escrito por Alina Bárbara López Hernández
Desde antes del 11 de julio, era evidente que Cuba necesitaba enrumbar una senda que produjera cambios sustantivos en su desgastado modelo económico y político. El estallido social descubrió la urgencia de ese itinerario. Tal camino puede seguirse con la anuencia del gobierno, que debería entonces mostrar señales de interés; o responder a presiones desde abajo, —de las que el 11-J fue apenas un ejemplo—, que serían perfectamente lógicas si no son modificadas las condiciones que abonan de inconformidades el escenario nacional.
Si un conflicto social deriva de determinadas causas sobre las que no se opera, podrán aplazarse sus expresiones pero no hay dudas de que estas se revelarán en mayor o menor tiempo. En ese sentido las Ciencias Sociales no son menos exactas que las Matemáticas. La manera de conducir la situación en Cuba por parte del gobierno ha sido superficial, pues no se enfoca en atender las causas de la crisis estructural, sino en paliar ciertos efectos que son circunstanciales.
La narrativa oficial sostenida —una conspiración financiada desde el exterior para derrotar al gobierno— ha quedado en entredicho. Por un lado, ante la falta de pruebas concretas; por la otra, ya que la constante referencia mediática a la presencia del presidente de la república y otros dirigentes en barriadas pobres, indica que se supo apreciar muy bien —aun cuando no se reconozca en su verdadera dimensión—, que el abandono, la vulnerabilidad extrema y la falta de participación, fueron componentes clave del descontento.
Dichas acciones han tenido evidente cariz asistencialista y populista: promesas de mejorar viviendas, vías y servicios; marcha de los dirigentes por calles destruidas saludando a los pobladores, visitas a santeras de la comunidad; pero sabemos bien que el asistencialismo es una ruta ficticia —y por lo general poco duradera—, para atender a todas las familias y comunidades que en la Isla viven desde hace décadas bajo condiciones de pobreza y, en algunos casos, de pobreza extrema. Ellos abarcan mucho más que las sesenta y dos barriadas diagnosticadas.
El presidente Díaz Canel durante su visita al barrio habanero La Güinera, en el cual murió una persona baleada por la policía durante las protestas de julio. (Foto: ACN)
Esas actitudes, y la aprobación de medidas engavetadas por años, como la autorización de las micro, pequeñas y medianas empresas, la importación de medicamentos y alimentos libres de aranceles en los aeropuertos o un aumento en la cantidad de arroz de la canasta básica; apuntan hacia la preeminencia del economicismo en la mentalidad de la dirigencia, que ha decidido ignorar el contenido político que debe impregnarse a los cambios.
Todavía se espera un análisis político y estratégico del Partido acerca de lo ocurrido. Esta falta de perspectiva política será fatal a corto plazo, especialmente porque el terrible costo en vidas de la pandemia—evidentemente subdeclarado en las estadísticas pero ya denunciado hasta por científicos y personal de salud—, la crisis sanitaria y de medicamentos y los constantes cortes de electricidad, avivan el descontento.
A lo anterior se unen otros factores que pesarán, y con inmediatez, en la ecuación política:
– pronto se abren las fronteras a los visitantes y a la temporada turística, lo que puede acelerar los contagios de Covid y la crisis sanitaria, ya inmensa;
– Cuba no cuenta ahora con un país-pilar que sustente su perenne insuficiencia de combustible, por lo que los recortes de electricidad aumentan sostenidamente, aunque ello se siga justificando con roturas sistemáticas y mantenimientos planificados a las centrales eléctricas, es lógico que esa situación se deteriore cuando la demanda proveniente del turismo incida en pocos meses en mayores afectaciones al sector residencial;
– deben amortizarse los plazos de una deuda externa negociada y vuelta a renegociar, y que pagamos todos aunque no sintamos de igual modo el rigor de los ajustes;
– por mucho que se haya dilatado la aprobación de leyes que habiliten los derechos cívicos de manifestación pacífica, debe hacerse en un plazo breve, según mandato constitucional demorado excesivamente;
– la imagen del gobierno, dada la gran represión al estallido social del 11-J, ha quedado malparada ante la comunidad internacional, incluidos prestigiosos líderes y sectores de la izquierda; esa violencia, de repetirse, pudiera ser inaceptable para muchos países que posiblemente reevaluarían sus relaciones con nuestro gobierno;
– por último en el análisis —pero no en importancia—, luego de su retirada de Afganistán, de la baja en la popularidad que ha sufrido, el gobierno de Biden está necesitando un impacto de su política exterior. Una Cuba debilitada puede ser una tentación, no me refiero a la posibilidad de una intervención armada, que no sería en mi opinión una salida que esa administración maneje, pero sí de que pueda aumentar presiones económicas, más allá de las existentes, para obligar a cambios.
