiabilidad y motivación cívica en el ejercicio electoral. Y si ahora se registra un repunte del abstencionismo más allá del 50 por ciento, las causales de ello hay que buscarlas, fundamentalmente, en la crisis económica existente y las tácticas intimidatorias de la violencia opositora.

 

Durante la última elección presidencial, Maduro ganó por un pelo. Si como Presidente en ejercicio (tras la muerte de Chávez), y con todos los recursos del gobierno en sus manos, hubiese querido violentar los “numeritos” no hubiera sido muy problemático “sumarse” una cifra más elevada frente a Capriles. Igual para el número de diputados a la Asamblea Nacional. El hecho es que no lo hicieron, reconociendo el muy estrecho margen en la elección presidencial y los resultados bien adversos de las legislativas. ¿Cometer fraude ahora a favor de una cifra que no altera la situación en lo esencial? Porque si voy a cometer un fraude lo hago procurando colocarme, cómodamente, por encima del 50 por ciento (como gustan decir en Estados Unidos: “If you are going to steal, don’t steal anything small”; o, en otras palabras: “Si vas a robar, roba en grande y no minucias”.

Y las fuerzas opositoras, en su maniobra plebiscitaria del 16 de julio, se quedaron por debajo de los 8 millones. ¿Dónde se les quedó el 85 por ciento o el 90 por ciento con el que dicen contar una y otra vez? ¿Y por qué semejantes apoyos no se han manifestado a lo largo de más de 15 años de chavismo? Nadie puede desconocer o ignorar la fuerza de la oposición, la que se ha nutrido y fortalecido con los efectos del colapso petrolero y las debilidades al seno del gobierno PSUV/Maduro. No es eso lo que se discute, sino su pretensión absolutista de monopolio de tesis.

Es un hecho innegable la extrema polarización social y política que vive hoy la sociedad venezolana, escindida en dos bloques con muy limitados espacios intermedios o de convergencia. Pero en dicho contexto es válido preguntarse: ¿por qué si cuentan con el 90 o el 85 por ciento del apoyo popular, no pudieron impedir el proceso electoral conducente a la ANC? ¿Por qué si disponen de tan enorme apoyo popular no participaron de la elección de los 6 mil y tantos candidatos a constituyentistas? Con su 90-85 por ciento hubieran controlado la totalidad de los resultados de la ANC.

Nadie en la oposición, ni sus aliados internacionales, hablan de que inmediatamente después de la ANC habrá un referendo. Si efectivamente los opositores dominan el 90-85 por ciento, ¿quién va a impedir que ellos logren una victoria equivalente a un NO rotundo? Y en las venideras elecciones regionales (repito hasta el aburrimiento), si controlan el 90-85 por ciento como proclaman, ¿qué maniobra fantástica podría arrebatarles el triunfo? ¿Por qué si ellos ensayaron su maniobra plebiscitaria el 16 de julio, no puede el gobierno PSUV/Maduro (y aquellos sectores de la sociedad que lo apoyan), acometer una iniciativa absolutamente constitucional y legal de convocar a una ANC? Si las FFAA no impidieron mediante la violencia, ni atacaron dicho plebiscito (carente de base legal alguna), ni a los que participaron del mismo, pues entonces al gobierno PSUV/Maduro, sus aliados y apoyos, les asiste similar sustentación popular, además de la razón y la ley.

Matices, variantes y escenarios más recientes

Lo primero a destacar, dada su especial importancia, es el “choque” público (casi espectacular) entre importantes figuras dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), donde se coaligan unas 23 formaciones políticas, en su mayoría enfrentadas debido a faccionalismos de todo tipo. El eje del “choque” se concentra en unas declaraciones (publicadas en El Universal) de la figura más importante del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup (primer presidente de la Asamblea Nacional en el momento de ganar las 3/5 partes del poder legislativo). Ramos Allup afirmó categórico que participará de todos los procesos electorales, de las regionales, las alcaldías y las presidenciales, subrayando la idea de que: “Sería un error de la oposición no participar de las elecciones pendientes y entregarle a la Revolución Bolivariana, por ausencia de contrincante, esos altos cargos del gobierno del país.

Y no menos categórico fue en aseverar que está “en contra de la formación de un gobierno paralelo y que eso crearía un conflicto con la comunidad internacional”. Ha sido un verdadero choque de trenes su enfrentamiento con dirigentes de la MUD como Antonio Ledezma (Alcalde Metropolitano de Caracas) y el más renombrado Leopoldo López; con Henrique Capriles oscilando hacia Ramos Allup, y que representan los partidos más numerosos dentro de la MUD. Estas “perreras” al interior de la MUD no son nuevas en lo absoluto y ayudaron a desintegrar la Coordinadora Democrática (bloque opositor en contra de Chávez unos años atrás) y representan (junto al apoyo de las FFAA) un capital político muy importante que sigue favoreciendo al gobierno PSUV/Maduro, como han venido apuntando diversos especialistas durante años.

