David Rivera comenzó su carrera política dentro del Condado Miami Dade, ubicado al Sur de la Florida, donde estuvo estrechamente vinculado a los hermanos Diaz-Balart, en especial con Mario, y todo lo que valía y brillaba del exilio histórico cubano, lo que le facilito el poder trabajar como Director de Asuntos Públicos para la Fundación Valladares, con sede en Washington DC. Trabajar para la Oficina de Radiodifusión de Cuba (Radio Marti); de Profesor adjunto en la FIU en su Escuela de Politica y Administración. Comenzó su incursionar en los cargos para la Gerencia Publica en el 2002 al postularse para Representante Estatal por el Distrito el 112º de la Florida ganando sin oposición respectivamente las reelecciones 2004, 2006 y 2008 presidiendo el Comité de Reglas antes de servir como presidente del comité de asignaciones de 2009 a 2010, donde cabildeo fuertemente para crear nuevas escuelas profesionales en FIU y ayudó a la delegación de Miami-Dade a trabajar dentro de un presupuesto estatal ajustado. Su tan estrecha relación, incluyendo el compartir la vivienda, con el también Representante Estatal Marco Rubio le valió el calificativo del “Binomio e Oro” y en particular a David el ser conocido por (c/p) “El Ejecutor” de Rubio. Como línea primaria de acción, para ganar el voto cubanoamericano, declararía tan temprano como en el invierno del 2004 que su prioridad principal como Representante en Tallahassee era mantener una posición vertical en favor de lograr la libertad y democracia en Cuba exponiendo “Es el problema más importante para mí”. Para lo cual patrocinó una medida que prohibía que los lugares de educación superior en Florida patrocinaran y pagaran por sus viajes de investigación a Cuba y una batalla legal en contra las Agencias de Viajes a Cuba. Ha sido miembro del Comité Estatal del Partido Republicano de Florida y Director Ejecutivo del Partido Republicano del Condado Miami-Dade. Por su habilidad para manejar tanto los aspectos Legislativos, en favor de los cabilderos, en Tallahassee como en el de las Campañas Políticas que asesoraba era además conocido por (c/p) “El Ejecutor“ (ejecutante de las ordenes de Marco Rubio) y tambien como “David La Trampa”.
La querella estaría plagada de imprecisiones que tienen como fondo “encubrir lo que realmente ocurrió en el seno de CITGO”
Maibort Petit – @maibortpetit — Fuente: eltiempolatino.com
Mayo 15 del 2020
Una demanda por incumplimiento de contrato —interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, [encabezado por los abogados Jeffrey B. Korn y Michael Gottlieb]— fue publicada por primera vez por el New York Times el 13 de mayo de 2020 (1). En la querella, PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc, —una empresa de maletín propiedad del excongresista cubano-americano, David Rivera— devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios ‘de cabildeo’ que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017. Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé”(2).
Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, “estaban al tanto de todo”.
No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos.
¿Quién pagó los $15 millones a David Rivera?
La demanda fue interpuesta por uno de abogados de CITGO, que ha trabajado para las administraciones del régimen chavista, y quien fue contratado nuevamente por la presidente de la Junta Directiva de CITGO, designada por el presidente interino, Juan Guaidó en 2019, Luisa Palacio. Michael Gottlieb —quien también estuvo asociado al bufete que defendió a los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro— ha jugado un rol crucial en las decisiones de Palacios. En Venezuela Política hemos escrito sobre la relación Palacios- Gottlieb y el acoso que ambos mantienen al personal de CITGO que ha denunciado las irregularidades dentro la corporación. (3).
El pago corrupto
Una fuente interna, conocedora del caso, destaca lo siguiente: “la explicación de los hechos dada por el bufete de abogados no es del todo cierta”. En marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.
Por aquel entonces, se presentó una factura para justificar un pago de $15 millones a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de la ‘factura’, que —a decir de muchos— era un simple papel, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarla”. A todas luces se veía que “era una operación de la lavado de dinero”, sostuvieron dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.
La factura “por servicios profesionales” era por el monto de $15 millones, y “se pagó por una orden de arriba”. Para ese momento, José Pereira (actualmente preso en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser.
