Ponencia elaborada por Orlando Márquez Hidalgo, director de la revista Palabra Nueva, para el panel Impactos Institucionales en la relación Cuba-Estados Unidos, en el Congreso LASA 2012, San Francisco, California, 24 de mayo de 2012.
El término puente viene del latín pontis. Se afirma que fueron los romanos los primeros en construir un puente sólido de piedra como lo observamos hoy. El puente permitía suprimir la distancia que se antojaba imposible, o salvar el paso sobre el río porque se tenía la certeza, o existía la esperanza, de encontrar del otro lado lo que se necesitaba y no se tenía: el alimento, el nuevo territorio que conquistar, una comunidad humana para interactuar. Pudiera decirse que fue siempre un medio necesario cuando se esperaba encontrar algo nuevo: el puente tenía algo de esperanza.
Para la Iglesia también resulta cercano el término pontífice, del latín pontifex, que designaba a los sacerdotes de la antigua Roma, quienes hacían de puente entre los dioses y los hombres. El cristianismo asumió el término, y hoy se aplica al Papa, Sumo Pontífice, o puente entre Dios y los hombres.
El puente, al que nos hemos habituado ya por ser elemento ordinario y cotidiano que nos facilita el camino, tal vez conserva aún, para no pocas personas, aquel sentido de encuentro o reencuentro, aquel significado de lo nuevo que espera ante nosotros. Por ello, al referirnos al puente como metáfora, o cuando hablamos de tender puentes o de cruzar puentes, quizás estemos evocando solo aquel significado primario de quien va al encuentro de otro, de quien tiene esperanza.
Llegados a este punto, es importante notar que no basta que exista el puente, se necesitan además otras premisas. Es necesario que el puente sea robusto y firme, que esté abierto en ambas direcciones, que existan personas dispuestas a cruzarlo sabiendo que no son las únicas que se benefician de su existencia ni les corresponde derecho exclusivo de uso. ¿Puede la Iglesia, en las condiciones actuales del país, ser puente de acercamiento entre los distintos componentes humanos de la sociedad cubana? ¿Puede la Iglesia en Cuba, limitada en recursos no solo materiales, sino también humanos y pastorales, ser el puente o, en otras palabras, aceptar ese desafío mayor que algunos consideran está llamada a asumir por ser la única institución independiente del gobierno y de toda otra potencial tendencia política que pueda desarrollarse en Cuba, independiente de toda la sociedad y al mismo tiempo atada a ella en sus fieles y por su compromiso pastoral que quiere llegar a todos y cada uno de los cubanos que allí viven?
No es tan fácil la respuesta, porque como dije antes no basta la existencia del puente si las personas no están dispuestas a cruzarlo, o no sabemos construir y habilitar el puente. El significado necesita del significante, de lo contrario el puente puede ser tan solo una estructura-ficción, aunque no por ello la Iglesia pierda su significado propio, que no fue concedido por sociedad alguna sino por Jesucristo. Y sin embargo esto último, que pudieran desconocer u olvidar quienes se sintieran llamados a cruzar el puente, no sería pretexto para que la Iglesia se niegue a esa función de acercar y comunicar a las personas, aunque en el cruce solo atraviesen sus entrañas y sigan de largo.
Es evidente que, desde que el domingo 2 de mayo de 2010, cuando el cardenal Jaime Ortega presidió la misa en la iglesia de Santa Rita de Casia en el distinguido barrio Miramar en La Habana, y las Damas de Blanco pudieron marchar después de la misa sin ser molestadas por las violentas turbas movilizadas en semanas anteriores, algo distinto se iniciaba en Cuba. Los periodistas presentes lo captaron, los fieles habituales de la parroquia lo percibieron, aunque ni unos ni otros sabían las razones. Pero las Damas de Blanco sí lo sabían. El día anterior, mientras cientos de miles de cubanos se congregaban en las plazas de todo el país en la tradicional marcha del día internacional del trabajo, el arzobispo de La Habana se reunía en sus oficinas del Arzobispado con la que fue hasta su muerte líder de este grupo de familiares de los presos políticos, Laura Pollán, y otras cuatro integrantes.
Allí les informó de su carta escrita a Raúl Castro pidiendo el cese de los actos de repudio y la respuesta verbal positiva que recibió sobre este reclamo, respuesta que incluía el deseo de conocer las demandas del grupo. Allí se concretó el proceso de mediación de la Iglesia entre ellas y el gobierno, y la Iglesia fue puente y medio de encuentro entre unos y otros. El cardenal Jaime Ortega les informó que no serían atacadas nuevamente y que del gobierno querían saber cuáles eran sus reclamos.1 Quienes tuvimos la oportunidad de ser testigos de estos acontecimientos, compartimos entonces el mismo grado de sorpresa, satisfacción y expectación. ¿Cómo era posible que el presidente cubano, jefe nuevo del mismo gobierno revolucionario que con mano férrea había sancionado a todas aquellas personas de un modo que siempre la Iglesia consideró injusto, innecesario y excesivo, el mismo gobierno que por más de cinco décadas se había rehusado a reconocer cualquier reclamación pública o privada, nacional o internacional, sobre ciertos errores de política interna que dañaban directamente al ciudadano común y negaban la idea de la “revolución más limpia y justa”, escuchara y respondiera positivamente a un reclamo y denuncia proveniente de la Iglesia, y se manifestara interesado en conocer qué querían aquellas mujeres que marchaban a favor de sus seres queridos quienes eran, desde hacía siete años, presentados desde el mismo gobierno como ejemplos del ciudadano traidor, corrompido e inmoral al servicio de los enemigos del país?
