“Los cambios que Cuba necesita son impensables sin transformaciones políticas”.

A la manera de una zona vedada, incluso para las ciencias sociales, poco pudiera decirse con objetividad de las múltiples interacciones entre la ciudadanía y los componentes del campo político.

Dr. Dariel Gutiérrez Murgado.

I

La dimensión sociológica de la política acaso sea la menos conocida de la sociedad cubana. A la manera de una zona vedada, incluso para las ciencias sociales, poco pudiera decirse con objetividad de las múltiples interacciones entre la ciudadanía y los componentes del campo político. Un área de investigación que suele ser en el mundo de las más monitoreadas con cientificidad, y cuyos análisis son recurrentes en la academia y en la esfera pública, anda por acá relegada mayormente al ámbito de la especulación y la discusión sobreideologizada.

La sociología permitiría dar cuenta de aspectos como: la autodefinición política de los ciudadanos; la valoración de la situación del país y de su futuro; la evaluación de la gestión del presidente, de las instituciones gubernamentales, de las políticas y programas; la calidad de la participación; el funcionamiento de la democracia. La realización de estudios de este tipo favorece la retroalimentación entre el gobierno y la ciudadanía, y al hacerse públicos los resultados devienen mecanismos de presión para el grupo en el poder interesado en mejorar sus niveles de aprobación. Sin embargo, las probabilidades de que a un cubano residente en Cuba se le haya consultado sobre algunos de estos temas serían ligeramente superiores a las de ser impactado por un rayo.

Con esta limitación ya había tropezado Juan Valdés Paz, el más destacado sociólogo político cubano: “Yo diría que casi no están estudiados los actores políticos, la base social del sistema político, o sea, la población cubana políticamente activa, la ciudadanía, la burocracia del sistema y la de dentro de sus distintas esferas –porque la burocracia política sería distinta de la administrativa, con funcionalidades y consecuencias distintas–, los dirigentes del sistema político, el liderazgo, entre otros. Casi no tenemos estudios científicos de ninguno de los grupos. Hay que hacer un estudio científico de los componentes sociológicos del sistema. Esta es una de las más grandes carencias que tenemos, y muchas de las informaciones sobre estos aspectos grupales son secretas o confidenciales, de manera que se hace virtualmente imposible el estudio de esta dimensión del sistema político” (Paz, 2009, p.22).

II

Aunque de modo muy insuficiente, las elecciones nacionales abren un resquicio en la coraza de la zona vedada y se convierten en una oportunidad única para el análisis sociológico de la política en Cuba. A diferencia de votaciones con significaciones políticas menos directas (Constitución, Código de las familias), o de las municipales en las que pueden mediar determinadas expresiones de apatía por ese nivel político de base, las elecciones nacionales –rodeadas siempre de un halo plebiscitario– implican para la ciudadanía un posicionamiento sobre cuestiones tan centrales como la gestión del gobierno y el apoyo al sistema político.

Contrario a lo publicitado oficialmente, ninguna lectura seria de las pasadas elecciones colocaría al 75.87 % de asistencia a las urnas como línea fronteriza dentro del mapa político cubano. Un análisis basado en la interpretación de la acción social, sus causas y consecuencias –que Max Weber recomendaba como objeto de estudio de la sociología– demuestra que los comportamientos dotados de sentido político no se agotaban ese día en el dilema inicial entre participación y abstención. Hacerlo soslayaría las coincidencias políticas implícitas entre quienes votaron en blanco o anularon sus boletas y los que se abstuvieron. El voto no válido tiene mucho que ver en el contexto electoral cubano con lo que el antropólogo Michel de Certeau denominaba “tácticas del débil”, para referirse a microacciones de resistencia en situaciones de poder desventajosas. Ante la imposibilidad de sostener una posición frontal y abierta como la abstención, se eligen estas acciones anónimas, pero con similar sentido político. La suma de los que se acogieron a estas tres opciones de desaprobación/rechazo –ya sea directa (abstención) o indirecta (voto en blanco o nulo)– fue de 2 560 952 electores, lo que constituye el 31.50 % del padrón electoral, es decir casi un tercio de la población políticamente activa.

