Por Alina Bárbara López Hernández*
La queja
La Constitución del 2019 proclama a Cuba un Estado Socialista de Derecho en el que los ciudadanos tienen garantizada la protección. Eso no es lo que sucede en realidad.
El día 1ro de enero de 2021 publiqué en LJC el artículo «El caballo de Troya de la burocracia». En él manifestaba, entre otras ideas, que «La pérdida del sentido de propiedad es la muerte anunciada de un modelo socialista en el que la burocracia se convierte, de hecho, en la administradora de los medios de producción que deberían ser sociales».
El caballo de Troya de la burocracia
Denunciaba asimismo que «una parte sustancial del patrimonio económico nacional está sustraído al control popular y se encuentra bajo la égida del Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), empresa adscrita al Ministerio de las FAR».
Ese texto sería comentado positivamente por la publicación argentina Política Obrera, de tendencia trotskista. Cuestión de perspectiva evidentemente, pues a Carlos Luque, columnista del sitio Cubadebate y del periódico Granma le desagradó sobremanera.
En lugar de escribir un artículo exponiendo su inconformidad, como había hecho en ocasiones anteriores, publicó una nota ofensiva en su perfil de Facebook el día 2 de enero. Dicha publicación fue comentada y compartida por varias personas, una de ellas, la diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) Mariela Castro Espín.
Mis análisis pueden ser objetados, como los de cualquiera. Pero otra cosa son las acusaciones y ofensas personales. La libre expresión de ideas y la participación en los debates políticos son derechos ciudadanos; en un intelectual son, además, deberes cívicos impostergables.
Es necesario naturalizar esa participación, limitada por décadas. Nadie debe ser atacado y ofendido por tal razón. En mi caso no podría objetarse siquiera que escribo desde otro país, o que lo hago «fuera de las instituciones». Atenida a ello, me asesoré jurídicamente y presenté, el 18 de enero, la siguiente queja y petición a la Fiscalía Provincial de Matanzas.
La queja y petición fue entregada personalmente y solicité un acuse de recibo. No me tomé una foto a las puertas de la Fiscalía. No publiqué el contenido de la queja en ningún sitio digital. No quise que la instancia encargada de velar por la legalidad sintiera «presión» alguna de mi parte.
El 19 de marzo venció el plazo legal para responder. No recibí contestación.
Crónica de una farsa
22 de marzo:
Me comuniqué con el 45271708, línea única de la Fiscalía General de la República. Pregunté si existía demora en el proceso de tramitación dada la situación de pandemia. Se me informó que no. Expliqué que no había tenido respuesta en el plazo establecido y la persona que atendía se extrañó. Preguntó mi nombre y apellidos, la fecha de entrega y pidió que continuara en línea.
Después de varios minutos me dijo que era inusual lo que ocurría, que mi nombre aparecía en el registro de entrada, pero no hallaban el expediente con la queja y su tramitación. Solicitó que la enviara nuevamente al correo electrónico [email protected] y que me llamarían.
Varias horas después llamé de nuevo. Se me informó que ya podían explicar lo ocurrido con mi queja. La misma había sido derivada por Fiscalía al Ministerio del Interior en fecha 29 de enero. La fiscal a cargo me expresó que seguramente el Departamento de atención a la ciudadanía del MININT se comunicaría conmigo.
Interpelación sobre la democracia
Le recordé a mi interlocutora que la queja había sido dirigida a Fiscalía y que, aun si hubieran tenido que realizar algún tipo de indagación con otra instancia como parte del trámite de la misma, era Fiscalía quien estaba obligada a responder.
Le cité el artículo 24, inciso 3, de la Protección de los Derechos Ciudadanos que reza: «De estimarse que el asunto planteado es improcedente o carece de fundamento suficiente, la respuesta que se brinde por el fiscal al promovente, deberá ser argumentada y por escrito o dejar constancia cuando la respuesta sea verbal». La fiscal concordó amablemente conmigo y garantizó que me llamarían.
23 de marzo
Llamé en horas de la tarde. Se me dijo que el fiscal de guardia estaba atendiendo a otro caso y que me llamaría al terminar. No lo hizo.
24 de marzo
Llamé y se me prometió que la jefa del Departamento, nombrada Yoandra, me llamaría en un rato para responderme. No lo hizo.
25 de marzo
Llamé y la secretaria del departamento me explicó que Yoandra se encontraba en un Consejo de Dirección, pero que me llamaría. No lo hizo.
26 de marzo
Pregunté qué ley establecía esa posibilidad y me dijo que era «una decisión interna de Fiscalía». A mi indagación por el plazo de duración de esa prórroga me informó que no estaba establecido. Inquirí: «¿Podría durar años?», y me confirmó: «El tiempo que sea necesario».