Evidentemente, muchos de estos males se mantienen hoy, como la escasez de determinados bienes materiales y la falta de esperanzas, a veces manifestada en un escepticismo cínico y llano, o en la indetenible emigración. Pero la “revolución permanente” de las marchas y las movilizaciones populares constantes, aquella “batalla de ideas”2 del “teque” o la “muela” ideológica, como llamaban los cubanos a ese discurso reiterativo y desper-sonalizado que podía ser dicho lo mismo a pleno día que en la madrugada, en un acto de conmemoración política o en una ceremonia fúnebre, disminuyó considerablemente en los medios de comunicación, en las escuelas y lugares de trabajo, incluso en el modo de referirse a los asuntos económicos, culturales y otros. La gente comprendió que no solo el mensajero era distinto, también lo era el mensaje.
Ciertamente, Cuba continúa siendo un país regido por un solo Partido, con una estructura de poder centralizada y concebida según el viejo modelo marxista-leninista de la “dictadura del proletariado”, con pocos espacios para el disenso, y sin separación de poderes según el clásico estilo republicano. Esa “arquitectura” estatal y gobernativa de tipo soviético, instalada y consolidada sobre la ineficiencia económica y la agitación popular durante más de cincuenta años, aún se hace sentir, y no solo en la organización del Partido, o en el modo centralizado y suspicaz de gobernar, sino también, y quizás lo peor de todo, en la incapacidad de actualización de muchos cuadros partidistas y gubernamentales, mientras desde las esferas más altas del mismo gobierno se llama con insistencia a cambiar mentalidades para avanzar las reformas. Durante decenios, desde la infancia, quienes aspiraban o eran promovidos a ocupar puestos directivos, supieron que su ascenso era directamente proporcional a su fidelidad y disposición para obedecer sin cuestionar; de seguro hubo no pocos que cuestionaron el statu quo y propusieron ideas renovadoras, pero pagaron el precio de “falta de fidelidad”. Si se era fiel y con méritos personales e intelectuales suficientes, mejor, pero lo primero –la fidelidad y la obediencia– siempre fue lo más importante.
Pero el contexto y las necesidades han cambiado sustancialmente, incluso los cubanos han “cambiado”. Nuevas generaciones han comenzado a hacerse sentir y envían signos de vida con otros códigos, otras aspiraciones y anhelos. La “revolución social” de 1959 –si es que conocen algo de ella más allá de los nombres de algunos de sus líderes– no tiene el mismo significado para ellos, el combate de Bahía de Cochinos o Girón, la crisis de los misiles soviéticos en 1962, o las guerras en África, son historias del pasado, de sus padres o sus abuelos. No pretenden negarla, pero no desean que les impida vivir su propia historia. Y muchos de los puestos directivos municipales, provinciales y algunos nacionales, siguen siendo ocupados por los más “fieles”, aunque no sean necesariamente los más capaces. ¿Cómo hacer reformas con personas que no están listas para ellas, sea porque no comprenden su urgente necesidad, o porque tienen mucho que perder? Ese es, tal vez, el mayor reto que enfrenta el presidente Raúl Castro. Es como hacer un plato distinto con los mismos ingredientes, o renovar el diseño de la vieja arquitectura usando los mismos elementos que sostienen la ya obsoleta edificación. Y no es cuestión de generación, como se pudiera fácilmente pensar, pues el mismo Raúl Castro supera los ochenta años, mientras que algunos que resisten los cambios apenas llegan a los cincuenta. Pero es válido intentar hacer las reformas con estas mismas personas, y sumar otras, porque ese empeño significa “con todos”.
El actual proceso de transformación que tiene lugar en Cuba, con presiones desde la base y un controlado impulso desde arriba, con reformadores que demandan más riesgos y decisión, o con los burócratas que ponen freno y resistencia tanto en la base como en las esferas de poder, deja al desnudo la naturaleza humana y sus conflictos de convivencia, visibles en cualquier tiempo y espacio, en cualquier cultura y sociedad humanas: es la lucha por la supervivencia de unos y otros, la lucha entre el pasado y el futuro, entre la inteligencia y la incapacidad de actualización, entre la razón y la pasión. Es, en fin, el alumbramiento de una nueva etapa en la historia de un país que, si bien envejece debido al bajo índice de natalidad, está aún lleno de vida.
El gobierno cubano encabezado por Raúl Castro continúa manteniendo una postura defensiva en muchos aspectos y alimentando sospechas, no siempre infundadas, ante cualquier reclamo de cambios provenientes de círculos ajenos al gobierno. Pero, al mismo tiempo, Raúl Castro ha dado muestras de reaccionar y responder de modo diferente ante los problemas, sean económicos o políticos, y de ofrecer respuestas también diferentes a viejos problemas, como demuestra su impulso a determinadas reformas en el orden económico, o su decisión de poner en libertad al grupo de 53 prisioneros que quedaban en prisión de los 75 que habían sido encarcelados en el año 2003, aquellos presos que muchos dentro y fuera de Cuba, con razón o sin ella, llamaban “los presos de Fidel”.
Aquella carta escrita a mano fue el inicio de un diálogo entre la Iglesia y el gobierno que dura hasta nuestros días.3 No comenzó con una hoja de ruta definida, que de hecho aún no existe, pero ha dado algunos resultados y es posible sacar, al menos, alguna conclusión:
1. La Iglesia media entre el gobierno y las Damas de Blanco, quienes piden se trasmita al primero sus tres demandas, todas cumplidas:
a) acercar a los presos a sus lugares de residencia;
b) liberar a los más enfermos;
c) darles la opción de emigrar a otro país, aunque fueran sin compañía familiar, para poner fin a su encarcelamiento.4
2. Por primera vez, la Iglesia en Cuba logra hablar con el jefe de Estado sobre asuntos de interés social, es decir, que afectan directamente a los ciudadanos, dejando temporalmente de lado los temas religiosos. Este tipo de diálogo había sido solicitado por los obispos cubanos en múltiples ocasiones anteriores sin resultado alguno.