La injerencia de Estados Unidos tuvo, al final del segundo término de Obama, un giro conciliador, negociado entre el Sub-secretario de Estado, Thomas Shannon, y el presidente Maduro. La entrada de Trump pareció alterar drásticamente el rumbo pactado por el de la confrontación, en particular con las sanciones a figuras del gobierno de Maduro y sus bienes en Estados Unidos. Ello implicó la amenaza con un corte total de las importaciones petroleras venezolanas hacia Estados Unidos, el total rechazo al proceso de la ANC, entre otras acciones. No obstante, luego del 30 de julio, la Administración Trump expresó -para sorpresa de muchos- su disposición a continuar dialogando con el gobierno de Maduro, y que no reconocerían ninguna fórmula de gobierno paralelo (cayendo, con esto, un cubo de agua helada sobre las cabezas calientes que siguen abogando por una especie de engendro de “dualidad de poderes”). Sería interesante poder discernir si fue Ramos Allup quien influyó en moderar en algo a Trump o si fue éste al primero o si fue, en ambos casos, simple sensatez política.

Mientras, sigue fluyendo el petróleo venezolano al mercado norteamericano (800,000 bpd, equivalentes al 49 por ciento de las exportaciones venezolanas); en tanto, las petroleras de Estados Unidos parecen no estar interesadas en lo más mínimo en retirarse del mercado venezolano, patrón de conducta que parecen estar siguiendo la mayor parte de las empresas europeas operando actualmente en Venezuela, según se informa en medios periodísticos europeos.

Por otra parte, el impacto que pudo haber causado la declaración de condena y rechazo de la UE a la ANC ha quedado en entredicho, con no pocas dudas en torno a cómo podrá traducirse en algo efectivo. Para sorpresa de todo el mundo, el nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, se ha empeñado en auspiciar una nueva tentativa de diálogo y negociación, paso inicial tomado después de un intercambio privado con el presidente Maduro. Algunos gobiernos de la UE han expresado ideas parecidas -como los de Italia y Portugal- y ello se traduce en apoyo bien explícito a la variante lanzada por Macron.

Instalada ya la ANC y a punto de comenzar sus trabajos, un analista de muy buena puntería, Leopoldo Puchi, sentenciaba en un excelente trabajo para la encuestadora y destacado centro de análisis Hinterlaces: “Para la oposición es la hora de escoger: o la vía que Pinochet utilizó en Chile, o el camino que escogió Violeta Chamorro”. Alude así el autor a dos hitos de especial trascendencia. Primero, al golpe militar encabezado por el general Pinochet contra el gobierno constitucional de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende (septiembre 11 de 1973); golpe facturado por Washington, por el binomio Nixon-Kissinger, e instigado muy en especial por los sectores de ultraderecha de la Democracia Cristiana y agrupaciones empresariales, tras prolongados e intensos meses de sabotaje económico de todo tipo.

El otro caso al que alude Puchi, se refiere a Nicaragua, donde tras ocho años de guerra y sabotaje, promovidos y financiados por Estados Unidos (Administración Reagan), 11 mini-partidos se coaligaron momentáneamente en la llamada “Unión Nacional Opositora (UNO)”, para la contienda electoral de febrero de 1990, llevando a la simbólica figura de Violeta Chamorro como candidata. Los resultados porcentuales fueron entonces 55 por ciento vs. 41 por ciento. Violeta, sus sustentos políticos, y el apoyo de Estados Unidos, tuvieron una duración de apenas dos mandatos y sobrevino entonces el regreso del Sandinismo al gobierno en el 2006; partido que sigue gobernando hasta hoy. Y eso que el Sandinismo nunca tuvo, ni tiene hoy, los enormes recursos de la economía venezolana.

Por último, el factor “PSUV/Maduro”. Si éste es capaz, en primer lugar, de sobreponerse a sus propias debilidades, errores y adversidades acumulados en particular en estos últimos años (leer análisis al respecto en la revista Temas), de convertir los resultados de la ANC en esperanza de solución de los acuciantes problemas actuales y de un mejor futuro (como bien apuntara Schémel en su análisis), así como de sumar arreglos pactados con sectores opositores, entonces sería posible avizorar un horizonte de mayor recuperación y estabilización; favorecido todo esto por la lenta recuperación de los precios del petróleo. En caso contrario, una agudización de la crisis cargada de incertidumbres, un deterioro económico, social y político extremo y una eventual salida golpista de signos muy variados, podrían perfilarse en el horizonte. En semejante contexto, se medirá la capacidad de maniobra y recuperación de parte de la dirigencia del “PSUV/Maduro”.

 *Domingo Amuchástegui: (La Habana, 1940). Licenciado en Historia por la Universidad Pedagógica. Máster en Educación por la Florida International University. Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami. Fue Jefe de Departamento en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y en la OSPAAAL. Se desempeñó como Analista de Inteligencia y profesor de Historia en la Universidad Pedagógica y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI). Ha publicado Historia Contemporánea de Asia y África (en cuatro volúmenes) y Palestina: dimensiones de un Conflicto. Ha sido co-autor de Intelligence and the Cuban Missile Crisis (Ed. by James G. Blight and David A. Welch), además de numerosos artículos publicados en Tricontinental, Bohemia, Verde Olivo Internacionalista, Revista del CEAMO, Cuba Encuentro, Temas, Cuba News y Cuba Standard.

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