Cierta indignación, desconcierto, inestabilidad y división vivimos hoy en Cuba. Los acontecimientos recientes, las respuestas gubernamentales a ellos, y los posicionamientos políticos convocan a la reflexión crítica.
Los medios oficiales persisten en presentar una Cuba virtual y saturar con propaganda política, criminalizar y/o neutralizar a los que disienten e infundir miedo con reiteraciones tóxicas. Condenan lo condenable, mas también se busca amordazar, que renunciemos a la crítica, so pena de ser calificados de «mercenarios». Pero se trata de Cuba y hay mucho en juego.
El modelo socialista implementado por la Revolución se quebró hace años. Desde entonces padecemos una crisis estructural permanente. Ahogamiento de la iniciativa creadora, cansancio y pérdida de un referente de futuro son algunas consecuencias. Hoy el consenso y la sociedad se han fracturado.
El manejo oficial de la crisis actual está dando resultados favorables al gobierno, pero son solo aparentes y de corto plazo. Las medidas no van a la raíz y reproducen estilos fallidos y obsoletos. Las contradicciones se agudizarán, también porque se confronta incluso a quienes disienten desde posiciones revolucionarias.
Algunas reacciones a los sucesos recientes
San Isidro fue un detonante. Adversar sus presupuestos ideológicos, compromisos y comportamientos, no implica aceptar violación de derechos inalienables ni respaldar cualquier decisión gubernamental. Cerco, represión, apagón digital, criminalización de los participantes a través de campañas mediáticas, violación del debido proceso, etc., fueron manejos oficiales erráticos. Era lógico que generaran una cadena de reacciones.
Las posturas críticas posteriores se arrimaron al ya satanizado MSI. Se criminalizó la espontánea movilización del 27 de noviembre frente al MINCULT y se arrinconó la crisis como si fueran solo quejas de algunos artistas e intelectuales.
Sin embargo, ese día abría una esperanza para muchos. Porque los problemas de fondo son de toda la sociedad: crisis económicas recurrentes y reformas enlentecidas; problemática regional y de las migraciones internas; violaciones al Estado de derecho, emigración, reticencia a reformas políticas, falta de libertades civiles, etc.
Fracasó lo que debió ser un proceso negociador desde antes del diálogo, que podía empezar con el 27N y ampliarse luego. Lo que siguió a esa noche fue de acción/reacción y cazar el primer desliz para cancelar el diálogo o enrumbarlo hacia la modalidad cómoda y acostumbrada: desde arriba y selectivo. Funciona: calma las aguas y divide a los reclamantes.
Algunos cubanos en el exterior y seguidores financiados en Cuba apelan a la violencia, en consonancia con el gobierno de los EEUU. Es condenable, pero es una minoría que lamentablemente tiene más visibilidad en ambas orillas. Acá se usa para presentar al ciudadano un cuadro cerrado donde sólo vean dos caminos: su gobierno o los opositores virulentos aliados del imperialismo.
Los extremos se topan. El oficial de Cuba también estimula y ejecuta o protege la violencia. Se evidencia en discursos de mítines, debates en redes sociales, orientaciones de activar brigadas de respuesta rápida, post y comentarios en medios institucionales y oficiales como Granma y Cubadebate. Si no es política oficial, sus administradores pueden no publicar, exigir moderación o incluir otros mensajes con un enfoque diferente. ¿Por qué no se hace?
Insisto en dos ideas que expuse hace tiempo en el artículo «La violencia traerá el caos»: 1) «Se puede llegar a buen puerto cuando las contradicciones en el escenario político e ideológico se dirimen a través del debate, las leyes y las expresiones cívicas. Pero llegar al extremo de la represión y la violencia, institucionalizada o no, como está ocurriendo en Cuba, conduce al caos y se aleja de los mejores valores de la Revolución»; y 2) «Los Estados que no controlan el uso de la violencia no son Estados funcionales. Estado y Gobierno deben ser negociadores, capaces de solucionar en forma flexible y siempre activa los problemas fundamentales de la sociedad, integrar en redes negociadoras a todos los grupos sociales, intereses y situaciones problemáticas».