3. El primer fruto de ese diálogo fue el compromiso de excarcelación de 53 prisioneros que permanecían en prisión de los 75 detenidos en 2003. Todos fueron liberados, y a ellos se añadieron otros 73, muchos de los cuales no estaban en lista alguna de prisioneros.5
4. El diálogo ha permitido tratar otros temas de interés nacional. A fines de ese mismo año 2010, los obispos reunidos en sesión plenaria recibieron al entonces ministro de Economía, Marino Murillo, para debatir sobre las reformas o “actualización del modelo económico”.
5. La Iglesia, por primera vez en todo el período posterior a 1959, se convierte en interlocutor ante el gobierno cubano para tratar asuntos de interés nacional. Así, la población cubana percibe que Raúl Castro tiene también ideas propias y modos distintos para tratar con una institución considerada por mucho tiempo como hostil por no estar explícitamente comprometida con el socialismo revolucionario cubano.6
6. El diálogo ha puesto una vez más sobre la mesa el tema de las decenas de templos y otros inmuebles propiedad de la Iglesia que fueron ocupados por las autoridades desde hace cinco décadas; algunos han sido ya devueltos.
7. Este proceso de diálogo, que sirvió para acercar personas, facilitó considerablemente la preparación de la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba, en comparación con la preparación de la visita de Juan Pablo II en 1998.
8. El proceso de diálogo entre la Iglesia y las autoridades del país, ha prescindido en ocasiones del clásico canal de relaciones entre ambos: la Oficina de Asuntos Religiosos del CC del PCC. De hecho el diálogo se hizo posible cuando se pudo saltar el obstáculo que representó esa Oficina para poder tratar temas que la rebasaban, toda vez que la solución al asunto de los presos del año 2003 y los actos de repudio contra las mujeres, no podía salir de aquel lugar. El diálogo evidencia que la concepción superideologizada que ha asumido históricamente el gobierno cubano para entenderse con la Iglesia, dado el contexto actual en que la práctica de la fe ha aumentado y la religión ocupa un lugar más importante en la vida del país, debe ser también reformada, o “actualizada”, si se aplica el término preferido para hablar de reformas. La naturaleza de la Iglesia le imprime un sello muy distintivo que marca, inevitablemente, las relaciones con los gobiernos. Esas relaciones, generalmente, son delineadas según patrones políticos. De este modo, los gobiernos solo tienden a ver a la Iglesia como aliada o enemiga, y así definen su relación y elaboran su estrategia de entendimiento. En el caso cubano la Iglesia, por definición, no ha sido vista como una aliada. Esto no es algo que deba enmendar la Iglesia, ni siquiera puede hacerlo, y no por ello pierde la esencia propia, su misión pastoral en medio de una sociedad que ella no gobierna, lo cual implica mantener unas relaciones respetuosas, francas y transparentes con los gobernantes. Ello significa estar en el mundo sin ser del mundo.
Todo lo anterior es el retrato de un proceso inédito en Cuba. Proceso complejo y difícil, estimulante y contro-versial, que exige paciencia, aceptación mutua, conocimiento de la realidad nacional de un extremo a otro de la Isla y disponibilidad para continuarlo por bien de la sociedad. Exige también un compromiso con el diálogo mismo, como medio que apunta a un fin temporal superior: el bien común y la buena salud de la sociedad cubana.
El diálogo implica además, para la Iglesia, aceptar que este compromiso tiene riesgos, de fallas y de incomprensión, como pueden ser:
1. No lograr institucionalizar el diálogo, de modo que esté definido no solo por las relaciones personales que en su día lograron concretarse y han permitido despejar dudas y avanzar de modo sustancial. Es necesario que el diálogo vaya generando pasos y regulaciones bien definidos, de modo que sea extendido y conocido en todo el país. Descentralizar el diálogo, con independencia de las particularidades individuales, es el único modo de garantizar su continuidad, desarrollo y transparencia cuando los que lo iniciaron hayan dejado las responsabilidades que hoy tienen.
2. Siempre hay un riesgo en toda relación entre la Iglesia y el gobierno. En cualquier época y lugar, la relación de los responsables de la Iglesia con el poder temporal está signada por cierta desventaja, pues los sacerdotes de Cristo no han sido entrenados para las negociaciones políticas –aunque alguno tenga cierta habilidad o guste de este asunto–, ni para competir políticamente. Los dos mil años de historia eclesial estimulan y ofrecen referentes, pero no dan respuesta a realidades, culturas y personalidades muy concretas, con las que es necesario entenderse y lidiar si se persigue lograr un bien social. Por otro lado, las fuerzas políticas, estén en el poder o en la oposición, buscarán siempre un recono-cimiento de su acción política y social, y si ese reconocimiento, real o aparente, se puede atribuir a la Iglesia mejor. Para ello harán lo que sea necesario, porque está en la naturaleza de toda acción política partidista. No obstante, este riesgo es posible superarlo manteniendo siempre presente que el sujeto primero y último es el hombre mismo que en unión de otros compone la sociedad, de abajo a arriba, y de un lado a otro del espacio geográfico.
3. Hay un riesgo asociado al anterior, dado por el juicio y la acción posible de actores no implicados directamente en el proceso de diálogo, beneficiados o no, con mayor o menor poder de incidencia en el proceso, quienes inevitablemente harán lecturas políticas del diálogo, emitiendo juicios y promoviendo acciones, a los cuales no siempre se puede responder adecuadamente, pero sí conviene prestar atención.
4. Debido a la complejidad de todo el proceso, como queda dicho, existe también un riesgo de perder el equilibrio, o la posición apropiada, para entenderse no solo con el interlocutor en el diálogo que se desarrolla hoy, sino con todos aquellos sectores sociales a los cuales se desea beneficiar con el diálogo, pues ese, y no otro, es el objetivo del diálogo.