Una variable clave para entender la homologación de sentidos entre los que se abstuvieron y los que no votaron válido es la presión política y social, especialmente pródiga durante este proceso electoral. Al amplio despliegue mediático estableciendo el acto de votar como el único políticamente correcto (que no es poca cosa en un país en el que sobre todo lo políticamente incorrecto pende una espada de Damocles) se sumaron marchas en horario laboral de respaldo a las elecciones, visitas previas a las viviendas para conocer la intención de voto y durante la jornada para convocar a votar, e incluso una acción rayana a la ilegalidad y al fraude como sacar boletas del colegio electoral para llevárselas al domicilio a personas sin ninguna imposibilidad física para ejercer su derecho. En un estudio de 2012, el destacado intelectual Julio César Guanche reconocía los diversos grados de presión política y social sobre el acto de votar como una de las variables explicativas de las altas cifras de participación popular en las elecciones cubanas (Guanche, 2015): “Personas consultadas para esta investigación, aseguraron que fueron solicitadas en sus casas para votar sobre las 12.30 – 1.00 p.m. cuando el colegio electoral tiene cierre a las 6.00 p.m. Estas solicitaciones son comunes en los procesos eleccionarios, las realizan vecinos, el Comité de Defensa de la Revolución de la cuadra o activistas del colegio electoral. Las personas pueden temer, tengan o no un fundamento real, algún tipo de consecuencias políticas negativas para su desempeño social por no acudir a votar. Ciertamente, muchas ocupaciones laborales, o la asignación de determinados recursos, exigen la «verificación» del comportamiento político de las personas en sus lugares de residencia. Una persona que piense se perjudica a sí misma por no votar evita «marcarse», según el lenguaje coloquial cubano” (p.76).

En cuanto a los dos tercios restantes integrados por los que votaron válido, tampoco pueden entenderse como un bloque político homogéneo. El voto unido –la opción promovida oficialmente– alcanzó el 72.10 % de los que asistieron a las urnas (49.36 % del electorado), mientras que el voto selectivo registró el 27.90 % de las boletas depositadas (19.10 % del total de electores). Si bien desde sectores de oposición se ha reclamado el voto selectivo asumiéndolo como boicot a la convocatoria oficial del voto unido, no se trata de una interpretación rigurosa pues desconoce la posibilidad de su uso consciente dentro de la lógica electoral. A diferencia de las restantes opciones electorales, cuyos sentidos son deducibles, en el voto selectivo hay lugar tanto para el que elige de manera sopesada como para el que expresa su desaprobación de la forma más sutil (otra táctica del débil).

Basado en lo visto hasta aquí, el mapa político emergente del proceso electoral quedaría tentativamente como sigue: el 49.36 % de la población políticamente activa evidencia aprobación de la gestión gubernamental/apoyo al sistema político; un 31.50 % expresa claramente una posición de desaprobación/rechazo; y un 19.10 % es susceptible de contar con representación de ambas tendencias, aunque a priori con mayores probabilidades para la opción pro gobierno/sistema por pertenecer al campo del voto válido.

III

Los resultados de las elecciones confirmaron oficialmente la existencia de una pluralidad política que sin embargo no posee reconocimiento oficial dentro de la sociedad cubana. A pesar de que las expresiones de desaprobación en las elecciones nacionales han mantenido un crecimiento sostenido desde 2013 (14.41 % en 2013, 19.13 % en 2018, 31.50 % en 2023) la posición gubernamental ha sido promocionar las cifras del respaldo y desestimar los números negativos, que incluso maneja separados para reducir su fuerza política.

En el estudio citado, Julio César Guanche llamaba la atención de que en las elecciones parciales de 2010 la suma de las abstenciones-anuladas-en blanco fue de 1 077 444 personas, lo que para él constituía una cifra significativa pues representaba el 12.58 % del electorado. Trece años después, los que tuvieron un posicionamiento similar registraron un valor 2.5 veces superior, y no pasan de ser una masa invisible de 2 millones y medio de compatriotas a los que ni siquiera se les ha puesto un micrófono en algún espacio oficial para expresar por qué lo hicieron. Casi un tercio de la población políticamente activa envía una clara señal de desacuerdo y solo le queda el silencio, y desde el silencio observar cómo se constituye un parlamento en el que no tendrán un representante. El parlamento cubano, que exhibe con orgullo su conformación diversa en cuanto al sexo, el color de la piel, la ocupación, la territorialidad, no es representativo de la diversidad política existente en el país, la más notable en definitivas tratándose de un órgano de poder político.