La opción de responder bajo presiones nunca ha dado resultados en la historia del proceso, pero el gobierno de la Isla siempre contó con estrategias económicas y geopolíticas que hoy no posee.
La posibilidad de encontrar una solución mediante el diálogo nacional, que realmente haga participante activa a la ciudadanía en las decisiones políticas —lo cual sería totalmente coherente en un sistema que se autodefine socialista—, es aceptada por una parte de las cubanas y cubanos. Los sectores extremistas, que no me parecen mayoritarios al interior del país, no la admiten bajo el argumento de que no se dialoga con una dictadura
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Los sectores extremistas, que no me parecen mayoritarios al interior del país, no admiten la posibilidad del diálogo bajo el argumento de que no se dialoga con una dictadura. (Foto: Pedro Portal/Miami Herald vía AP)
El gobierno, a mi juicio, es un interlocutor válido por diversas razones:
1. Porque no ha sido derrotado y tiene al ejército a su favor.
2. Porque, aun con las falencias del sistema electoral, fue instituido por vías constitucionales.
3. Porque en Cuba no existen condiciones para un levantamiento armado popular, para empezar, el uso de armas es ilegal.
4. Porque gran parte de la sociedad civil desea cambios pero no admite la violencia como medio para lograrlos.
5. Porque una guerra civil es algo que debe evitar cualquier sociedad siempre que sea posible.
No obstante, es obvio que se requiere la anuencia del gobierno para que sea viable la celebración de un diálogo nacional. Podría ser una propuesta de la sociedad civil, desde abajo, hecha al gobierno y aceptada por este; o a la inversa, generarse desde el propio gobierno.
¿Cuál ha sido la actitud del gobierno acerca de esta posibilidad?
Intercambiar entre pares ideológicos y hacia el interior de las instituciones reconocidas es lo que entiende como dialogar la dirección del país. Pero aún en esas condiciones, ideales para el gobierno, cualquier crítica que profundice más de lo debido se considera excesiva, como pudimos observar en la reunión del presidente con la prensa oficial.
Durante el año 2020, y en lo que va de 2021, son varios los textos publicados en el periódico Granma, órgano oficial del PCC, que explicitan ese talante. Algunos se deben a la doctora en Psicología Karima Oliva, entusiasta detractora de la fugaz iniciativa cívica Articulación Plebeya —que fomentaba precisamente la creación de espacios de diálogo.
En sus textos: «Por un diálogo», «Diálogo en Cuba para la defensa de la revolución o las voces en la Tángana del Trillo» y «¿Diálogo o el negocio del cantinfleo?», por citar algunos, asevera que apartarse de la tesis —considerada por ella una invariante— de la continuidad y de la defensa en bloque al gobierno, es inaceptable. En aquel momento respondí al último de esos artículos con el análisis: «¿Calumnias o el negocio del continuismo?», donde expresé:
[…] es interesante observar de qué modo utilitario Oliva Bello crea y desecha conceptos a conveniencia y tensa el ambiente en la medida en que la crisis ideológica interna, en la que prima un componente simbólico muy fuerte, se agudiza. A finales del 2019 la misma autora englobaba a todo el pensamiento crítico insular en una corriente que denominó Progresismo. Pronto abandonó el infeliz pero comedido intento, para lanzarse a las procelosas aguas de los sectarios radicales, vieja especie importada que aquí echó raíces profundas.
Ahora no se anda con medias tintas la psicóloga —devenida analista política por obra y gracia de la falta de intelectuales que se presten a desempeñar el rol innoble de infamadores de sus propios colegas— al afirmar: “Resulta que el ′diálogo′ es la última bandera levantada por la contrarrevolución en Cuba que, con nombre de Articulación Plebeya, sin respaldo en la calle, se muda a internet para, en forma de ′mesa redonda′, mantener viva la tarea de deslegitimar la institucionalidad cubana (…).
La publicación de Oliva data de febrero de 2021. Cinco meses después miles de personas, desesperadas porque sus voces fueran tenidas en cuenta, se echaron a las calles. La psicóloga resultó muy mal analista.
Karima Oliva. (Foto: Las Razones de Cuba)
Algunas opiniones han sido incluso más categóricas. En enero pasado, y de la autoría del filósofo mexicano Fernando Buen Abad, Granma difundió el artículo: «¿Dialogamos?» en el que se afirma dogmáticamente que bajo las actuales condiciones de dominación capitalista, acudir a una mesa de diálogo es una trampa. Es difícil que el autor ignore que Cuba ha sido por años garante de mesas de diálogo entre la guerrilla colombiana y el gobierno de aquel país.