La mayoría de los cubanos que disiente dentro y fuera de Cuba, e incluso muchos que no participan, pero piensan –y como diría Miles Davis, «el silencio es el ruido más fuerte»– están por el diálogo amplio e inclusivo entre gobierno y sociedad civil. ¿Por qué eso no se dice? ¿Por qué no se le da visibilidad?
En lugar de eso, la violencia en diversas modalidades se ha incrementado por parte de quienes tienen la mayor responsabilidad de impedirla. El despliegue de fuerzas militares en la ciudad impresiona, duele, no es la Revolución.
El monopolio de la violencia corresponde al Estado para enfrentar actos de ese carácter y mantener el orden. No es una función que se delega; sin embargo, se mantienen los actos de repudio bajo su estímulo y respaldo. Es una práctica abusiva y nefasta para la sociedad, que deja heridas muy difíciles de sanar.
Urge hacer valer el Estado de derecho. Las libertades de pensamiento, expresión, asociación, circulación, el debido proceso judicial y otras, son derechos inalienables y universales respaldados por la Constitución. No pueden ser válidos para unos y otros no. No pueden desconocerse las leyes a conveniencia.
¿Por qué en vez de linchamientos mediáticos, represión y estímulo a la violencia contra los que disienten, diciendo que son pagados por el gobierno de los EEUU, no se aplica la ley que como en muchos países condena la asociación con otros estados para socavar el orden establecido y la paz? En sus artículos 114 y 119, el Código Penal vigente contempla sanciones para los delitos de «incitación a una guerra de agresión» y «mercenarismo».
¿Por qué se difunde tanto el ultraje a la bandera por un ciudadano y no se aplica la Ley de Símbolos Nacionales?
¿No hay leyes que sancionen a las autoridades que cercan a ciudadanos en sus viviendas, incautan celulares y detienen arbitrariamente a personas que tienen derechos protegidos por la Constitución?
Los ciudadanos que por ejercer su derecho a la crítica son acusados en medios oficiales de mercenarios, elitistas, nuevos contrarrevolucionarios y auspiciadores de golpes blandos, entre otras ofensas, deberían poder demandar con éxito a quienes los han ultrajado y exigir el respeto al Estado socialista de derecho. Circula en estos días un «Escrito de Queja y Petición», dirigido a varias instancias del Estado y el Gobierno. Veremos qué pasa.
Efectos de la manipulación del lenguaje en la crisis actual
La propaganda manipuladora hace mucho daño al socialismo, la civilidad y el proceso de cambios que necesita Cuba. Sus ideólogos asumen que la Revolución es el gobierno con sus seguidores incondicionales y que todo el que disiente es contrarrevolucionario.
Eso explica la arremetida contra algunos intelectuales. Se desea y espera que apoyen al gobierno o callen. Es temor a la capacidad de esclarecer, desmontar esquemas mentales con argumentos y estimular la independencia de juicio. No es nuevo, ha sido un duro fardo que muchos han tenido que cargar.
Se ha creado tal confusión que las palabras se usan en consignas y discursos trastocando sus reales significados. Habrá que empezar por interrogar qué es para nuestro interlocutor «Revolución» y «revolucionario».
Hace un tiempo escribí que en la tradición cubana «la Revolución» se asume también como proyecto, una visión futurista «comprometida con la democracia, que presupone cambios para alcanzar metas que conduzcan sistemáticamente al mejoramiento humano».
En consecuencia, supone la existencia de contradicciones a través de las cuales se procuran tales propósitos. Pero es imprescindible una práctica sistemática de gobierno democrático que gestione esos procesos a través del diálogo con sus ciudadanos. Sólo así el proyecto se supera y el consenso se retroalimenta y actualiza. La Revolución no es patrimonio de gobierno o sector social alguno. Es parte del imaginario social cubano con todos sus matices.