No obstante los riesgos, es mejor asumirlos y sobreponerse a ellos que renunciar al diálogo. “El bien de los pueblos ha sido siempre el objeto de la Iglesia, no solo en lo espiritual sino también en lo temporal”, afirmaba el padre Félix Varela en el siglo xix.7 En cartas dirigidas al imaginado joven Elpidio, el padre Varela nos presentaba una visión de la Iglesia comprometida con la sociedad donde vive, cuando aún no se vislumbraba el contorno de lo que conoceríamos después como Doctrina Social de la Iglesia, pero una visión a la que es posible llegar desde una fe auténtica y comprometida, que no es del mundo pero en el mundo se manifiesta. Tenía razón el padre Varela al afirmar que, “en las grandes urgencias del Estado y las calamidades públicas, la Iglesia es la primera en dar auxilio”.8
Más de cien años después, la Iglesia nos recuerda que “el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y los afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia” de la Iglesia, y no hay nada “verdaderamente humano” que no despierte el interés de una Iglesia que se siente “verdadera e íntimamente solidaria del género humano y de su historia”.9 Estas han sido las motivaciones de la Iglesia en Cuba para actuar e interceder en bien de los cubanos, algo que ha podido lograr de modo muy limitado, si bien lo ocurrido en los últimos tiempos da motivos para la esperanza.
En la condición actual, las interpretaciones y criterios sobre el diálogo, y sobre el papel de la Iglesia espe-cíficamente, varían en dependencia de la procedencia del juicio. Aún se recuerdan las expresiones de felicidad de los primeros beneficiados de este diálogo: los presos y sus familiares. Al mismo tiempo, aquello que hacía felices a estas personas provocaba insatisfacciones en otras, específicamente en muchos de aquellos que consideraban justa la sanción que habían recibido en el año 2003 estos 75 ciudadanos. No obstante, muy pronto comenzaron a aparecer también juicios negativos de algunos de esos beneficiados y de varios integrantes de lo que conocemos como “oposición cubana”, insatisfechos de un diálogo en el que no tenían lugar propio, y del que, afirmaban, la Iglesia, o algunos pastores, los habían excluido deliberadamente cumpliendo la voluntad del gobierno.
Se le reclamaba a la Iglesia llevar a esa oposición a la mesa de diálogo, después se le atacó por no hacerlo. El reclamo no es realista. En el origen del diálogo estaba una fuerte razón humanitaria, no política, aunque la tragedia tuviera motivaciones políticas y su desenlace generara consecuencias de ese tipo. Durante siete años las mujeres familiares de los presos habían marchado pacíficamente reclamando la libertad de sus seres queridos; ellas no solicitaban un reconocimiento a los reclamos políticos o la legalización de aquellos grupos, de hecho muchas de ellas ni siquiera aprobaban inicialmente esa acción política de sus esposos, padres o hijos,10 pero el rechazo a un acto que consideraban injusto las llevó a actuar del modo que lo hicieron.
Ciertamente, la Iglesia había pedido en numerosas ocasiones la liberación de estas personas, pero ahora reaccionaba denunciando el insulto y la violencia física y verbal contra las mujeres. Este fue el reclamo que el gobierno aceptó, al reconocer el derecho de ellas a reclamar la excarcelación de sus seres queridos. En ningún momento las autoridades han indicado disponibilidad a recibir las demandas de los opositores, ni de los que guardaron prisión, ni de aquellos que no han pasado por la cárcel, al menos no por ahora.
Las Damas de Blanco alcanzaron, por el contenido de su demanda y como grupo unido, un reconocimiento de las autoridades, al menos temporal, algo que el movimiento opositor cubano, por las razones que sean, no ha podido lograr. No es posible mediar cuando una de las partes no está de acuerdo en reconocer a la otra. Eso es independiente del criterio de la Iglesia, que ha reclamado en múltiples ocasiones que se reconozca el derecho de expresión y de participación de todos aquellos interesados en el destino del país, con independencia de su posición política. Pero en este sentido, ni el gobierno cubano ni varios de sus opositores dentro y fuera de Cuba, parecen estar dispuestos a “cruzar” el puente. Aún tiene validez aquel criterio de que la invitación a un diálogo nacional “constructivo y reconciliador”, “no es bien acogida, tanto por las autoridades del país como por algunos cubanos radicados fuera de la patria”.11
Por otro lado, ¿cuáles son las posibilidades reales de la Iglesia en este diálogo? ¿Con qué fuerzas se presenta a él? ¿Cuáles son los “materiales” que componen el puente que puede ser la Iglesia, y que le dan, por sus características, la fuerza y los límites de su alcance?
La Iglesia es, quizás, la comunidad humana más plural que puede existir en Cuba hoy. Desde que, a inicios de los años noventa del pasado siglo, se introdujeron cambios en la Constitución de la República y en los estatutos del Partido Comunista de Cuba para admitir a creyentes en sus filas, los cubanos que habían ocultado su fe durante mucho tiempo por temor a los rechazos sociales, comenzaron a frecuentar los templos. En las iglesias de todo el país comparten juntos la misa simpatizantes del gobierno y sus opositores, y es posible escuchar allí oraciones por el descanso eterno de Jorge Más Canosa o por la salud de Fidel Castro, por la libertad de los presos cubanos dentro de Cuba, y por la libertad de los cinco cubanos acusados y condenados por ser espías dentro de Estados Unidos.
