Por Manuel Freytas (*)
Al amparo de la representatividad institucional que le otorga el «voto popular», el político construye su propio negocio capitalista haciendo lobby y gerenciando «cosa pública» para los poderes económicos y financieros que controlan y se reparten áreas de influencia en el Estado capitalista. Cómo funciona esa estructura políticos-dueños del poder real que la prensa del sistema oculta.
Por encima del poder político se sitúa un supra poder (de naturaleza oculta) fundamentado en un trípode: Las grandes cámaras empresariales, las embajadas extranjeras y los monopolios de medios de comunicación. El político es sólo la expresión gerencial de ese poder.
Las mayorías, alienadas y embrutecidas por el descerebramiento mediático, creen habitualmente que «el poder» son los presidentes y los gobiernos de turno.
En esta concepción masificada, alimentada por los propios analistas de la prensa convencional, un «Presidente» es algo así como una entidad supra independiente que toma decisiones autónomas por encima de la trama estructural del poder económico y empresarial.
En sus análisis (y así como hacen desaparecer la dinámica de las relaciones capitalistas) los comunicadores del sistema presentan un escenario de conflictos cuyo eje sólo pasa por las competencias y las guerras entre políticos y partidos.
Este enfrentamiento, entre políticos con otros políticos por el posicionamiento electoral, por un lado, y las peleas del gobierno de turno con la «oposición», por otro, nunca se asocia con el establishment económico (el poder detrás del trono) y marca la dinámica de la «información» que a diario consumen las mayorías.
Por lo tanto, para el nivel promedio estadístico masivo (incluido los intelectuales) el poder de decisión es una área de exclusiva competencia de la «clase política» y del gobierno de turno, en perpetua lucha por el sillón presidencial y por el resto de los gobiernos provinciales y comunales y sus áreas legislativas.
Y aquí, se produce la primera distorsión reduccionista: La estructura gerencial (los políticos) es confundida con los patrones (el poder empresarial que controla el Estado capitalista y todo el sistema económico productivo).
Lo que la prensa (tanto en los países centrales como dependientes) presenta como guerra de los políticos por el poder, es en realidad una guerra de los grupos económicos por los mercados y por un mayor posicionamiento en las áreas de decisiones del Estado capitalista.
En este juego, los políticos son sólo intermediarios institucionales de esta guerra, tomando posiciones según su vinculación dentro de la red empresarial para la cual prestan servicios como «lobbystas» en los niveles gubernamentales, legislativos y judiciales.
En el Ejecutivo nacional, en los gobiernos provinciales y comunales, en las cámaras del Congreso, los políticos son sólo la polea de transmisión (y de ejecución) de los intereses de los grandes grupos económicos que se reparten el comercio interior, el comercio exterior, y toda la estructura económica productiva del país.
O sea que, la función especifica de la «clase política» no es la de detentar el poder de decisión económica (el poder real del Estado capitalista), sino la de cumplir funciones gerenciales (cuando están en puestos gubernamentales) o de hacer lobbys (impulsar leyes favorables a sus representados) cuando están en la cámaras legislativas.
Para que esto se entienda mejor: Todo el desarrollo de la carrera
de un político (sin excepción a la regla) está marcado por su condición de lobbysta de algún grupo económico.
La relación empieza cuando inicia su carrera en el escalón más bajo de la pirámide política, pasando por distintos puestos, desde concejal, diputado, intendente, gobernador hasta Presidente, según la suerte que le toque en el negocio.
Las empresas y bancos pagan de dos maneras por los «servicios» institucionales de un político: Financian sus campañas y lo habilitan con un porcentaje de los contratos que consiguen con el Estado.
Si llegan a los puestos más altos (presidente, gobernador o alcalde), sirven al poder colocando a los operadores de los grupos económicos como funcionarios o asesores claves en los gabinetes gubernamentales.
Esta dinámica es la que le permite a los políticos transformar el gerenciamiento de «cosa pública» en una empresa comercial paralela realizada con el control del Estado. Esta actividad capitalista privada (ejecutada con el Estado como herramienta) es lo que le permite al político convertirse en un próspero millonario y manejar cuentas secretas en los paraísos fiscales.
O sea que, al amparo de la representatividad institucional que le otorga el «voto popular», el político construye su propio negocio capitalista haciendo lobby y gerenciando «cosa pública» para los pulpos económicos y financieros que controlan y se reparten áreas de influencia en el Estado capitalista.
Si las mayorías tomaran conciencia de esta macroestafa con el Estado dejarían de legitimar a los políticos con su voto en la urna.
Y eso no sucede por una sencilla razón: Los medios de comunicación (guardianes y protectores del sistema) imponen y nivelan la idea de que si la gente no vota se puede ingresar al caos y al «vacío» de poder.
Lo que no tiene ningún sustento lógico, dado que el Estado de las corporaciones económicas funciona al margen del formalismo de las instituciones que le otorgan barniz «democrática» al macro-robo capitalista de trabajo social y de recursos naturales.
Donde el «voto popular» solo cumple el papel de legitimación social de la estafa institucionalizada con las elecciones y la participación masiva.
El poder oculto
Los que toman las decisiones estratégicas (a través de los políticos) son los factores del poder económico que hacen lobby de presión e influencia sobre el gobierno y los parlamentos.
Esta estrategia (de presentar al gerente como si fuera el patrón) está orientada a hacer desaparecer la estructura del poder real que controla los hilos del Estado por encima de los gobiernos y los sistemas parlamentarios y jurídicos.
Por encima del poder político se sitúa un supra poder (de naturaleza oculta) fundamentado en un trípode: Las grandes cámaras empresariales, las embajadas extranjeras y los monopolios de medios de comunicación..
Las embajadas extranjeras (principalmente las de EEUU y la UE) cumplen función de «lobbystas» de sus bancos y empresas en el país en que se encuentren.
Las grandes cámaras empresariales, su vez, nuclean a los grandes bancos y empresas multinacionales que mantienen la hegemonía y el control de toda la actividad económico productiva, y a su vez manejan el mercado interno y el comercio exterior (las áreas clave de la economía).
Los grandes consorcios mediáticos (aparte de integrar el sistema como una corporación más) son ultradependientes de los grandes bancos y empresas que pautan el grueso de sus facturación con la publicidad comercial.
A su vez, presionan al gobierno nacional y a los provinciales para el otorgamiento de la publicidad institucional de Estado, que complementa su facturación y su rentabilidad por ingresos publicitarios.
Este trípode estratégico constituido por las embajadas (el poder imperial trasnacional), las grandes cámaras empresariales (el poder económico) y los consorcios de la comunicación (el poder mediático) constituye el centro del poder estratégico que controla el Estado capitalista, tanto en los países centrales como en los de la periferia dependiente.
Cuando la prensa otorga (a través de la información) el poder de decisión a los políticos y a los gobiernos de turno, lo que hace es diluir la comprensión y sacar el poder real de la vista de las mayorías.
Y hay una explicación de fondo: Los políticos no son nada más que un fusible.
Además de su función gerencial al servicio de los grandes grupos económicos, están para preservar el anonimato de los centros de decisión que controlan el poder real.
(*) Manuel Freytas es periodista, investigador, analista de estructuras del poder, especialista en inteligencia y comunicación estratégica. Es uno de los autores más difundidos y referenciados en la Web.