El abuso del término y su contrario, «contrarrevolución», pasa por intereses y complejidades del poder. No es novedad que el gobierno se presente como representante de la Revolución y que muchos lo acepten así. Tampoco que dentro de la contrarrevolución incluyan a quienes disienten desde la propia izquierda.
Ocurrió en otras revoluciones y en países con diversos modelos socialistas. Para la nación cubana esto tiene enormes riesgos. La crisis sólo se resuelve dialogando con todos los sectores sociales interesados en ello.
Hay mucha energía revolucionaria que aprovechar
No es un proceso fácil, pero es imprescindible y posible. Hay mucha energía verdaderamente «revolucionaria» disponible. El revolucionario es de convicciones firmes, no es un fanático. Es independiente en su pensamiento, sentimientos y decisiones. Tiene «capacidad para trascender los límites de la propia sociedad, (…) capacidad de criticar la sociedad en la que vive (…)».
Lo distingue el «espíritu crítico», que implica «dudar de las opiniones de los dueños del poder y los medios de comunicación que le pertenecen, mantener firmemente sus convicciones aun cuando circunstancialmente se encuentre en minoría»; dudar incluso del sentido común, porque este a veces se ha conseguido a fuerza de repetición de las ideas que se quieren imponer. En consecuencia, como ha dicho Erich Fromm, «el poder no puede ser venerado, debe someterse a escrutinio y desconfiando siempre de sus resoluciones».
De modo que lo revolucionario hoy supone una postura crítica respecto a los asuntos del país, la defensa de la soberanía nacional, la disposición y puja por el diálogo y la negociación en base al respeto y el reconocimiento de las opciones e intereses de los ciudadanos.
No hay golpe blando ni revolución de color alguna que tenga éxito si el escenario interno no es fértil para eso. Como diría G.K. Chesterton: «Las cosas muertas pueden ser arrastradas por la corriente, sólo algo vivo puede ir a contracorriente». Los derroteros de lo que está ocurriendo en Cuba los decidimos nosotros: gobierno y sociedad civil.
Quizás nunca la sociedad cubana estuvo tan dividida, ni la crisis fue tan profunda, ni faltó tanta inteligencia para manejar los disensos. Y ahora se suma un nuevo factor de tensión social con la llamada «Tarea Ordenamiento».
Varios economistas se han referido a su complejidad y desafíos en lo económico. Semejante viraje también tendrá efectos en la dinámica resistencia/represión y sus contenidos de violencia estructural y simbólica.
El reciente discurso del Presidente de la República en la clausura del VI Período Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura, constituye un excelente balance de las dificultades que ha confrontando el país, los avances en el proceso de cambios, la proyección actual en función de la recuperación de la crisis y el desarrollo, así como los desafíos que tenemos por delante. También ofrece una contundente crítica al formalismo, el acomodamiento, la burocracia y el «inmovilismo enquistado en algunas instituciones».
Sin embargo, sobre el espectro crítico y de contradicciones existentes en el país, sostiene la postura y enfoque oficial descritos en este texto, omite las desacertadas respuestas y elogia a los medios de comunicación oficiales. No todos, Presidente, somos «líderes de laboratorio» ni «lobos que se disfrazan de ovejas». No todos fomentamos actitudes violentas ni mercenarias, no todos somos parte de ese «enjambre anexionista».
AUTOR
Ivette García González, *Ivette García González, La Habana, 1965. Doctora en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana (2006), Profesora Titular por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) “Raúl Roa García” e Investigadora Titular del Instituto de Historia de Cuba. Actualmente docente e investigadora de la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz de la Universidad de La Habana. Autora de varios libros. Fungió como diplomática en la Embajada de Cuba en Lisboa (2007-2011). Preside la Sección de Literatura Histórica y Social de la Asociación de Escritores de la UNEAC y es miembro de la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU), de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC), la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y Caribeños (ADHILAC) y la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP).
Para contactar a la autora: [email protected] – [email protected]