A partir de una muestra estra-tificada aplicada a 3 411 personas,12 lo primero que resulta de interés en una encuesta conducida por la Conferencia de Obispos Cubanos a inicios del presente siglo, es que tan solo el 25% de los católicos habían estado toda su vida en la Iglesia, y el otro 75% había llegado en los anteriores quince años, es decir, un incremento iniciado a mediados de la década de los años ochenta del pasado siglo. De entre estos últimos, el 47,9% había estado alejado un tiempo de la Iglesia, algunos más de veinte años, o sea, desde los años del enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado (38,7%). Por tanto, no estamos ante una feligresía de raíces eclesiales profundas, lo cual se corresponde con la experiencia política vivida en el país y lo que ello significó para la Iglesia y la religiosidad del pueblo cubano en general. No obstante lo anterior, y quizás por lo mismo, cuando se intentó medir de algún modo la situación económica de los fieles y se preguntó cuál era su mayor necesidad, el 53% consideró que era la espiritualidad, y el 31% la formación religiosa. De modo que la necesidad de alimentar el espíritu superó a la de alimentar el estómago, excepto en las diócesis orientales, donde las necesidades materiales básicas eran mucho mayores que en el resto del país.
Al indagar sobre las fortalezas de la Iglesia, de los criterios ofertados predominaron “la fe y entrega a Jesucristo” (63,9%) y “la unidad” (54%). En cuanto a las debilidades que los fieles ven en la Iglesia, el criterio más extendido fue “la falta de agentes pastorales” (56.1%), seguido de “la falta de compromiso” (48,4%). Sobre las prioridades que debe tener la Iglesia, los católicos cubanos colocaron en primer lugar “la familia” (63%), seguida de “la espiritualidad” (53,8%), la “formación” religiosa (50,5%), y como cuarta “ganar más espacio en la sociedad” (40%). Sin embargo, al escrutar sobre las aspiraciones que tienen como católicos para con la Iglesia, predominaron las de alcance social: “más espacio en la sociedad para cumplir su misión” (67,1%); “participación en el sistema educativo” (66,3%); y “más presencia en los medios de comunicación” (61,3%).
Por último, cuando se indagó sobre la sociedad y cómo se vislumbra el futuro, resultó que predominó una visión pesimista (49,9%) sobre la optimista (42,5%). En esta mirada sobre la relación fe-sociedad, al preguntar cuál era el mayor temor de los católicos, prevaleció el temor de que la Iglesia sea presionada nuevamente (44,0%), anterior incluso a preocupaciones por la ruptura familiar (42,9%) y el futuro de los hijos (42,7%). Si recordamos que el 47,9% de los católicos había estado alejado de la Iglesia y regresado a partir de la década de los ochenta, se comprende este temor predominante. En la memoria íntima de la vida nacional ha quedado grabado el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado inmediatamente después de la Revolución de 1959, una experiencia que nadie desearía volver a vivir. Por ello, al soñar en el mañana, la mayor aspiración manifestada era ver una Cuba transformada (48%); la desaparición del período especial (11,8%), el fin del bloqueo (8,1%), o de los problemas cotidianos (6,2%). Para algunos no había más esperanza que la de la vida eterna (9,1%), o salir del país (4,3%). Mientras que solo el 1,5% esperaba todavía la realización de los ideales de la Revolución.
Estos datos pueden haber variado ligeramente. Diez años después quizás el temor mayor no sea que la Iglesia sea nuevamente perseguida, pero la composición eclesial permanece más o menos invariable. Lo anterior demuestra que no está bien inclinar la balanza a favor de unos intereses políticos en detrimento de otros. Pero tampoco es conveniente, ni para la sociedad ni para la Iglesia. No puede haber alianza entre la Iglesia y el gobierno, tampoco entre la Iglesia y quienes se oponen hoy al gobierno. Ella sabe que su mirada apunta a la trascendencia y que toda su acción en este mundo solo es válida tanto en cuanto la conduzca a aquella misma dirección, por lo que una alian za de este tipo la acercaría a unos y la alejaría de otros atándola a causas efímeras, temporales y cambiables, desvirtuando su misión de abrazar a todos y torciendo el foco del objetivo último.
La comunidad política y la Iglesia deben ser “independientes y autónomas”, lo cual no impide una sana colaboración y un diálogo responsable “al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres”.13 Es aquí donde se despliega la Iglesia como puente de acercamiento entre los distintos componentes sociales, el gobierno y sus simpatizantes por un lado, y por el otro los que a él se oponen. Pero al mismo tiempo, una Iglesia-puente no puede olvidar a ese gran número de fieles y de ciudadanos sin interés político partidista concreto, quienes aspiran solo a una vida más digna, sana y propia, sin manipulaciones ni presiones, quienes reconocen en mayor o en menor grado los derechos garantizados por la ley y aquellos otros aún no garantizados; la Iglesia no solo no tiene derecho a olvidarlos, sino que tiene el grave deber de presentarlos constantemente a aquellos que pretenden, aspiran o tienen responsabilidades políticas y la capacidad de afectar el destino de todos.
Para la Iglesia, el mejor y único modo de ser puente es teniendo como fin la dignidad de todos los ciudadanos, poniendo al hombre y la mujer cubanos en la cima de sus aspiraciones de servicio, mediante un compromiso exclusivo con la justicia, el medio más eficaz para alcanzar la paz. Ciertamente la paz es obra de justicia, tal como revelaba Dios por medio de Isaías desde tiempos ya remotos,14 y la paz no es necesario construirla entre los amigos, sino precisamente entre los enemigos. De modo que no solo la Iglesia debe partir de la consideración de esta realidad de divergencias y enemistad entre contrarios a los que debe servir, sino que debe también proponer la aceptación de esta realidad y urgencia a aquellos que buscan su servicio. En Cuba, evocando a José Martí, con cierta frecuencia algunos funcionarios del gobierno declaran que el propósito es “conquistar toda la justicia”. José Martí, en efecto, al invitar a la acción armada por la independencia contra España afirmaba la voluntad de conquistar toda la justicia.15 Sabemos que esto no es posible, pero un propósito positivo, aun cuando no se logre en su totalidad, conduce nuestros pasos hacia esa perfección y sentido del bien que está en la esencia de la condición humana. Quienes deseen cruzar el puente deben reconocer por tanto que en su camino encontrarán enemigos o, mejor aún, personas que piensan, sienten y sueñan de modo distinto al suyo, pero que ese cruce compartido, ese peregrinar que nos interrelaciona es lo que necesita el país y es lo que nos hace crecer como personas.