El pasado 10 de septiembre, con la prosa que lo distingue y que intenta infructuosamente ser poética, el doctor en ciencias Físicas Ernesto Estévez Rams nos precisa desde la portada del Granma que el arte de dialogar es revolucionario. Propone un extenso listado de ejemplos, cual interrogantes, al que faltaría este: ¿Quién secuestró la voz de las ciudadanas y ciudadanos a nombre de la unanimidad?: el Partido.
En una visita a Nueva York en el 2018, el presidente Miguel Díaz-Canel expresó que era necesario derrumbar muros y tender puentes. En aquel momento me preguntaba: ¿Cómo vamos a tender puentes al exterior si dentro de la isla vivimos separados por barreras? Ahora confirmo que al presidente le resulta más fácil dialogar y derrumbar muros con el gobierno norteamericano que con la ciudadanía que lo rodea. ¿Creerá que sus encuentros, difundidos por el NTV, pueden considerarse diálogos reales?
El documentalista Juan Pin Vilar, muy razonablemente, observa: «Si el presidente cree, espero que sinceramente lo crea, que reunirse con esa franja de jóvenes universitarios, periodistas, artistas, público en general, va a impedir que vuelva a salir a la calle otra franja diversa de jóvenes universitarios, periodistas y artistas, a la que se sumará público en general, Dios nos coja confesados».
La historiadora Ivette García González, articulista de LJC, ha dedicado varios análisis en este medio a la conveniencia y metodología aceptadas internacionalmente para organizar un Diálogo Nacional.
Los ataques extremistas a tal propuesta han provenido lo mismo del fundamentalismo que pretende una guerra civil en Cuba y al que toda resistencia cívica le resulta insuficiente si no se usan sus conceptos, sus consignas y sus métodos y, sobre todo, si no se repudia la idea del socialismo; que desde las posturas oficiales del gobierno, que prefiere situar en la categoría de enemigo, pro-imperialista y mercenario, a cualquiera que se atreva a disentir.
En el foro de comentarios al último de los artículos de García González, participó el también historiador y analista Carlos Alzugaray. El profesor y ex diplomático considera interesante la propuesta, no obstante menciona varios obstáculos para instrumentarla que son, a su juicio, de difícil solución.
Carlos Alzugaray
A continuación glosaré sus principales argumentos:
Ante todo el gobierno tendría que estar dispuesto a aceptar que esta es una buena idea y que vale la pena echarla a andar para lo cual tendría que reconocer la legitimidad de los actores de la sociedad civil.
Para que el gobierno no considere el diálogo una buena idea —aunque sea una idea que no preferiría— tendría que ofrecer otras. Hasta el momento ello no ha ocurrido. Se mantiene el discurso de defender conquistas y ser continuidad, no existen evidencias internas que muestren una hoja de ruta generada desde el gobierno. Incluso, el 8vo. Congreso del Partido dejó enormes interrogantes respecto al cambio radical de los Lineamientos, que había sido presentado como esa hipotética hoja de ruta. A lo que se añade que ninguno de los Lineamientos apuntó jamás a cambios políticos, y estos son imprescindibles para amplios sectores de la ciudadanía.
Respecto a la legitimidad de los actores de la sociedad civil, ¿qué impide que el gobierno los reconozca? La propia Constitución refrenda la libertad de expresión, reunión y manifestación pacíficas, lo cual sería un primer paso para legitimar actores que existen de hecho.
Segundo, en esa sociedad civil hay una diversidad y atomización de actores con credenciales de representatividad dudosos. No hay partidos políticos representativos, ni siquiera clandestinos. Hay un sector extremista que parece imponer su narrativa que básicamente dice que el gobierno es una dictadura con la cual no se puede dialogar.
Ante una convocatoria a DN hecha por el gobierno —o por la sociedad civil y aceptada por el gobierno—, los que acudan a ella estarían admitiéndolo como una de las partes implicadas en el diálogo, lo cual excluiría de inicio a los actores fundamentalistas y extremistas que no lo aceptan como interlocutor.
Cierto que hay una diversidad de actores y también una atomización, pero esto último es una gran responsabilidad del gobierno, que prohíbe la creación legal de Partidos u organizaciones. Sin embargo, es dogma superado por la práctica política que los partidos sean necesariamente la única forma de asociación de la sociedad civil.
Ante ello el gobierno puede argumentar que la consulta popular fue un diálogo nacional como resultado del cual se redactó una constitución y que esa constitución se sometió a referendo y fue aprobada por 6 millones 800 mil ciudadanos. Por tanto, puede reclamar que los participantes en el diálogo tienen que aceptar la legitimidad de ese cuerpo legal y no comenzar por negarlo.