El reconocimiento de la pluralidad política no es un capricho impulsado por alguna oscura conspiración global: lo ha establecido el mejor pensamiento humanista como condición para el buen funcionamiento de cualquier sociedad. Contrario a la tesis defendida por el sistema político cubano sobre las ventajas de gobernar desde la homogeneidad de ideas e intereses, la democracia es algo vivo que necesita la discrepancia tanto como el consenso. Solo mediante la participación de las distintas posiciones políticas puede garantizarse un ejercicio de gobierno inclusivo y que el rumbo del país se parezca lo más posible al que desean los ciudadanos. Por ello, es rebatible la defensa de la estructura ideológica excluyente del modelo político cubano sobre la base de que ha sido elegida por la mayoría. En una lógica democrática, ninguna parte de la población (por muy mayoritaria que sea) puede ejercer un monopolio sobre derechos que, al ser negados a otros, devendrían privilegios. Sobre esto ha dicho el Premio Nobel de Economía Arthur Lewis: “El sentido primordial de la democracia es que todo el que se vea afectado por una decisión debe tener derecho a participar en la adopción de esa decisión, ya sea directamente o por intermedio de representantes elegidos… excluir a los grupos perdedores del proceso de adopción de decisiones es una violación manifiesta del sentido primordial de la democracia” (PNUD, 2000, p.56).

Como suele ocurrir en estos casos, el carácter cerrado del sistema político cubano no solo ha limitado las relaciones con el campo de la política de aquella parte de la población en desacuerdo, sino de toda la sociedad. La prioridad conferida al blindaje ideológico ha obstaculizado las posibilidades de la ciudadanía para influir en la conducción política del país; ha restringido en cuanto a temas y alcances la investigación científica y el pensamiento crítico; ha privado a los medios de comunicación de su potencialidad para el análisis y la presión políticos; y ha convertido a las asambleas de todos los niveles en espacios con demasiada homogeneidad política como para cumplir plenamente sus funciones de representación popular, y de proposición y evaluación ante el poder ejecutivo. Bastaría para ilustrar lo anterior que, finalizado su primer mandato, Díaz-Canel sólo ha recibido una crítica pública en espacios oficiales: la que él mismo se hizo durante una sesión de la Asamblea Nacional.

Los cambios que Cuba necesita son impensables sin transformaciones políticas. El estado actual de cosas tiene mucho que ver con un modelo político incapacitado desde su diseño para asumir la confrontación de ideas, el diálogo político y las múltiples visiones de país que existen en la sociedad cubana. La política tiene que dejar de ser esa zona vedada para convertirse en un espacio abierto a la ciudadanía, a la investigación científica, al debate, y en el que la participación no esté condicionada a ninguna pertenencia ideológica. Pero no por el interés de algún grupo específico o poder extranjero, sino por el bien de Cuba.

Referencias

Guanche, J.C. (2015). Estado, participación y representación políticas en Cuba. Editorial de Ciencias Sociales.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2000). Informe de desarrollo humano 2000. Ediciones Mundi-Prensa

Valdés Paz, J. (2009). El espacio y el límite. Estudios sobre el sistema político cubano. Ruth Casa Editorial.

AUTOR

Dr. Dariel Gutiérrez Murgado. Natural y residente de Matanzas, Cuba. Estudio Sociología en la Universidad de La Habana. Tiene una Maestría en Sociología de La Universidad de La Habana. Estudia para su Doctorado en Sociología en la Universidad de La Habana. Muy referenciado poe los profesores Dr. Mauricio De Miranda Parrondo, Dra. Ivette García González y Dra.. Alina Barbara López Hernández entre otros autores .Contactar en su Blog https://www.facebook.com/dariel.gutierrezmurgado

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