Pero la justicia genera la paz porque ella es, en esencia, aquella virtud que da a cada uno lo suyo, convirtiéndose así en fuente de derechos para todos los seres humanos. La paz no es solamente ausencia de guerra, pues en realidad esa paz peligra, o no existe, cuando al ciudadano no se le reconoce su dignidad en las distintas dimensiones y aspiraciones de su persona. Para alcanzar la paz y el progreso de la sociedad y de quienes la integran, “resulta esencial la defensa y la promoción de los derechos humanos”.16
Ser puente, por tanto, es promover también el respeto de los derechos humanos, “una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad”.17 Llevadas y traídas por unos y por otros, como estandarte tanto para atacar como para reivindicar posiciones, estas afirmaciones escritas que conocemos como Declaración Universal de los Derechos Humanos, plasmadas, difundidas y asumidas a partir, precisamente, de la destrucción y el aplastamiento de la dignidad humana, nos recuerdan que sin ese reconocimiento en cada uno de los ciudadanos, el Estado es una quimera, o cuando más, una comunidad excluyente y enferma. La Iglesia afirma, y propone a todos, que estos derechos son: “Universales, porque están presentes en todos los seres humanos, sin excepción alguna de lugar, de tiempo y de sujeto. Inviolables, en cuanto inherentes a la persona humana y su dignidad y porque sería vano proclamar los derechos, si al mismo tiempo no se realizase todo esfuerzo para que sea debidamente asegurado su respeto por parte de todos, en todas partes, con referencia a quien sea. Inalienables, porque nadie puede privar legítimamente de estos derechos a uno solo de sus semejantes, sea quien sea, porque sería ir contra su propia naturaleza”.18
Pero al mismo tiempo, la Iglesia recuerda que los derechos humanos van acompañados de complementarios deberes humanos. Es deber de cada hombre respetar los derechos de los demás para hacer valer los propios, sea gobernante o simple ciudadano, opositor o simpatizante del gobierno. Hay en nuestra sociedad, específicamente en este ya largo conflicto entre el gobierno y sus opositores, verdades como templos y realidades virtuales, estereotipos dañinos que solo han servido para atizar el odio y el encono, demorando el diálogo y denegando así la dignidad de otros y también la propia. Para no pocas personas, el conflicto se simplifica de modo irreal: de un lado el gobierno y del otro los opositores; los primeros son los victimarios y los segundos las víctimas; los primeros siempre mienten y los segundos siempre dicen la verdad; los primeros son siempre malos y los segundos son siempre buenos. Tal simplicidad puede ser intercambiable, según del lado que se esté, pero en definitiva los protagonistas más activos pareciera que no pueden sustraerse a la clasificación de “nosotros” y “ellos” y, por deducción, quien no esté con “nosotros” está lógicamente con “ellos”.
Esta simplificación maniquea, por ser irreal, constituye un obstáculo para el diálogo y pone trabas en uno y otro extremo del puente que se debe cruzar. Quien exija deberes no puede olvidar los propios para con los derechos de otros, y quien demanda derechos no puede ignorar su deber de reconocer los derechos de otros. Pero la Iglesia no puede dejarse arrastrar por los aplausos o los insultos, pues debe estar dispuesta a encontrarse con unos y otros, recordando, de modo proporcional, los derechos y deberes de cada uno que unidos conformarían los derechos y deberes de “nosotros”. Tampoco debe esperar la Iglesia que quiere ser puente, salir ilesa en esta misión: las huellas de los que transitan mancharán el puente con el barro de sus suelas; unos depositarán una flor y otros escupirán sobre el puente su dolor o frustración; se escucharán tanto el agradecimiento como la palabra hiriente, es decir, toda la naturaleza humana –todo “el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y los afligidos”, como afirmaba Gaudium et spes–, tiene que pasar por el puente. El puente es para ser usado, esa es su función, y en ese dejarse usar está precisamente su mérito. Así será para la Iglesia, si acepta ser el puente que acerque a unos y otros para que se transformen en “nosotros”.
Pero así como tiene el deber de trabajar por la justicia, impulsar la búsqueda del bien común, aunar voluntades y escuchar a todos, tiene también el derecho, que por no ser de aquellos conocidos como “humanos” se convierte entonces en obligación moral, de decir a toda la sociedad una palabra de compromiso que aliente y promueva la búsqueda del bien común, palabra que no condiciona su relación con todos, que deberá estar siempre sustentada por la confianza en la capacidad para el bien que hay en todo hombre; en la esperanza de que es posible lograr una vida mejor para cada persona y una sociedad mejor para todos; y en el amor que es paciente y servicial, que no es orgulloso ni actúa con bajeza, que no busca su interés ni se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona, nunca se alegra de la injusticia, y siempre se alegra de la verdad, porque todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.19
En el contexto actual de crisis y reforma, apoyo, desinterés y oposición, corrupción y descontento, considero que es importante por parte de las autoridades del país:
1. Un empeño mayor por garantizar los derechos de los ciudadanos, y trabajar por conquistar “toda” la justicia dando a cada uno lo que corresponde, también el lugar que le está reservado por derecho en la sociedad.
2. Poner fin, y desestimular todo acto de violencia que enfrenta a ciudadanos entre sí por razones políticas o de otro tipo. La “violencia revolucionaria” no puede ser ya la respuesta a reclamos de una porción descontenta de la sociedad, por muy minoritaria que sea.
