El nivel de dependencia externa de la economía ha llegado a un nivel crítico y el gobierno ha reconocido que el 100% de la canasta básica alimenticia —que escasamente permite sobrevivir— es importado, algo que no había ocurrido en el país en toda su existencia.
Escrito por Mauricio De Miranda Parrondo
En los últimos días se han difundido rumores, que el gobierno cubano ha tratado de desmentir, sobre una posible «opción cero» en cuanto a la disponibilidad inmediata de energía y alimentos básicos. El nivel de dependencia externa de la economía ha llegado a un nivel crítico y el gobierno ha reconocido que el 100% de la canasta básica alimenticia —que escasamente permite sobrevivir— es importado, algo que no había ocurrido en el país en toda su existencia.
La vida en Cuba se ha convertido en una persistente lucha por la sobrevivencia en la cual se sacrificaron las vidas de varias generaciones por aportar todas sus energías a la construcción de un país mejor. Sin embargo, la realidad es que dicha meta siempre se fue posponiendo a las siguientes generaciones y, después de más de seis décadas, tenemos uno peor.
Una vez más, el problema es el modelo
No es la primera vez que la población debe estar pendiente de si entra o no un barco con petróleo, arroz o leche en polvo; sin embargo, lo específico de estas circunstancias es que no parece haber una luz al final del túnel. Las autoridades, por su parte, en lugar de adoptar medidas radicales de urgencia imprescindible, solo atinan a hablar de «guapería» y «aquí no se rinde nadie» o a mencionar, una vez más, que la única solución está en la «revolución» y el «socialismo», conceptos que han perdido cualquier asidero con la realidad.
El modelo de socialismo insular, denominado desde hace décadas «realmente existente», se ha caracterizado —entre otras cosas—, por la supresión de las libertades cívicas y económicas; la imposición de un pensamiento único y la represión de cualquier tipo de disidencia; el control totalitario del poder y de todas las palancas de la economía por el Estado; la destrucción de los mercados y con ello de la iniciativa privada y el emprendimiento; la conversión de la burocracia partidista y gubernamental en una clase social «en sí» y «para sí» con intereses de grupo claramente definidos y relacionados con el ejercicio del poder. En tales circunstancias, la práctica histórica demuestra la imposibilidad de la realización de la propiedad social sobre los medios de producción, usufructuada en realidad por esos grupos de poder y gestionada en función de sus intereses.
Con esas características no es posible esperar que semejante sistema conduzca a la construcción de una sociedad que resulte de la «asociación libre de productores», ni a la «liberación de los trabajadores del yugo del capital», ni al progreso económico y social. El fracaso del «socialismo realmente existente» demostró que ese sistema, lejos de ser revolucionario es profundamente conservador, lejos de ser progresista es profundamente reaccionario; de ahí su inviabilidad histórica. Un análisis desde las ciencias sociales, incluso a partir del método de Marx, conduce a esta conclusión, lo que demuestra, además, la pobreza filosófica y la orientación dogmática de quienes dirigen Cuba a contrapelo de la realidad económica, política y social.
El modelo de economía centralmente dirigida es insostenible, por ello comienza a vislumbrarse un camino en el que podría desmontarse paulatinamente, pero manteniéndose como un sistema político autoritario a partir de vínculos corruptos con ramificaciones familiares y clientelares.
¿Hacia un capitalismo autoritario?
Si algo debemos tener claro, es que en Cuba ni existe una «revolución» ni se construye el «socialismo». El interés de la clase burocrática por conservar el poder a toda costa, manteniendo un sistema empobrecedor, es todo lo contrario a una posición «revolucionaria». En lugar de construir el socialismo, el país parece avanzar hacia un «capitalismo autoritario», en el que un pequeño grupo aprovecha las escasas rendijas de emprendimiento permitidas, con alto nivel de discrecionalidad, para establecer lazos clientelistas entre los estamentos de poder y una parte de la clase empresarial emergente.
El sector privado es imprescindible en la economía de la Isla, y no solo como complemento del sector estatal sino como alternativa para superar el estancamiento de la producción industrial, así como las ineficiencias del sistema de acopio y de los monopolios estatales que siguen imponiendo camisas de fuerza al sector agropecuario. Sin embargo, los decretos que permitieron la creación de las micros, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) y las cooperativas no agropecuarias a partir de 2021, tal y como analicé cuando fueron publicados, otorgan a las autoridades una discrecionalidad que atenta contra la transparencia y el funcionamiento adecuado de los mercados.