CITGO pagó la factura a la empresa del excongresista David Rivera, y “todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo”. La aprobación del pago de los $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.
Febrero de 2019
Cuando asumió la nueva junta directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios, se les informó sobre las múltiples irregularidades cometidas por las anteriores administraciones de CITGO, y les entregaron informes sobre los ejecutivos que presuntamente habían cometido los delitos, tanto los venezolanos como los norteamericanos. Pero, contrario a lo que muchos esperaban, los nuevos directivos no tomaron ninguna acción, sino que se dedicaron a evitar que la información trascendiera las paredes del edificio sede ubicado en 1293 Eldridge Pkwy, Houston, TX 77077.
La explicación de las fuentes consultadas para este reporte, refleja que detrás de la demanda hecha por el bufete Willkie Farr & Gallagher LLP “hay muchos hechos sin contar”. Una de ellas señala: “Esto no es ni el 10% de la historia”, a la vez que aseguró que: “mucho de los hechos reportados por ambas partes no son ciertos”.
Otra fuente de PDVSA, Caracas, confirmó a Venezuela Política que “los pagos a la empresa Interamerican Consulting Inc fueron hechos en un cien por ciento por el personal de CITGO, por orden de la junta directiva de PDVSA. Las operaciones fueron procesadas y ejecutadas por José Pereira ( bajo arresto en Venezuela) y Gina Coon (actual tesorera de CITGO) violando todos los controles y procedimientos internos de revisión”.
Un elemento importante, que vale la pena destacar, es que los registros constitutivos de PDV USA muestran que la empresa demandante es un ente de la misma CITGO. “Para el momento que se realizaron los pagos corruptos a la empresa de maletín del excongresista David Rivera, CITGO estaba manejada, controlada y administrada por José Pereira, Gustavo Cárdenas, y Nelson Martínez”, acota la fuente consultada en PDVSA, Casa Matriz .
En la demanda se pretende establecer que PDV USA es una unidad de PDVSA, “pero dicho argumento es sólo para encubrir a CITGO”, dijo una fuente interna familiarizada con el caso.
PDV USA es fondeada por las compras de petróleo y pagos que hace CITGO a PDVSA. “En vez de pagar a PDVSA, parte de ese dinero es/era transferido a las cuentas de PDV USA en Estados Unidos, para pagos [principalmente] a proveedores, que en realidad no eran tales, por ejemplo: 1) Proveedores usados en CITGO Aruba; 2) Gastos de propaganda política del régimen venezolano en los Estados Unidos; 3) Gastos de viaje de personajes del régimen,
[Delsy Rodríguez y otros]; 4) Gastos de los consulados, fiestas en misiones de la ONU en NYC, [como fue el caso de Rafael Ramírez y María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez]; y 5) muchas otros pagos como donaciones no controladas.
Los reportes internos muestran que las cuentas bancarias de PDV USA son/eran manejadas por Gina Coon (Tesorera) bajo la dirección de José Pereira, Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez.
El entramado de corrupción que se manejó desde CITGO envuelve muchos otros casos como el del ex congresista, David Rivera. “Hay operaciones fraudulentas vinculadas a abogados, congresistas, consultores, contratistas y empleados de CITGO que colaboraron con las transacciones corruptas y apoyaron al régimen de Nicolás Maduro desde los Estados Unidos”, aseguró la fuente.
Contrario a lo que dice la demanda del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, “los detalles y hechos de este caso son varios y envuelven varias acciones ilegales que afectan principalmente a CITGO, comenzando por violaciones de políticas y procedimientos internos, así como posibles violaciones de leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales incluidos en la ley RICO y otras leyes federales de los Estados Unidos”, acotó.
Una de las fuentes consultadas señaló que la demanda “es una presunta estrategia de la actual junta directiva de CITGO que busca cubrirse las espaldas ante la investigación que realiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en CITGO”.