El gobierno no tendría suficientes argumentos para sustentar esta tesis, aunque es lo que hace. No existió un diálogo sino una consulta popular no vinculante. La redacción final de la Constitución y las decisiones respecto a lo que quedaba o no en su articulado, estuvieron en manos de ocho personas.
En el artículo «Reciprocidad», que data de aquel momento, apunté: «La exposición de Acosta [intervención televisiva de Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado y miembro de la comisión redactora] fue muy clara: “esta no es una consulta vinculante, la opinión de los ciudadanos que debaten el documento, aun en aspectos en que sea mayoritaria, no incidirá obligatoriamente en la transformación de determinados aspectos del mismo, pues el enfoque no es cuantitativo”». A confesión de partes…
Respecto al argumento que emplaza la legitimidad de la Constitución en el voto mayoritario de la población cubana, tengo los siguientes criterios:
1) en el proceso de consulta previo, los medios oficiales solo presentaron el punto de vista de la burocracia política e impidieron que el debate que se suscitó en las redes sociales, y que contó con análisis informadísimos de especialistas, juristas, historiadores, economistas, entre otros, fuera de dominio público y permitiera una mayor y más profunda reflexión popular. Así lo apunté en el artículo: «Mundos paralelos».
2) Que Cuba debe actualizar no solo su economía, sino modernizar su proceso de votaciones. El mismo continúa en condiciones que no garantizan una confiabilidad mayor que el lápiz y la boleta de papel, y no tenemos muchas razones para confiar en las estadísticas oficiales luego de su manejo durante la pandemia.
3) Si la cantidad de personas que apoyan una decisión electoral fuera siempre sinónimo de una buena decisión, no podríamos criticar, por citar un ejemplo, a Jair Bolsonaro, elegido por el voto mayoritario en Brasil.
También acotaría que la Constitución de 2019 declaró a Cuba un Estado Socialista de Derecho, concepto que, para sorpresa de muchos, el presidente informó hace pocos días que debe ser conceptualizado. Si ello puede hacerse tan a la ligera, no veo obstáculo alguno en valorar la redacción de una nueva Ley de leyes, Asamblea Constituyente mediante. Estoy segura que sería un punto a debatir en el diálogo nacional, de ser celebrado.
Finalmente, está el problema de la injerencia extranjera que, para muchos cubanos como yo, es fundamental resolver en primer lugar (…) Es imprescindible que Estados Unidos adopte una relación de prescindencia lo que significaría lo siguiente: reconocimiento de la legitimidad del gobierno cubano, abandono total, sin excepciones de la política de cambio de régimen y reinicio del proceso de normalización iniciado por Raúl Castro y Barack Obama en el 2014. Esto último requiere el cese de las medidas coercitivas multilaterales o bloqueo y del financiamiento y promoción política de grupos opositores, incluyendo los que actúan fundamentalmente desde Miami.
Entiendo que para el profesor Alzugaray la posible convocatoria a un diálogo nacional con su ciudadanía, requiere que el gobierno cubano deba ser legitimado antes por el reconocimiento del gobierno norteamericano. Esta tesis es un ejemplo fehaciente de la falta de independencia nacional. Solo recuerdo que las medidas más radicales de la Revolución del Treinta fueron tomadas por un gobierno que no fue reconocido jamás por los Estados Unidos, y, por el contrario, la Mediación de Welles fue una de las páginas más oscuras de la intromisión norteña en la Isla.
Cuba cuenta con muchos analistas, pero su especialidad por lo general son las relaciones internacionales o el diferendo con EE.UU. Necesitamos que ejerzan su importante función también a lo interno, para estudiar las relaciones del gobierno y la sociedad civil.
La propuesta de un diálogo nacional podría ser una vía soberana e independiente para transformar la sociedad cubana, apegada a la legalidad y buscando convertirlo en un país próspero, sostenible y realmente democrático y participativo. Los integrantes de la mesa de diálogo podrían presionar ante la opinión pública internacional y ante el gobierno norteamericano para el cese de la hostilidad hacia Cuba.
Ahí sí se estaría operando sobre las causas de la crisis nacional.
AUTORA
*Alina B. López Hernández es Profesora y Tutora de Antropología Sociocultural y una excelente Científica Social y Política (socióloga y politóloga) de la Universidad de Matanzas. Miembro Académico Nacional Correspondiente de la Academia de Historia de Cuba. Además de Analista Sociopolítico laureada de La Joven Cuba. Para contactar al autor: [email protected]. Para contactar con la autora: [email protected]