En lugar de que el proceso de apertura de empresas sea —como debería— un simple trámite informativo, requiere una autorización que se levanta como restricción administrativa y que incluso tiene condicionamientos políticos. Por otra parte, la existencia de más de cien actividades prohibidas para el desempeño de empresas privadas y/o cooperativas es una importante restricción, como lo son también su tamaño, el límite de trabajadores a emplear y de sociedades en las que pueden invertir.
¿Cuáles son las razones para que la apertura de una empresa tenga que contar con la aprobación de un ministerio o de una entidad administrativa territorial? La razón principal es política y radica en la necesidad de la burocracia de mantener el control para decidir quién o quienes progresan y a quiénes no les es permitido. De este modo, se aseguran que la nueva clase empresarial no resulte contestataria al régimen político y se enriquezca dentro de los límites que se establecen discrecionalmente para unos y no para otros. No se trata del socialismo ni de la revolución, solo se trata del poder y de lo que este implica en términos de prerrogativas en una sociedad que carece de la libertad para asegurar las condiciones más elementales de vida.
La aparición del Instituto Stolypin y de su director Boris Titov en el escenario de las posibles reformas, y el innegable fortalecimiento de vínculos entre los gobiernos de Cuba y Rusia, parecen augurar que el modelo que prefieren los dirigentes de La Habana es el «capitalismo a la rusa». Mantienen no obstante los conceptos revolución y socialismo en su lenguaje cotidiano, con alto componente autoritario en el sistema político, apoyado por la existencia de una parte de la clase empresarial convertida en oligarquía obediente al régimen.
Obviamente, esas no son las transformaciones que necesita Cuba, y si se consuman, serán evidencia incontrastable de la traición a los ideales originarios de la Revolución Cubana y al esfuerzo de millones de compatriotas que durante décadas dieron todo de sí para construir una sociedad más justa, aunque muchos arribaran a la tercera edad en situación de franca pobreza.
El modelo económico que se adoptó hace más de seis décadas está totalmente agotado y no hay otra alternativa que su desmonte para salir adelante. La dirigencia del país le ha apostado a ganar tiempo, quizás esperando un «milagro» externo, como lo fueron en distintos momentos los apoyos de la Unión Soviética y el régimen chavista de Venezuela. Sin embargo, lejos de ganar tiempo, lo han derrochado al dilatar las transformaciones estructurales imprescindibles.
La Unión Soviética no existe más, y el gobierno de Rusia, aunque condonó la mayor parte de la antigua deuda y ha brindado apoyos con claros objetivos políticos, no tiene la capacidad ni la intención de sostener la economía de la Isla, por mucho que la diplomacia cubana apoye a la rusa, por acción o por omisión, en el desastre que causa a diario en Ucrania con su ilegal invasión.
Venezuela enfrenta su propia crisis, que ha motivado la mayor oleada migratoria de su historia y la destrucción incluso de su industria insigne, la petrolera, causando un empobrecimiento general sin precedentes en la región de América Latina y el Caribe en términos de descenso del producto interior bruto per cápita a precios constantes.
China no sostendrá a la economía cubana por más que en ambos países gobiernen regímenes dirigidos por partidos que se denominan comunistas, pues en sus intereses geopolíticos y geoeconómicos la Isla tiene una importancia insignificante. Otros gobiernos, animados por cercanías políticas, podrán otorgar ayudas puntuales, pero carecen del músculo económico para convertirse en sostén de un modelo que no solo es incapaz de asegurar su reproducción ampliada, sino que ha resultado empobrecedor de su sociedad.
Coda
La situación actual es de tal gravedad que todas las consignas se tornan inútiles, desde las apelaciones a la «revolución» y el «socialismo» que no existen, hasta las referencias a la «guapería» y a «no rendirse», que parecen amenazas para coartar cualquier tipo de protesta social ante la crisis que enfrenta el país.
Esta crisis rebasa los marcos de la economía porque es también institucional, política y social. Solo quienes desempeñan funciones en el gobierno y en la estructura de poder partidista se niegan a reconocer la magnitud de una crisis de confianza que, a falta de referendos o encuestas independientes —científicamente fundamentadas— que son prohibidas, exhibe en la persistente sangría migratoria la crisis de esperanza que afecta sobre todo a una parte considerable de la juventud.