Otro informante sostiene que “el abogado Michael Gottlieb, Luisa Palacio, Carlos Jordá y el resto de los actuales directivos saben que no va a recuperar los $15 millones de la demanda y que la única razón por la cual se interpuso la querella fue por la presión que existe por la investigación del DoJ”. Se preguntan: ¿Por qué CITGO no demandó a Ernesto Guevara que supuestamente defraudó a CITGO por más de $300 millones?.
Además de los ejecutivos mencionados, en los reportes internos de CITGO sobre este caso, aparecen señalados [por ser presuntamente cómplices o encubridores] Gina Coon, Rick Esser, Jennifer Moos (recientemente jubilada sin ser investigada) y Judith Colbert(4).
Hasta la fecha, la junta directiva designada por Juan Guaidó y sus abogados, no habían tomado acciones significativas en contra de los proveedores y empleados que defraudaron a CITGO, “por el contrario, han soportado la retaliación en contra de los empleados/directores que reportaron casos de fraude internamente (incluyendo el de David Rivera), y han encubierto a empleados que presuntamente son cómplices en operaciones de lavado de dinero en CITGO”, acotan.
Este caso fue reportado a Rick Esser y Jennifer Moos, porque estos dos ejecutivos de CITGO eran quienes manejaban el Comité de Cumplimiento “y no cumplieron con su deber de revisar y aplicar las leyes federales, que obligan a las empresas a investigar todas las demandas internas de empleados y asegurarse de actuar adecuadamente, tomar acciones correctivas, implementar controles necesarios, entre otras acciones”.
La demanda
La querella por incumplimiento de contrato interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York establece lo siguiente:
- El 21 de marzo de 2017, PDV USA e Interamerican Consulting Inc firmaron un acuerdo de consultoría según el cual la empresa recibiría $ 50 millones en seis cuotas durante un período de tres meses para proporcionar supuestos “servicios de consultoría estratégica” para PDV USA empresa matriz, Petróleos de Venezuela, SA.
- PDVSA es la compañía estatal de petróleo y gas natural de la República Bolivariana de Venezuela y, en ese momento, estaba controlada por el régimen de Nicolás Maduro. PDV USA recibió instrucciones de la empresa matriz (PDVSA) de su empresa matriz (PDV Holding, Inc.) para celebrar el Acuerdo con el propósito de mejorar la “reputación a largo plazo” de PDVSA en los Estados Unidos. (No se menciona a CITGO)
- En enero de 2019, el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de Venezuela, desconociendo el régimen de Maduro y sancionó a PDVSA a través de la OFAC. Desde ese momento se requiere una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. para hacer negocios con la petrolera.
- El Gobierno de Guaidó nombró una Junta de Directores Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las filiales de PDVSA en Estados Unidos, incluida PDV USA (No se nombra CITGO). En agosto de 2019, el Tribunal de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó a la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.
- Según el Acuerdo de 2017, se suponía que Interamerican desarrollaría e implementaría durante un período de tres meses un plan estratégico para mejorar la reputación y posición de PDVSA, y construir relaciones con los formuladores de políticas, líderes de opinión, funcionarios públicos y partes interesadas específicas.
- Entre otras cosas, a cambio de $ 50 millones, el Acuerdo requería que Interamerican proporcionara, al menos, siete informes quincenales que detallen el trabajo realizado durante el período relevante y un informe final que incluiría recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas. En cambio, el Demandado proporcionó solo dos informes, con un total de no más de cinco páginas, muchas de las cuales están duplicadas. Estos informes se refieren genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones” y “recomendaciones”, pero no describen un solo elemento del plan alegado, identifican a los participantes de la reunión o las discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron ni a quién.
- El Demandado no realizó servicios significativos según el Acuerdo, y ciertamente no realizó el nivel de servicios que razonablemente podría esperarse por una tarifa de aproximadamente $ 17 millones por mes.
- PDV USA resultó lesionada por el incumplimiento del Acuerdo por parte del Demandado. PDV USA pagó las primeras tres facturas emitidas por el Demandado, un total de $ 15 millones, pero no recibió evidencia de que algún servicio se haya realizado alguna vez en nombre de PDV USA o PDVSA.