3. Continuar de modo aún más decidido las reformas, cada vez con más transparencia y haciendo partícipes a los ciudadanos de las metas concebidas. La muy mencionada fórmula que marca el ritmo de las reformas, “sin pausas pero sin prisas”, quizás pueda ser transformada en otra que permita ir “con prisas pero con pausas”. El tiempo juega aquí un papel de primer orden, pues se trata del tiempo de las personas, tanto de los ciudadanos comunes como de aquellos que gobiernan. No hay en este mundo más que una oportunidad de vivir.
4. Prestar mayor atención a las minorías, sean políticas, culturales o religiosas, no ignorarlas y garantizarles sus derechos.
5. Democratizar la sociedad debe acompañar un proceso serio de reformas. Un sistema democrático fuerte permite a los ciudadanos mayor participación en la vida pública, lo cual los abre a nuevas perspectivas para obrar el bien y, por otro lado, la sucesión de titulares en el gobierno impide su desgaste y favorece su renovación, lo cual se corresponde con la evolución de la misma sociedad.20
Es importante que quienes disientan, de forma organizada o individual:
1. Asuman en toda su magnitud y alcance la acción pacífica, que implica también abandonar la violencia verbal, la descalificación y el desprecio.
2. Actúen siempre con transparencia y absoluta independencia, por el bien del país y de los proyectos que deseen avanzar.
3. Puedan acompañar la crítica de los males sociales con propuestas alternativas viables, y valorar lo positivo que existe en la sociedad cubana.
4. Renueven constantemente la paciencia y la perseverancia honestas en la búsqueda de modelos y proyectos cada vez más inclusivos y adaptados a nuestra realidad en transformación.
5. Consideren que un número no despreciable de cubanos continúa, y continuará, dando su apoyo al gobierno actual, aunque demande cambios socioeconómicos que mejoren su calidad de vida.
Cuba no necesita otra revolución, en todo caso necesitaría la revolución de la revolución. En los próximos meses, más y más ciudadanos perderán sus trabajos actuales, lo cual se estima necesario para las reformas. No solo dejarán de depender económicamente del Estado –tanto salarialmente como por el robo y el tráfico de influencias que compensan lo que el salario no garantiza–, también se quebrarán muchos lazos que los unen a las estructuras estatales. Si ellos no encontraran fuertes incentivos morales y materiales en la realidad competitiva que se les impone en el mercado laboral no estatal, el descontento e insatisfacciones actuales, aún localizables y controlables, se multiplicarían considerablemente, también crecería, en proporción, el número de los que disienten o de los que deseen emigrar. Es necesario impulsar las reformas.
Hay quien afirma que el “ciclo revolucionario” en Cuba se inició con el padre Félix Varela –el primero que habló de revolución– y concluyó con Fidel Castro –quien puso en práctica la revolución en toda su extensión, y más allá–. Pero vale la pena detenernos en el llamado revolucionario del padre Varela, dirigido no precisamente a los habitantes de la Isla, sino al corazón endurecido de la misma corona española que le condenó a muerte, y de la que esperaba, aún, las reformas necesarias para la colonia. “La revolución –escribió el padre Varela–, que equivale a la ruina del país; la revolución, cuyos horrores apenas puede contemplar sin estremecerse toda alma sensible! […] Deseando que se anticipe la revolución, solo intento contribuir a evitar sus males. Si se deja al tiempo será formada […] por el terrible imperio de las circunstancias […]”.21
La Iglesia, por su parte, no solo podría asumir esa función de puente que convoca y acerca a los ciudadanos entre sí, puente que igualmente le permite mantenerse conectada con la sociedad. Ella transita así mismo por la sociedad, por medio de sus fieles y con sus enseñanzas. La Iglesia debe acompañar decididamente esa búsqueda paciente, constructiva y sin traumas de “nuevos modelos”, y elevar su voz para que en esa búsqueda nadie quede excluido por limitaciones a la libertad.22 Es importante que la Iglesia colabore también en la promoción y edificación de otros puentes. Cuba necesita de muchos puentes que enlacen a los ciudadanos entre sí para poder fortalecer todo el entramado social. Debe llegar un día en que se recurra cada vez menos a la Iglesia para que actúe como mediadora, puente o facilitadora, pues eso indicaría que la sociedad cubana habría alcanzado un nivel superior de convivencia social, en el que los ciudadanos pueden interactuar entre sí mediante estructuras o puentes edificados y protegidos por ellos mismos y al servicio de ellos mismos. Cuba sería como un único puente abierto a todos de un extremo a otro de la Isla.
Notas
1 El domingo18 de abril de 2010, tras concluir la misa en el templo de Santa Rita a donde solían acudir desde que sus familiares fueran encarcelados, las Damas de Blanco se dispusieron a iniciar su tradicional marcha dominical, una protesta silenciosa por la libertad de sus familiares caminando la 5ta. Avenida de Miramar. Una turba previamente movilizada en lo que se conoce como “acto de repudio”, las esperó en las afueras del templo, las rodeó, insultó e imposibilitó marchar. El lunes 19 de abril el cardenal Jaime Ortega remitió a la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central de Partido Comunista de Cuba, referencia y contacto para cualquier trámite o gestión eclesial, una carta protestando semejante acto, nunca tuvo respuesta. El domingo siguiente, 25 de abril se repitió la situación, pero el acto de repudio se prolongó por siete horas frente al templo de Santa Rita. Una vez más, el lunes 26, el cardenal Ortega envió una carta a la misma Oficina de Asuntos Religiosos, una vez más el silencio por respuesta. El martes 27 de abril el cardenal Ortega decide buscar otros canales y hace llegar al presidente Raúl Castro una carta escrita a mano donde vuelve a denunciar lo ocurrido en Santa Rita, pide el fin de esos actos, llama la atención sobre el clima de tensión que vive el país y le reitera el antiguo interés de la Iglesia por dialogar con las autoridades sobres estas y otras dificultades prolongadas en el tiempo. El jueves 29 de abril el presidente Raúl Castro responde verbalmente anunciando el fin de los actos de repudio contra el grupo de mujeres, y solicita al cardenal Ortega que comunique esto a las interesadas y medie ante ellas para recoger y trasmitir sus reclamos.