El gobierno, en lugar de reconocer autocríticamente su responsabilidad por las desatinadas políticas económicas persiste en ellas, se justifica, busca en causas externas los males que aquejan a Cuba y, para colmo, amenaza, lo cual, además de reprobable, es vergonzoso.
Las sanciones económicas de Estados Unidos han tenido un impacto nocivo sobre la existencia de los cubanos. Ese impacto ha gravitado de manera contundente en la vida cotidiana, tanto de quienes residen en la Isla como de aquellos que se establecieron fuera y han optado por ayudar a sus familias. Sin embargo, esta no es la causa principal del empobrecimiento al que ha llegado la sociedad cubana, al punto de resultar incapaz de asegurar con su trabajo sus condiciones de sobrevivencia.
El gobierno ha fallado con la llamada «Tarea Ordenamiento», mal diseñada y adoptada en el peor momento posible en medio de la mayor parálisis productiva de las últimas tres décadas. La creación de mipymes y cooperativas no agropecuarias nació lastrada por la excesiva discrecionalidad y por las restricciones que afectan su funcionamiento en un adecuado clima de negocios inexistente. La «bancarización» ha constituido un corralito bancario que afecta severamente a una población con necesidad de efectivo para solucionar necesidades cotidianas en un país con un sistema bancario y financiero subdesarrollado de acuerdo con estándares internacionales.
A lo anterior se suman su beligerancia y soberbia, que han ampliado la brecha de una sociedad históricamente fragmentada por ideologías excluyentes. En la actualidad se mantiene en cárceles a cientos de ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta, algo que la humanidad conquistó como resultado de luchas sociales a lo largo de siglos y que hoy se niega en la práctica a los cubanos, haciendo de la actual Constitución una norma jurídica inviable.
Las transformaciones estructurales en la economía son imprescindibles para sacar al país de su actual postración productiva, pero para hacerlo son necesarios asimismo profundos cambios políticos e institucionales. Se requiere un sistema en el que la soberanía del pueblo esté garantizada y provista de mecanismos para ejercerla, con capacidad plena para elegir a quienes deban servir al país desde el gobierno y revocarles cuando no ejerzan adecuadamente sus funciones.
Esa soberanía no debe estar limitada por la existencia de un partido, cualquiera que este sea, que ejerza función dirigente con una especie de «derecho divino y eterno»; son imprescindibles el equilibrio y separación de poderes que impidan que cualquier grupo imponga su voluntad sobre el resto de la sociedad sin rendir cuentas; es indispensable un sistema legal y mecanismos de control a la actividad del gobierno, independientes de este y transparentes, sin que exista rama alguna del aparato administrativo exenta de esos mecanismos; debe ser una garantía el disfrute pleno y efectivo de las libertades cívicas.
La arquitectura de un sistema con estas características requiere una construcción colectiva, que debería ser resultado de un diálogo incluyente y civilizado que ponga los intereses de Cuba por encima de los de diversos grupos y que claramente no estará exento de confrontaciones y conflictos, pero implica que cada ciudadano asuma que su destino, el de sus familias y el del país es su responsabilidad.
Tenemos ante nosotros solo dos alternativas: o somos capaces de producir los cambios que la Nación necesita, de forma pacífica y con responsabilidad cívica y empoderamiento ciudadano, o seguiremos esperando que otros lo hagan. Nada bueno sale de esa segunda opción.
AUTOR
El Dr. Mauricio De Miranda es natural de La Habana, Cuba, nacio el 1 de abril de 1958. Vive en Cali, Colombia desde 1989. Estudio Licenciatura en Economía en la Universidad de La Habana e hizo un Doctorado en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Economía y Director del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Desde 1990 trabajo como profesor en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, en la que se desempeñado como Director del Departamento de Economía entre 1995 y 2002 y entre 2006 y 2012. En 1989, al llegar a Colombia, fue profesor en la Universidad de San Buenaventura de Cali. Entre 1984 y 1988 trabajo como Investigador de Mercados Internacionales en el Fondo Cubano de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura de Cuba y entre 1981 y 1984 fui Investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de La Habana, Cuba.
Fuente: CUBAXCUBA