- Además, Interamerican Consulting Inc se comprometió explícitamente en el Acuerdo a indemnizar a PDV USA por y contra cualquier incumplimiento del contrato perpetrado por la empresa, incluido el pago de los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con la aplicación de los derechos de PDV USA.
- En consecuencia, PDV USA interpone la acción para recuperar los $ 15 millones (más intereses) que ya le ha pagado al Demandado, liberar a PDV USA de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo y recuperar cualquier otro daño compensatorio por un monto que se abonará en juicio, así como todos los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de sus derechos contractuales.
La demanda señala que Interamerican Consulting Inc es una compañía incorporada en el estado de Florida por el ex congresista estadounidense David Rivera. La dirección de la empresa es el hogar de Rivera, ubicado en 10925 N.W. 43rd Lane, Miami, Florida, 33178. En su descripción, Interamerican Consulting Inc dice que proporciona “servicios de consultoría estratégica”. Según la información disponible públicamente, la referida empresa tiene solo dos empleados: (1) David Rivera, quien se desempeña como Presidente y agente registrado; y (2) Diana Rivera McKenzie (hermana de Rivera), quien se desempeña como Vicepresidenta.
La demanda sostiene que el objetivo principal del contrato era que el Demandado brindara servicios para PDVSA. El representante autorizado y el principal punto de contacto era Pio González, un empleado de PDVSA.
Lo único que se recibió fueron dos breves informes de progreso proporcionados por Interamerican que aclaran que los servicios de consultoría se estaban prestando a PDVSA. Dichos informes describieron que Interamerican había organizado reuniones que “permitían al Cliente proporcionar sus puntos de vista y perspectivas sobre los eventos actuales en Venezuela y su interpretación en los Estados Unidos”. Aunque “Cliente” se define en el informe de progreso como PDV USA, la referencia a eventos actuales en Venezuela deja en claro que los intereses de PDVSA eran el tema de los servicios de consultoría estratégica.
Aseguran que Interamerican acordó desarrollar las siguientes estrategias :
1) Informarían a los responsables políticos y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros de PDVSA;
2) Reforzar la posición de PDVSA entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión”; y
3) Mejorar la “reputación a largo plazo” de PDVSA y su “prestigio” con las “partes interesadas”.
La empresa contratada acordó además “identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos”.
El contrato establece que Interamerican debía proporcionar:
(1) actualizaciones con respecto a sus servicios de consultoría estratégica con detalles adecuados y completos de los servicios prestados;
(2) documentación de respaldo para todas las facturas presentadas;
(3) informes quincenales que detallan sus actividades en virtud del Acuerdo; y
(4) un informe final que integra todos los productos de trabajo desarrollados de conformidad con el contrato.
El Acuerdo tenía un plazo de tres meses, comenzando en la fecha de ejecución, 21 de marzo de 2017, y terminando el 21 de junio de 2017.
La querella sostiene que durante ese período, “Interamerican estaba obligada por contrato a proporcionar al menos siete informes quincenales que detallaban las actividades que había llevado a cabo durante el período de dos semanas aplicable y un informe final que resume todo el trabajo realizado en virtud del Acuerdo y proporciona recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas”.
En lugar de proporcionar estos informes consistentes, Rivera presentó solo dos informes en total: un informe “quincenal” y un informe final. Los informes totalizaron no más de cinco páginas (colectivamente), gran parte de las cuales se duplicaron, y no pudieron describir ningún trabajo significativo realizado en nombre de PDV USA o PDVSA ni proporcionar ninguna evidencia de que el trabajo se haya realizado realmente.
Los informes se refieren, dice la querella, genéricamente a reuniones y discusiones con “importantes formuladores de políticas y líderes de opinión en los Estados Unidos”, “funcionarios públicos clave”, “partes interesadas objetivo”, “partes interesadas del sector público” y “partes interesadas del sector privado”, pero no describen el propósito de esas reuniones, quién asistió, qué se discutió o qué hace que cualquiera de estos líderes, funcionarios o partes interesadas sea importante para el “plan estratégico” de Interamerican.
Del mismo modo, el supuesto informe final se refiere a recomendaciones, pero no explica cuáles son esas recomendaciones.