Le pedí que me diera por escrito esa respuesta como la ley mandataba. Explicó que ante la situación de la covid debíamos mantener el distanciamiento social para evitar contagios, de ahí que no pudiera hacerlo. Le agradecí que cuidara nuestra salud, pero le recordé que para eso existían otras vías, como el correo electrónico, o permitir que yo grabara su respuesta, de modo que existiera una constancia verbal. Me dijo que ellos sí habían grabado y les quedaba constancia, que con eso era suficiente. Le manifesté que la ley la obligaba a darme esa respuesta a mí, que era la «promovente». No respondió. Fin de la conversación.
Esa es la instancia que se dice protectora de los derechos ciudadanos y veladora de que se cumpla la Constitución de la República. Al parecer no solo el Partido Comunista está por encima de la sociedad y del Estado. Fiscalía lo acompaña allá arriba.
Lecciones que me deja este caso
1.- La Constitución cubana del 2019 es letra muerta en muchas de sus partes, especialmente en las referidas a los derechos ciudadanos.
2.- Es un verdadero absurdo legal y una violación a la ética del gremio que Fiscalía, en lugar de resguardar a una ciudadana que pide su protección, derive la queja a una instancia cuya función es esencialmente represiva.
3.- Si la instancia que debe garantizar la protección de los derechos ciudadanos en Cuba actúa de este modo, las personas los exigirán por otras vías. Ya lo hacen. Es un torrente indetenible y las opciones son: encauzarlo u obstaculizarlo. Las consecuencias de lo segundo serán fatales.
4.- La Ley en Cuba no protege los fundamentos del sistema socialista, cuya esencia debiera ser el control ciudadano sobre la propiedad pública. De resguardarlo realmente, Carlos Luque, Mariela Castro y el resto de los que comentaron o compartieron las ofensas a mi persona, tendrían que ser requeridos. En el artículo que les disgustó, yo exigía el control real de la propiedad estatal por parte de la ciudadanía. ¿Eso es contrarrevolucionario para ellos?
5.- ¿Puede una persona que es parte de la burocracia histórica y que disfruta de privilegios como miembro del grupo de poder −y no es solo el caso de Mariela Castro, hay otros como ella en la ANPP−, ser al mismo tiempo legisladora en un parlamento que se titula socialista? ¿Cuánto pueden determinar sus intereses familiares y personales frente a los intereses sociales?
6.- No deberá apelarse más al concepto de Estado Socialista de Derecho, es una burla a la ciudadanía y un desafío a la realidad.
7.- La necesidad de distanciamiento social se está utilizando como justificación para no cumplir la ley en un país en que se acaba de celebrar una caravana contra el bloqueo en la Capital y un recibimiento masivo en la provincia de Granma al equipo ganador de la serie nacional de béisbol. En un país donde cada día se cita a interrogatorios a opositores o se les conduce por la fuerza.
8.- Si yo me manifestara mañana a las puertas de la Fiscalía de Matanzas exigiendo una respuesta ¿quién estaría violando la ley? El día que decida hacerlo les aseguro que me tendrán que conducir por la fuerza. ¿Eso es lo que quieren?
Los científicos sociales estamos restringidos −por falta de espacios, por ofensas y amenazas− de actuar en un terreno para el que nuestra profesión nos prepara y que nuestra amada Cuba necesita. Niurys Silva, joven graduada de la carrera de Filosofía, publicaba ayer en su muro de Facebook el alegato «La culpa no puede ser de la vaca», donde cuestionaba: «¿por qué seguir negando a nuestros cientistas sociales su papel en la construcción de la nación?».
Si la Fiscalía de la República continúa negando esa posibilidad, estará abriendo todavía más las puertas a la violencia y la arbitrariedad. Hago un llamado a los fiscales cubanos, también parte del pueblo, a que reflexionen sobre el costo que esa actitud tiene para el presente de la Isla. Los derechos de la ciudadanía deben ser protegidos para que este pueda llegar a ser un país donde nadie se coloque por encima de la ley, mucho menos los que deben velar por su cumplimiento.
AUTORA
*Alina B. López Hernández, Profesora y Tutora de Antropología Sociocultural y una excelente Científica Social y Política (socióloga y politóloga) de la Universidad de Matanzas. Miembro Académico Nacional Correspondiente de la Academia de Historia de Cuba. Además de Analista Sociopolítico laureada de La Joven Cuba. Para contactar al autor: [email protected] contactar con la autora: [email protected]