2 Entre las primeras medidas adoptadas por Raúl Castro estuvo la de poner fin a la Batalla de Ideas, un plan iniciado por Fidel Castro, supuestamente para responder con las ideas revolucionarias a las ideas que querían imponer los “enemigos de la revolución”. El experimento político, encabezado por el exmiembro del Buró Político Otto Rivero tuvo rango de superministerio que solo respondía a Fidel Castro, pero terminó siendo un inmenso aparato nacional generador de corrupción política y económica, que generó pérdidas por varios millones de dólares, según algunos informados.
3 El 19 de mayo de 2010, el cardenal Jaime Ortega y monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC), fueron recibidos por Raúl Castro en la sede del Consejo de Estado; estuvo presente, por esa única vez, la señora Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El presidente Raúl Castro ha encontrado al cardenal Ortega y a monseñor Ibáñez en otras ocasiones, juntos y por separado, tanto en La Habana como en Santiago de Cuba.
4 Este punto ha sido uno de los más comentados y distorsionados, pues algunas personas insisten en que el gobierno dispuso la deportación forzosa de estas personas, con el beneplácito de la Iglesia. A la reunión del 1ro. de mayo de 2010 en el Arzobispado de La Habana acudieron Laura Pollán, Berta Soler, Alejandrina García de la Riva, Laura Labrada Pollán y Loyda Valdés; el cardenal Ortega estuvo acompañado por el canciller de la Arquidiócesis, monseñor Ramón Suárez Polcari. Cuando presentaron las demandas, específicamente la referida a la solución migratoria, el cardenal Ortega les preguntó tres veces si hablaban en nombre de sus familiares o en nombre de todos, las tres veces respondieron que hablaban por todos. No obstante, doce prisioneros del grupo, incluidos familiares de tres de ellas, rechazaron la propuesta de emigrar. Es posible que el gobierno cubano se sintiera mejor con la emigración de los presos, y ciertamente el traslado directo de la prisión al avión no fue el modo mejor, pero todos los que viajaron a España lo hicieron por decisión propia, o por acuerdo familiar. Todos firmaron un documento presentado por diplomáticos españoles en La Habana donde afirmaban que viajaban por voluntad propia.
5 El 1ro. de junio se anuncian los primeros traslados de presos; el 12 de junio se anuncian nuevos traslados y la excarcelación de Ariel Sigler Amaya, el más enfermo de todos (semanas después viajó a Estados Unidos con su familia); el 7 de julio, estando en La Habana el canciller español Miguel A. Moratinos, la Iglesia anuncia que el gobierno liberará a los 52 presos restantes, y España revela su disposición de recibir a los que deseen emigrar; 40 de ellos viajan a España con su familia. Los 12 que se negaron a viajar fueron también liberados, uno de ellos se trasladó después a Estados Unidos. Entre julio de 2010 y marzo de 2011, el gobierno cubano excarceló un total de 126 prisioneros sancionados por motivos políticos, de los cuales 114 viajaron a España acompañados de sus familiares.
6 Al informar sobre el proceso de excarcelación durante el Sexto Congreso del PCC, Raúl Castro expresó que el proceso se efectuó “en el marco de un diálogo de respeto mutuo, lealtad y transparencia con la alta jerarquía de la Iglesia católica, que contribuyó con su labor humanitaria a que esta acción concluyera en armonía y cuyos laureles, en todo caso, corresponden a esa institución religiosa”. “Informe Central al Sexto Congreso del PCC”, publicado en Bohemia, 6 de mayo de 2011, año 103, no. 9, p. 20.
7 P. Félix Varela: Cartas a Elpidio, sobre la impiedad, la superstición y el fanatismo en sus relaciones con la sociedad, edición facsimilar, tomo primero, Impiedad, p. 175, Editorial Cubana, Miami, 1996.
8 Ibídem, p. 176.
9 Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, no. 1, Concilio Ecuménico Vaticano II, edición oficial patrocinada por la Conferencia Episcopal española, tercera edición, Biblioteca de Autores Cristianos, MXMXCIX.
10 En numerosos encuentros y entrevistas que he sostenido con miembros del grupo de las Damas de Blanco, he escuchado más de una vez esta afirmación.
11 Los Obispos Católicos de Cuba: Instrucción teológico-pastoral La presencia social de la Iglesia, publicada en La Habana el 8 de septiembre de 2003.
12 Todos los datos son tomados del Informe Provisional “Iglesia en Cuba”, elaborado por la COCC en octubre de 2002.
13 Gaudiun et spes, no. 76.
14 Is. 32, 17.
15 José Martí, en carta a Juan Gualberto Gómez, fechada en New York el 29 de enero de 1895, Obras completas, edición digital de la segunda edición realizada por la Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 45.
16 Cf. Pablo VI: “Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz”, 1969, no. 12, citado en Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, no. 494, p. 251, Biblioteca de Autores Cristianos, editorial Planeta, Madrid, MMV.
17 Juan Pablo II: “Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas” (2-10-1979), en Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, no. 152, p. 76, ed. cit.
18 Ibídem, no. 153, p. 76.
19 Cf. Co. 13, 4-7
20 Cf. Juan XXIII: Pacem in terris, no. 25.
21 Padre Félix Varela: “Tranquilidad en la Isla de Cuba”, El Habanero, t. 1, no. 2, Filadelfia, 1824.
22 Benedicto XVI: “Discurso de despedida”, Aeropuerto Internacional José Martí, La Habana, 28 de marzo de 2012. Veáse Palabra Nueva, año XXI, no. 217, La Habana, abril de 2012.