El contrato requería además que Interamerican proporcionara “documentación de respaldo” y “detalles adecuados y completos de los Servicios prestados” con cada factura presentada a PDV USA.
Sostiene que Interamerican no proporcionó documentación ni detalles de respaldo con las facturas enviadas para el pago.
Alegan que Interamerican tenía que completar los servicios “para satisfacción exclusiva de PDV USA”, pero el cliente nunca expresó satisfacción y no está satisfecho con los servicios de Interamerican.
Asegura que PDV USA pagó a Interamerican por servicios que nunca se realizaron, a pesar de que la empresa no brindó los servicios contratados $ 15 millones.
El Acuerdo estableció un cronograma de pagos, según el cual PDV USA debía pagar a Interamerican una “cuota de pago inicial” de $ 5 millones el 21 de marzo de 2017.
PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones el 21 de marzo de 2017, según lo establecido en el Acuerdo.
El cronograma de pagos también indicó que, a partir del 4 de abril de 2017, se pagarán otros $ 20 millones en “Plazos de pago consecutivos” de $ 5 millones cada dos semanas y que se pagará un “Plazo de pago final” de $ 25 millones antes del 15 de junio de 2017 .
PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones en cada uno de los días 4 de abril de 2017 y 18 de abril de 2017. Junto con el pago inicial realizado el 21 de marzo de 2017, PDV USA pagó un total de $ 15 millones.
PDV USA se negó a pagar las últimas tres facturas que presentó David Rivera, que totalizaron $ 35 millones. “A pesar de que Interamerican no brindó los servicios requeridos por el contrato, y a pesar de la participación del régimen de Maduro y la extrema desproporción entre el precio del contrato y los servicios que se prestarían, el demandado solicitó en repetidas ocasiones el pago de las facturas pendientes de PDV USA” .
En vista del hecho de que el Demandado no había realizado y no contemplaba realizar ningún servicio en nombre de PDV USA y PDVSA, las empresas contratantes solicitaron conjuntamente el consentimiento del Demandado para concluir el acuerdo, pero el acusado se negó a dar su consentimiento. En cambio, Rivera continuó exigiendo que PDV USA pagara los $ 35 millones supuestamente adeudados.
Según el contrato, Interamerican acordó “indemnizar” a PDV USA y PDVSA contra cualquier incumplimiento, incluidos todos esos gastos, costes judiciales y honorarios de abogados en la aplicación de los derechos de PDV USA.
Sostiene la demanda que el demandante tiene derecho a recuperar los $ 15 millones (más intereses) que pagó al Demandado y a ser liberado de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo que fui violado por David Rivera.
CITAS
1)https://www.nytimes.com/2016/03/12/us/marco-rubio-david-rivera.html
2) https://www.miamiherald.com/news/local/article242707216.html
3) https://www.maibortpetit.info/search/label/abogados%20narcosbrinos?m=0
4)https://www.maibortpetit.info/2020/01/busca-citgo-silenciar-casos-de.html
Rivera es la punta del iceberg. Son múltiples los contratos millonarios pagados por Citgo
Por Antonio Maria Delgado y Jay Weaver. Fuente: El Nuevo Herald, Miami
La vice presidenta del régimen de Caracas, Delcy Rodríguez, gestó la aprobación del contrato de $50 millones que PDVSA otorgó a David Rivera, dijeron personas con conocimiento de la situación, en lo que genera dudas sobre las versiones del ex congresista de la Florida de que el dinero fue desembolsado por ejecutivos de Citgo que conspiraban contra el gobernante Nicolás Maduro.
El contrato formaba parte de una costosa operación de Caracas que buscaba frenar en el 2017 las sanciones estadounidenses contra el régimen socialista. Según las fuentes, los esfuerzos también involucraban al controversial empresario venezolano Raúl Gorrín y a otros actores que obtuvieron contratos millonarios similares a los que obtuvo Rivera.
“Yo puedo confirmar que hubieron múltiples contratos aprobados”, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.
Hasta el momento se desconoce las identidades de las personas que accedieron asumir labores de cabildeo a favor del régimen ante el gobierno estadounidense.
En el centro de la operación se encontraba Rodríguez, quien para la época se desempeñaba como canciller de Venezuela y a quien Maduro le dio la responsabilidad de buscar una solución diplomática a las crecientes tensiones con Washington.
“Delcy estaba involucrada personalmente en las comunicaciones” con Citgo. El mensaje era claro: “el contrato necesitaba ser adoptado”, dijo la fuente con conocimiento directo sobre la operación.
En otra señal de que la operación tenía la aprobación de la máxima cúpula del régimen, en los documentos y en los correos relacionados con la operación aparece el nombre del actual ministro de Finanzas Simón Zerpa Delgado, quien para la época se desempeñaba como presidente de Finanzas de PDVSA.
El escándalo, que está siendo investigado por las autoridades federales estadounidenses, sacudió a la opinión pública venezolana debido a las aseveraciones del ex congresista de Miami de que la totalidad de los $15 millones que recibió a través de PDV USA, filial estadounidense de PDVSA, como primer pago del contrato fue a parar a los bolsillos del líder opositor Leopoldo López y de su partido Voluntad Popular.
Según el ex legislador, el contrato fue gestado a espaldas del régimen por los seis ejecutivos de Citgo que actualmente se encuentran bajo arresto en Venezuela, y el objetivo era financiar las masivas protestas del 2017 contra Maduro.
Rivera también asegura que la operación estuvo detrás de la liberación de López, quien a mediados de ese año fue liberado de la cárcel militar de Ramo Verde.
Personas allegadas a López desmienten la versión de Rivera, calificándolas de absurdas y asegurando que ni el líder opositor, ni su esposa Lilian Tintori, recibieron un solo centavo del ex congresista o de Gorrín.
López es el mentor político del presidente interino Juan Guaidó, quien es reconocido por Estados Unidos y casi otros 60 países como el legítimo presidente de Venezuela.
Los esfuerzos del régimen por frenar las sanciones estadounidenses fracasaron miserablemente y la administración del presidente Donald Trump adoptó una cadena de medidas cada vez más severas contra el gobierno socialista, incluyendo sanciones generales contra PDVSA, y la inclusión de altas figuras del chavismo en la lista negra del Departamento del Tesoro.
Las sanciones y la diplomacia estadounidense han convertido al régimen en un paria internacional que hoy enfrenta grandes dificultades en tener acceso al sistema financiero internacional y se ve obligado a vender crudo en el mercado negro.
Aun cuando hasta ahora no hay registro de como Rivera distribuyó la totalidad de los $15 millones, una investigación realizada conjuntamente por el Miami Herald y el Nuevo Herald encontró que cerca de unos $4 millones de ese pago fue a parar en las cuentas de Gorrín
Otro tramo importante, de cerca de $3.5 millones, fue otorgado a la firma asesora de Esther Nuhfer, una recaudadora de fondos de Miami que había trabajado en las campañas políticas de Rivera.
Y Rivera también retiró al menos $150,000 de su cuenta bancaria empresarial en Chase en Miami-Dade, dijeron las fuentes. Los retiros de Rivera se consideraron sospechosos porque hizo 15 de ellos por $10,000 cada uno, con lo cual no evita los requisitos de información de la Ley de Secreto Bancario cuando las transacciones exceden esa cifra.
Además de su cuenta bancaria en Chase, Rivera llamó la atención de los investigadores federales cuando viajó a Suiza y Austria para hablar con bancos extranjeros sobre la posibilidad de depositar dinero allí, según las fuentes.
Rivera, un republicano de Miami conocido por sus críticas a los regímenes socialistas de Cuba y de Venezuela, está siendo demandado por incumplir con un contrato de cabildeo por la propia filial estadounidense de PDVSA que le otorgó el contrato, que actualmente es controlada por el equipo de Guaidó.
Según la demanda, Rivera redactó dos informes breves e infringió su contrato con PDV USA, lo que llevó al final de su relación contractual con la subsidiaria controlada por Venezuela en Estados Unidos. La filial estadounidense de PDVSA pagó a su empresa de asesoría los $15 millones entre el 21 de marzo y el 18 de abril de 2017.
